Tras once años de completa inacción judicial y por un acuerdo impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el crimen homofóbico de Octavio Romero, prefecto asesinado en junio de 2011 tras informarle a sus superiores de esa fuerza que iba casarse con su novio, alcanzó hoy un reconocimiento oficial. Un hecho histórico para la historia de la diversidad sexual de la Argentina: la firma de una “solución amistosa” entre Gabriel Gersbach, pareja de la víctima, el organismo internacional con sede en Costa Rica, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Igualdad y la República Argentina, vía la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La firma de este acuerdo implica el reconocimiento abierto de la impunidad estatal sostenida durante más de una década y promueve así acciones reparatorias para las víctimas -Romero y su pareja-, protagonistas de una historia estremecedora un año después de sancionada la ley de matrimonio igualitario, cuando aún las Fuerzas de Seguridad se reservaban el “derecho interno” de aprobar o no las uniones legales de sus miembros.
Octavio iba a ser el primer uniformado del país en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo. Poco tiempo después de hacerlo público en su trabajo -y luego de ser hostigado al respecto- apareció muerto en el río, a la altura de Costanera Norte y con signos de violencia física.
Asesinado y flotando en el mismísimo territorio político de la Prefectura. Cuando Gabriel Gersbach denunció la ausencia de su novio en una comisaría porteña, días antes de que apareciera el cuerpo, detrás suyo estaban los dos jefes de Octavio, en claro signo de persecución y amenaza. Esos dos superiores fueron oportunamente trasladados a otras dependencias de la fuerza en el país. A partir de entonces, el derrotero judicial deviene inenarrable: violencia institucional, maltratos y omisiones. Una causa siempre detenida y un clamor que iba cediendo con el paso del tiempo.
El periodismo -y buena parte del activismo LGBT+- se olvidó de Octavio y en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó el caso. Así, quienes hoy por la tarde firmaron el acuerdo en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la ex Esma, iniciaron un período de justicia “extrajudicial” que impone acciones simbólicas tendientes a la concientización, el compromiso, la memoria y la reparación pecuniaria.
“A once años del homicidio de Octavio Romero, en virtud del estado procesal de la causa judicial, de las conclusiones preliminares que surgen del Informe (...) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del análisis efectuado en el dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (...) el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales” comienza diciendo el documento sellado. En esta dirección, el acuerdo también reconoce que la inexistencia de una respuesta judicial adecuada “tuvo un severo impacto sobre la integridad de Gabriel Gersbach”, pareja de Romero. Gersbach nunca detuvo su pedido de justicia ante la fiscal a cargo del expediente, Estela Andrades de Segura, y el juez en cuestión, Juan Ramón Ramos Padilla.
De esta forma, el convenio estipula y despliega una serie de acciones tendientes a construir memoria, concientizar, prevenir delitos semejantes y repasar el destino de las personas LGBT+ en la historia de las Fuerzas de Seguridad locales. Consigna entonces “Medidas de satisfacción” -el Estado argentino se compromete a brindar todo el apoyo que pueda requerir la fiscalía interviniente en la investigación a través sobre todo Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y de la Dirección de Políticas de Género de la Procuración General de la Nación-; y medidas de reparación simbólica que van del renombramiento de resoluciones internas del Ministerio de Seguridad -que pasarán a llamarse “Octavio Romero”-, hasta la producción de un documental para el canal Encuentro, la realización de jornadas contra la discriminación “Octavio Romero” del INADI y la construcción de un mural en memoria de Octavio. También, la modificación del protocolo del Ministerio de Seguridad para las denuncias por discriminación por orientación sexual e identidad de género, la realización de una jornada anual “Octavio Romero” para cadetes y aspirantes a ingresar a las Fuerzas de Seguridad y publicación de material bibliográfico al respecto.
El impacto de esta firma inédita para el país involucra incluso a otras áreas del Estado, como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, al que el documento compromete a realizar acciones que garanticen el acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género; en particular, fortalecer el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, y trabajar en la confección de lineamientos más precisos para el abordaje de travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, identidad de género, su expresión o característica sexual.
Para todas y cada una de estas disposiciones, el acuerdo plantea plazos de tiempo concreto. Cumplidos esos tiempos, la Argentina debe informar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El trabajo de Fundación Igualdad y de su presidente, Pedro Paradiso Sottile, presente en la ceremonia de hoy a la tarde, resultó decisivo una vez que, cuatro años atrás, el organismo internacional le llamó la atención al país ante la impunidad sistemática frente a este asesinato.
Para dimensionar la importancia del acto y la originalidad del documento, es necesario citar que del mismo también participó el abogado costarricense Víctor Madrigal-Borloz, el experto independiente en temas LGBT+ de Naciones Unidas. Esto es, el funcionario más importante del mundo en esta materia.
En junio de 2015, quien escribe estas líneas recibió un informe anónimo llamado “Operativo Dignidad”. El mismo narraba paso a paso cómo Prefectura había logrado “eliminar” a Romero y evitar así que la fuerza asuma la “vergüenza pública” de alojar en su seno a un gay casado. Esas páginas fueron remitidas a la fiscalía, que nunca investigó.
Activar memorias de la disidencia, alarmantes en el recuerdo y poderosas en sus imágenes, es una de las asignaturas pendientes más acuciantes para aquellos estados comprometidos programáticamente en políticas de derechos humanos. El nombre de Octavio, a partir de hoy, será sinónimo de esos crímenes que aún cuando imperan ciertas leyes, los países son capaces de cometer en nombre de una “limpieza” identitaria y un afán de “normalidad” asesino.
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