Colectivos LGBT exigen justicia ante archivamiento del caso de asesinato de mujer trans

Gina nació en la ciudad de Pucallpa, en Ucayali, pero migró a la capital para buscar un mejor futuro para ella y su familia. La noche del 20 de septiembre, llegó a su habitación que alquilaba en el hotel “El Aeropuerto” en la provincia de Callao, en Lima. Hasta allí llegó un sujeto, quien la agredió y apuñaló. Gina fue encontrada por el recepcionista del hotel y llevada al Hospital San José, donde identificaron que la agresión le comprometió sus órganos vitales. La joven luchó por su vida toda la madrugada, pero su cuerpo no resistió y falleció en horas de la mañana.

El caso fue procesado por el Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Penal del Callao. A poco más de un año de haberse presentado la denuncia, diversos colectivos LGTB reclamaron el archivamiento de la investigación. De acuerdo al Archivo de la Memoria Marica del Perú, el caso estaba a cargo del Fiscal Provincial Jimmy Alexander Mancilla Castañeda “desconociéndose a la fecha a su victimario y no lográndose justicia para nuestra compañera”, indica el comunicado del colectivo. “Aunque para el Estado la vida de las personas trans no importen; para su familia, sus amistades y la comunidad, la memoria de Gina Rodríguez Sinuiri prevalecerá en cada unx nosotrxs”, agregó.

El 22 de septiembre de 2022, un grupo de activistas protestaron en contra de esta decisión fiscal en las afueras de la sede de la Fiscalía del Callao. Una de las organizaciones que promocionó esta convocatoria fue el Movimiento LGTBI del Callao, quien convocó a todos los miembros del colectivo para manifestar su rechazo ante esta medida.

“Pese a la denuncia de la familia de Gina que estuvo pendiente de todos los procedimientos legales, la policía nunca buscó al cobarde asesino ya identificado. La fiscalía no investigó y archivó el caso recientemente. Por todo ello exigimos la reapertura de la investigación y justicia para el transfeminicidio de Gina Rodríguez”, escribieron.

En Perú son muchos los colectivos LGBT que se han pronunciado en contra del archivamiento de la investigación de Gina Rodríguez. Infobae se comunicó con la organización Féminas Perú, un grupo de personas LGBT que promueven, garantizan y defienden de las mujeres trans. En lo que concierne al caso de Gina, la coordinadora de Féminas, Isabella Fernández, afirmó que los crímenes de odio en contra de los miembros de la comunidad son recurrentes y muchos de ellos no alcanzan justicia.

De acuerdo a la activista, esta situación retrata el estado de vulnerabilidad en el cual se encuentran las personas LGBT en el país, ya que los crímenes de odio de los cuales son víctimas suelen quedar impune o no reciben la importancia que requieren. Fernández detalló que muchas de las personas trans asesinadas están lejos de sus familiares porque son migrantes.

La vocera de Féminas Perú aseguró que el riesgo para las mujeres trans en Lima ha incrementado, pues quienes se desarrollan como trabajadoras sexuales son víctimas de extorsionadores que les exigen dinero a cambio de dejarlas trabajar en la calle. Isabella indicó que la falta de intervención de las autoridades ante esta situación también evidencia la condición de vulnerabilidad de las personas trans.

“Estamos en completo estado de desprotección de parte del Estado. Al final, este estado de desprotección hacia nosotros es tan evidente que las personas que se acercan a nosotras lo hacen sabiendo que cualquier delito que puedan cometer contra nosotros va a quedar impunes. Esa es nuestra realidad”, aseveró.

El riesgo que corren los miembros de la comunidad LGBT en Perú es alto. De acuerdo a un informe del Ministerio Público de Perú, 88 personas LGBT fueron víctimas de delitos dolosos durante los años 2012 y 2021. Los miembros más afectados fueron los hombres homosexuales y mujeres trans, quienes concentran la mayor tasa de muertes por orientación sexual con 55,8% y 36,4% respectivamente.

Asimismo, el 72,8% de las muertes se produjeron cuando las víctimas tenían entre 25 y 54 años. La ocupación que tenían también es un factor importante. La investigación reveló que el 36,4% de las personas LGBT asesinadas trabajaban como estilistas. La cifra más alta en comparación a otras ocupaciones.

Con respecto a los imputados, estos solían ser sus parejas o parte de su entorno familiar. Uno de los datos que más llamó la atención de este informe es que el 4,2% de los acusados de estos crímenes eran personas pertenecientes a la Policía Nacional de Perú o Fuerzas Armadas.

Pese a esta situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran los miembros de la comunidad LGBT, las autoridades no le brindan la importancia suficiente a las denuncias y procesos que llegan hasta las cortes de justicia. Además, en Perú no existen normativas que sancionen los crímenes de odio en contra de estas personas.

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