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31 de mayo de 1989. Perú vivía una de sus épocas más violentas tras la aparición de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, un grupo de jóvenes compartía en el bar Las Gardenias cuando miembros del MRTA ingresaron violentamente y secuestraron a ocho personas LGBT.
Los capturados fueron llevados al área pública y asesinados en el Jirón Manco Inca de la zona 9 de abril. El crimen fue justificado por el vocero del grupo terrorista: “Lacras sociales que eran utilizadas para corromper a la juventud”.
La comunidad LGBT fue una de los movimientos más perseguidos por los terroristas. De acuerdo al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), la matanza de las Gardenias “formó parte de la estrategia de legitimación social del grupo terrorista”.
Asimismo, en redes sociales precisó que “el MRTA perseguía sistemáticamente a la población LGTB”.
Max Pérez Velásquez, Luis Mogollón, Alberto Chong Rojas, Rafael Gonzáles, César Marcelino Carvajal, Carlos Piedra, Raúl Chumbe Rodríguez y Jhony Achuy fueron los asesinados, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin embargo, no fueron las únicas víctimas de la violencia desencadenada en contra de los miembros de esta comunidad. En febrero de ese mismo año apareció el cadáver de un joven homosexual que llevaba un cartel con la frase: “así mueren los maricones”, junto a la firma del MRTA.
Otro de los crímenes de odio cometidos durante la época del terrorismo en Perú fue el de Fransuá Pinchi, una mujer trans que trabajaba en un salón de belleza en Tarapoto. La estilista debía pagar a miembros de la organización marxista-leninista peruana para continuar con vida, hasta que en setiembre de 1990 fue capturada y asesinada en un corral. Según el LUM, “este crimen formó parte de una campaña de ‘limpieza social’ en Tarapoto”.
El hermano de Fransuá, Roger Pinchi, también fue un homosexual secuestrado y torturado por el MRTA. A raíz de la muerte de su hermana, abrió un establecimiento de belleza su honor y lo nombró como ella. Actualmente, el testimonio de Roger forma parte de la muestra permanente del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Reconciliación situado en Lima, Perú.
Para André Mere, director de la organización Archivo de la Memoria Marica del Perú, los crímenes de odio cometidos en contra de la comunidad LGBT afectó emocionalmente a todos sus integrantes, familiares y entorno, pues el miedo de perder la vida por su orientación sexual se encontraba presente en el día a día.
Han pasado 33 años desde que se registró este crimen de odio y, para Mere, aún no se han establecido políticas públicas que sancionen a los responsables de estos delitos. “Es penoso porque no solamente no hay una cultura de prevención hacia estos casos, sino que se siguen repitiendo sistemáticamente y están apareciendo todavía portadas donde las mujeres trans, hombres gays u otras personajes de la diversidad sexual aparecen asesinadas, descuartizadas, quemadas, violentadas por sus propios familiares y eso no genera la reacción de la sociedad ni del Estado que, también, debería protegernos. Eso ha permitido que haya una impunidad con impunidad frente a estos casos”, dijo.
El activista afirmó que estos crímenes no solo colocan a los miembros de la comunidad LGBT en una situación de vulnerabilidad y riesgo, sino que afecta a su entorno, ya sea familiar o amical, quienes también se ven perjudicados por el escenario de desprotección en el cual se encuentran.
“Hay una impunidad por parte del Estado que es por acción o por omisión, pero lo está haciendo. Tenemos como instaurado el día contra los crímenes de odio por parte de la sociedad civil como respuesta a estas acciones que se están dando, pero no vemos un apoyo por parte del Estado y se complejiza mucho más con esta inestabilidad política en la que vivimos, donde nuestros derechos, en una falta de democracia o de institucionalidad, nuestros derechos son afectados y son mucho más vulnerables”, indicó.
André Mere señaló que actualmente se registran muchas muertes de personas de la comunidad LGBT, sin embargo, estos no encuentran justicia, pues sus procesos son archivados o ignorados. Según mencionó, esto también afecta la salud mental de los miembros, quienes toman esto como un mensaje de desprotección e impunidad.
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