Era el 11 de agosto de 2004, un día cualquier en la vida de Chrisstian Olivera. Al menos hasta ese momento. Su pareja de ese entonces y él se encontraban en el desaparecido supermercado Santa Isabel, sentados en la cafetería, leyendo poemas y dándose afecto.
De pronto, esa tarde tranquila se convirtió en una pesadilla, cuando una clienta se acercó al personal de seguridad para hacer un reclamo. Desde su punto de vista, los dos estaban cometiendo actos de homosexualidad, que perturbaban su tranquilidad y podían confundir a su hijo menor de edad.
Sin darle muchas vueltas al asunto, la administración le dio la razón y decidieron retirarlos del lugar.
“La situación fue terriblemente humillante. De pronto teníamos a cuatro trabajadores rodeándonos y tratándonos como delincuentes, como si de verdad hubiéramos cometido un crimen”, mencionó Olivera a Infobae, con visible impotencia.
Chrisstian, un hombre abiertamente gay, vocero del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) y defensor de los derechos humanos, no estaba dispuesto a dar la otra mejilla y decidió abrir un proceso administrativo sancionatorio ante INDECOPI por motivo de discriminación.
Para su sorpresa, en medio del proceso, el organismo público tomó en cuenta un informe psiquiátrico donde se mencionaba a la homosexualidad como una desviación mental que podía tener efectos nocivos en niños y niñas.
Las pruebas aportadas por el afectado fueron desestimadas y finalmente, el supermercado fue absuelto de toda culpa, dejando a Chrisstian con una sensación de impotencia que duró 18 años.
Después de haber luchado en diferentes instancias y de saberse ignorado por el Estado peruano, con la ayuda de DEMUS, consiguió que su caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“He recuperado la esperanza de alcanzar, por fin, la justicia que me fue negada en el Perú. Es una posibilidad para sanar las heridas que me ha dejado la homofobia institucionalizada y normalizada”, aseguró el activista.
Promsex se pronunció al respecto, a través de su cuenta de Twitter, mencionando que los prejuicios y estereotipos de género son una barrera en el acceso a la justicia para las personas LGBTIQ+ que denuncian estos actos de violencia.
Y las cifras le dan la razón. Según una encuesta que realizó el INEI a una población de 12.026 personas pertenecientes a esta comunidad, el 95.6% mencionó no haber hecho nunca una denuncia sobre los hechos de discriminación y violencia que vivió por miedo.
Vidas marcadas por la discriminación
La historia de Chrisstian Olivera no es un hecho aislado, es una de los miles que se viven todos los días en un país en donde el conservadurismo todavía es la norma. Estos son solo algunos ejemplos:
1. La activista trans ‘BBC’ fue víctima de un crimen de odio en la calle, al ser apuñalada y atacada con el pico de una botella. Al acercarse a colocar la denuncia policial, los efectivos se burlaron de ella y no tomaron enserio su reclamo.
2. Cuatro miembros de la comunidad LGBTIQ+ realizaron un plantón frente al Congreso para tomarse una foto con la intención de formar una ‘bandera humana del orgullo’ y fueron violentados por la policía.
3. Jenny y Darling, madres de Daki, un niño de siete años, se casaron en México, en donde a ambas les fue reconocida la maternidad. Sin embargo, aquí, RENIEC solo identificó a una de ellas en el DNI del menor, invisibilizando a la otra.
Para Alexandra Hernández, presidenta de la asociación Más Igualdad Perú, a pesar de que han pasado casi 20 años y se supone que hay un mayor conocimiento sobre la violencia recurrente a la que están expuestas las poblaciones vulnerables como la LGBITQ+ y los efectos que esto tienen sobre ellas, el Estado continúa replicando las mismas prácticas del pasado.
“Ellos son conscientes que es necesario implementar políticas transversales de igualdad y no discriminación a todo nivel. El problema es que no existe voluntad política”, afirmó a Infobae.
Por último, la también psicóloga y activista por los derechos humanos, espera que este caso, que sería el segundo que se gana a través de la Corte IDH, sirva para hacer presión.
“Es lamentable que tengamos que llegar a estas instancias porque el país donde nacimos no nos protege como ciudadanos. Pero esperemos que esto sente un procedente”, concluyó.
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