88 miembros de la comunidad LGBT murieron por delitos dolosos y justicia de Perú no castiga crímenes por falta de normativa

Vulnerabilidad. El Ministerio Público de Perú identificó que 88 miembros de la comunidad LGBT tuvieron una muerte dolosa entre enero de 2012 y mayo de 2021. De acuerdo a las características de las víctimas, en su mayoría se tratan de personas homosexuales y mujeres trans. Infobae consultó Alejandro Merino, fundador de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú, quien señaló que en el país hace faltan normas que condenen los crímenes de odio en contra de las personas LGBT.

Homosexuales y trans son las personas más expuestas a ser violentados. El estudio desarrollado reveló que el 55,8,% de las víctimas de muertes dolosas fueron hombres gays. Las mujeres trans también forman parte de estas estadísticas. El 36,4% de ellas tuvieron una muerte dolosa en este período de tiempo. Ambas cifras representa el porcentaje más alto de muertes según orientación sexual.

Los miembros de la comunidad LGBT, en su mayoría, fueron víctimas de estos crímenes cuando tenían entre 25 y 54 años. El 72,8% de ellos perdieron la vida cuando tenían esta edad. Sin embargo, también se han registrado menores de edad víctimas de muertes dolosas. El 3,3% de personas LGBT asesinadas eran adolescentes de entre 13 y 17 años.

Por otro lado, gran parte de las víctimas eran peruanos. Se estima que el 94,3% tenía nacionalidad peruana, pero también se registraron muertes de extranjeros. El 5,7% de estos crímenes se cometió en contra de venezolanos, ecuatorianos y colombianos.

Uno de los datos más resaltantes es la ocupación de las víctimas. El 36,4% de los miembros de la comunidad LGBT que perdieron la vida trabajaba como estilista. Se trata de la cifra más alta en comparación a las otras labores, las cuales representan un porcentaje bajo no mayor al 6,8% en el caso de comerciantes.

En lo que concierne al ámbito territorial, la mayor concentración de denuncias se presentó en Lima con un total de 12 casos, seguido de La Libertad y Lima Norte, donde se identificaron 10 casos por cada región. Los tres departamentos cuentan con las tasas más altas de muertes dolosas de miembros LGBT.

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se han identificado a un total de 72 imputados e imputadas. El 94,4% de ellos son hombres. Asimismo, el 79,2% de las y los imputados tenía entre 18 y 34. Los acusados de cometer estos crímenes no son solo peruanos, sino que más del 20% de ellos corresponden a extranjeros.

En este informe también se contempló la relación de la víctima con el imputado. De acuerdo al análisis, el 26,4% de los acusados era su entorno cercano o familiar, asimismo, este mismo porcentaje corresponde a los agresores con quienes mantenían o mantuvieron una relación de pareja.

Uno de los datos más importantes es la ocupación de los imputados. Las entidades informaron que el 4,2% de los acusados son miembros de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La misma proporción corresponde a los agresores que se desarrollaban como comerciantes, choferes o ambulantes.

Merino, fundador de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú, explicó que los crímenes de odio en contra de los miembros de la comunidad LGBT no suelen alcanzar la justicia porque no existe una normativa que condene este tipo de delitos. “Lamentablemente, a nivel nacional no existe ningún tipo de condena que tenga como causal la orientación sexual o de identidad de género de la víctima. Esa es una de las razones por las cuales los crímenes de odio no reciben la sanción correspondiente”, dijo.

“Quiero señalar que la definición de crimen no solamente es el asesinato. Crimen también se define como un delito grave y la discriminación es un delito grave. Desde el 2012 en adelante se han registrado una serie de asesinatos, pero es el grado más alto de vulneración de derechos, de quitar la vida, pero los actos discriminatorios también se configuran como crímenes”, agregó.

Según precisó el experto, si bien las cifras mencionadas en el informe muestran la situación de vulnerabilidad que padecen los miembros de la comunidad LGBT en Perú, también evidencia que existe un problema de prevención hacia estas acciones. Merino informó que antes de haberse perpetrado el crimen, los acusados han tenido que cometer otro tipo de violencia.

Merino expresó su preocupación ante la falta de protección del Estado hacia los miembros de la comunidad LGBT. “Hay un caso muy específico que retrata esta falta de acción de parte de las autoridades y es la sentencia del caso Azul. Ella fue una mujer trans que experimentó una serie de vulneración de sus derechos. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte le ha indicó al Estado que tome una serie de acciones al respecto. Lamentablemente, el Estado no ha seguido esas recomendaciones y no ha asumido esas acciones”, precisó.

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