La Fiscalía General de Durango capacitará a su personal con el fin de tener una atención adecuada hacia la comunidad LGBT+.
Tadeo Campagne, activista de Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, se reunió con la Fiscal General Sonia de la Garza, en la cual solicitó que se capacitara a personal.
“Solicitamos a representante de la @ProcuraduriaRD capacitación del protocolo de actuación donde se involucre la orientación sexual y la identidad de género para personas #LGBT+ agradezco a la @DgoFiscalia la pronta respuesta y aceptar de nuestra fiscal @SoniaYadiraGF”, escribió el activista en su cuenta”.
Esto con el fin de brindar un entrenamiento de forma presencial para que tenga mayor alcance y mejor entendimiento, además de preparar a personas: desde la recepción hasta los agentes del Ministerio Público.
A su vez, el activista señaló que se deberá que agregar un capítulo Laguna para la atención de las necesidades de la región desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio.
“El problema es que la gran mayoría no acceden o no buscan denuncia, o cuando lo hacen se topan situaciones que no son nada agradables para una persona que acaba de pasar por una situación delicada como eso; por eso el deseo es visibilizar”, comentó.
Asimismo, el Observatorio será quienes capaciten en coordinación con la Fiscalía General de la República, el cual Campagne agradeció mucho la disposición que tuvieron para generar acciones “como esta en las áreas de procuración de justicia, suma y genera mayor confianza en instituciones”.
¿Qué dice el protocolo?
Este documento se aprobó, para su uso, en el pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, instancia de coordinación nacional, el 5 de diciembre de 2017.
Siendo este el resultado del trabajo “coordinado entre diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno de los ámbitos federal y estatal”, En el se reconocen los derechos inherentes de quienes asistan a las instancias de procuración de justicia de México.
Esto se realiza evitando cualquier acto de discriminación a fin de garantizar una justicia incluyente.
Este protocolo es una guía de actuación que tiene un enfoque especializado para la atención a la comunidad LGBT+ por parte de las personas que trabajen en cualquier dependencia pública, de las instancias de procuración de justicia del país.
Este trabajo se realiza en conjunto de la Procuraduría General de la República, las Procuradurías y/o Fiscalías de las entidades federativas con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como la colaboración de instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“Una de las herramientas más poderosas con que cuentan las y los juzgadores para analizar casos de discriminación es la de identificar los estereotipos que se tienen sobre diversos grupos de personas…”, tiene escrito en su protocolo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con la información del protocolo dice que deberán eliminar las ideas que tengan sobre algún individuo, “Esto es, identificar y desechar las preconcepciones que se tiene de las personas, por virtud de su identidad o expresión de género o de su orientación sexual”.
Así los servidores públicos deberán eliminar prejuicios, estereotipos y estigmas que se plasman en el desarrollo de la investigación, al igual que la falta de capacitación y la omisión del trato.
“Los componentes de la discriminación se encuentran presentes en la cultura, lo cual precisa de una transformación profunda que emane de la toma de conciencia de la población en general, sobre los efectos nocivos a nivel individuo y sociedad”, se lee en el protocolo.
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