“Un trámite que tarda una semana duró 8 meses”: la cruzada de una joven para conseguir su documento no binario

Antes de cambiar legalmente el sexo en su documento de identidad, Emma Tangarife ya se mostraba como una persona no binaria ante sí misma y sus círculos de amigos y familiares. Su modificación legal, concretada a comienzos de julio, significó “solamente un formalismo”, dice, pero también un “reconocimiento necesario” en un proceso que se dilató por más de ocho meses debido a las barreras institucionales a las que tuvo que enfrentarse en Colombia. Esto a pesar de la histórica sentencia T-033 de 2022 de la Corte Constitucional, que en febrero ordenó a las registradurías a reconocer los derechos y la personería jurídica de todas las personas no binarias del país.

Emma, de 24 años, nació en Rio Negro, un municipio ubicado a una hora de la ciudad de Medellín. Asignada hombre al nacer, siempre se sintió “incómoda con las categorías hombre-mujer”, y durante muchos años vivió en un “eterno conflicto” por la manera en que su orientación de género y sexualidad era cuestionada por otras personas. Tangarife se crió en una familia conservadora —que hoy la apoya— y estudió en un colegio religioso de varones, donde fue víctima de persecución y de burla por parte de docentes y compañeros de clase.

Antes de cumplir la mayoría de edad, se dio cuenta de que quería “tomar las riendas” y no aceptar “el mandato cristiano de abnegarse ante cualquier situación”. Empezó a hacer activismo sobre derechos sexuales y reproductivos de la mano de organizaciones como Profamilia Colombia, la entidad más influyente en esa materia en el país, y de su carrera universitaria en la Universidad Eafit, institución privada de donde se egresó en Ciencias Políticas.

Su proceso de cambio de género se gestó con la ayuda del Centro de Atención en Género y Diversidad de la Universidad de Antioquia, desde el cual recibió la asesoría jurídica y el acompañamiento necesario para hacer el cambio registral. Todo empezó con un derecho de petición, documento con el que solicitaron la modificación de los nombres y datos personales. Como no obtuvieron respuesta, decidieron interponer una acción de tutela, un mecanismo en Colombia para proteger los derechos fundamentales de las personas ante las autoridades públicas, pero la solicitud les fue negada.

“Al juez de primera instancia le pareció que no teníamos la razón y falló a favor de la Registraduría y la notaría, así que apelamos”, cuenta Emma en entrevista con Infobae. Finalmente, el Tribunal Superior de Antioquia les dio la razón, ya con la jurisprudencia del caso de Dani García, la primera persona travesti con cédula no binaria en el país y quien interpuso la tutela que terminó en el histórico fallo de la Corte Constitucional en favor de las personas no binarias.

“Un trámite que pudo tardar una semana tomó ocho meses”, puntualiza Emma, que en redes sociales hizo público el cambio del componente sexo en su cédula con las siglas NB, lo que la convierte en una de las primeras personas en el país en acceder a esta modificación. “Para mí, ha sido un recorrido de toda la vida, pero tomó más importancia en los últimos dos años, cuando empecé a preguntarme cómo y con qué me sentía mejor, la eterna pregunta de qué era yo”, dice.

En Colombia es ley desde 2015 cambiar el componente de la cédula a masculino o femenino, categorías que no contemplan casos como el de Emma, Dani García o el de las siete personas que actualmente están en proceso de cambio del componente del documento con el Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual de la Universidad de Antioquia.

Para Emma, acceder al cambio tiene que ver con una “apuesta política” para cuestionar al sistema binario. “Las disidencias sexuales y de género no se hallan en ese sistema, que es excluyente y no abarca a toda la sociedad. Eso está mal en una sociedad que busque ser libre, plural y diversa”, dice, y añade que “a pesar del apoyo que hay actualmente a las personas LGBT+ de Colombia, todavía existe mucho por cambiar”.

El pasado 15 de julio asistió a Yo Marcho Trans, una manifestación organizada por la Red Comunitaria Trans en ciudades como Bogotá y Medellín. Su objetivo es visibilizar la discriminación que siguen sufriendo particularmente las personas trans, que en los últimos meses han exigido una ley que prohíba las llamadas terapias de conversión de género. Emma, que actualmente cursa la carrera de sociología en la Universidad de Antioquia, no deja de ejercer el activismo desde Profamilia y pertenece a un veeduría para la interrupción voluntaria del embarazo en Rionegro.

“Resistencia maricona y travesti”

La últimas cifras ponen a Antioquia como el departamento más peligroso para las personas LGBT+ de Colombia, con 35 homicidios contra esta población en 2021, según datos de la ONG Colombia Diversa. En su capital, Medellín, en lo corrido de 2022 se han registrado al menos 11 asesinatos contra hombres gays que las organizaciones defensoras de derechos calificaron de “sistemáticos”. Por todo esto, Emma cree que Antioquia es el lugar donde existe “más resistencia LGBT+” en Colombia.

Como ejemplo, además del mencionado caso de Dani García, recuerda a Mike Duran, primera persona que consiguió, en marzo pasado, ponerse la T de trans en su documento de identidad. Durán es de Bogotá pero realizó el cambio del componente de su documento en una registraduría de Medellín, donde está radicado hace 8 años. También, en una decisión sin precedentes en el país, a comienzos de julio el Concejo de Medellín aprobó el proyecto Matrícula Cero que garantiza que del total de cupos que entrega, el 30% sean para personas trans y no binarias de cualquier edad.

Emma celebra estas decisiones y las vincula con su propio proceso y activismo. “A mayor tipo de violencias, también mucha más resistencia maricona y travesti. En un lugar conservador, violento y discriminador con las personas LGBT+, podemos apostarle a resistir de una manera diferente”, concluye.

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