El matrimonio igualitario es uno de los derechos que la comunidad LGBT exige al Estado peruano que sea reconocido. El acto no solo formaliza ante la ley el proyecto de vida que dos personas comparten, sino que garantiza el goce de los derechos correspondientes a los cónyuges. Pese a ello, las autoridades del Perú han decidido omitir en el debate político su aprobación. Han pasado más de once meses desde que el proyecto fue presentado ante el Congreso de la República y aún no se ha agendado para su debate.
La más reciente iniciativa legislativa para reconocer el derecho al matrimonio de las personas LGBT fue presentado por la congresista Ruth Luque en octubre del año 2021. El 22 del próximo mes se cumplirá un año desde que este pedido fue elevado al Poder Legislativo, pero aún continúa en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La medida ha sido respaldada solo por 5 de 130 congresistas: Edgar Reymundo, Isabel Cortez, Sigrid Bazán, Edward Málaga, Flor Pablo, Susel Paredes y Kira Alcarraz.
La poca intención de reconocer este derecho no parece ser novedad, pues en más de una ocasión el Congreso del Perú ha mostrado un estilo conservador al legislar. Pese a ello, una de las parlamentarias que ha defendido la importancia de este proyecto es Susel Paredes, de la bancada de Integridad y Desarrollo. Una de sus últimas intervenciones a favor de este proyecto se registró a finales de junio pasado con motivo de la Marcha del Orgullo LGBT en el país.
“[Han transcurrido] nueve meses sin agendarse nuestro proyecto. Yo pido a la señora presidenta de la Comisión de Justicia, aunque sea que lo agende para discutirlo. Ya sé que vamos a perder, pero las luchas grandes demoran años [...] Nosotros somos 130 congresistas. Todos tenemos un amigo, un hermano, o un familiar [LGTBI]”, precisó.
Pero no es la primera vez que el Poder Legislativo decide omitir la importancia del reconocimiento del derecho al matrimonio de las personas LGBT. En el año 2015, el excongresista Carlos Bruce presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el proyecto del cual fue autor, sin embargo, este fue rechazado con siete votos en contra y cuatro a favor.
El debate fue arduamente criticado, pues este estuvo lleno de mensajes de discriminación y prejuicios hacia los miembros de la comunidad LGBT. Incluso, algunos legisladores tildaron a los homosexuales de pedófilos. Pero la discriminación no estuvo impulsada solo por parlamentarios, sino también por ciudadanos que “celebraron” la decisión. “Congresistas defiendan la familia”, decían los carteles en las afueras del Palacio Legislativo.
Como se recuerda, en agosto pasado, el congresista Alejandro Cavero de Avanza País, presentó un proyecto de ley que hacía referencia a la Unión Civil, una figura legal distinta al matrimonio igualitario. La iniciativa recibió el rechazo de la comunidad LGBT en el Perú al señalar que el parlamentario jugaba con las expectativas de la comunidad. Además de tener una actitud contradictoria por no haber apoyado el proyecto de Luque, que duerme en el Legislativo.
“Falta de voluntad política”
El no reconocimiento del matrimonio igualitario no solo perjudica a las personas LGBT a nivel social, sino también a nivel legal. Alex Hernández, presidenta del colectivo Más Igualdad Perú, explicó que no hay voluntad política para avanzar en materia de estos derechos. “Ni siquiera a nivel legislativo estas propuestas son debatidas. Tampoco a nivel del Estado hay un intento por reconocer o proteger a estas familias”, señaló.
“Las familias que formamos las personas LGBT o personas del mismo género, tenemos total desprotección. Esto quiere decir que ante eventos como fallecimiento por temas de salud, temas de patrimonio o el caso de los hijos e hijas, no hay ninguna normativa o ley que nos permita proteger el núcleo familiar que formamos. Nuestras familias están ahorita en total desprotección”, indicó.
De acuerdo a la especialista, en el país existen casos de hijos e hijas que son parte de familias homoparentales y por ello no cuentan con el apellido de sus padres, lo cual representa un problema legal para las madres que no pueden reconocer su maternidad. A una visión de largo plazo, esto representa también un problema para el hijo, pues no podrá heredar los bienes que su familia le puede brindar. Hernández enfatizó que esta situación representa un estado de desprotección.
La activista detalló que en años anteriores la voluntad política hacia el reconocimiento de los derechos LGBT era mayor. La presidenta de Más Igualdad Perú señaló que el actual gobierno, tanto Ejecutivo como Legislativo, está atentando en contra de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, lo cual genera un retroceso en los avances obtenidos.
“Hemos perdido ese terreno que habíamos ganado de sensibilización con autoridades y, más bien, tenemos ahora autoridades que tienen una postura ni siquiera de desconocimiento, sino que están en contra. Esto es muy peligroso porque la segunda encuesta nacional de Derechos Humanos reconoce que los peruanos comprendemos que la población más vulnerable, la que sufre mayor discriminación, es la población LGBT. A pesar de que lo reconocemos, todavía persisten un montón de estigmas, estereotipos y prejuicios que están impidiendo que podamos avanzar en materia de derecho”, dijo.
“Nos hace falta mucho más trabajo de sensibilización, acercarnos más a las familias. Desde la visión más conservadora, más opuesta, la idea de ver a las personas LGBT desde un lente sexualizado, no permite darse cuenta de que se trata de familias iguales a cualquier otra familia. Las familias son diversas y hay diferentes formas de familia. Lo único importante para la crianza, lo único importante para llamarnos familia es que exista amor, cuidado y protección. Y eso tenemos en la comunidad LGBT”, añadió.
SEGUIR LEYENDO