El activista gay que desafía a Bukele: “Ha hecho retroceder al movimiento LGBT+ a sus inicios”

El pasado 25 de junio El Salvador vivió la Marcha del Orgullo más multitudinaria de su historia, con más de veintidós mil personas volcadas a las calles y plazas principales de su capital, San Salvador, una cifra enorme si se tienen en cuenta los seis millones de habitantes de la nación centroamericana y el régimen represivo que vive en la actualidad, sin leyes que protejan los derechos de las personas LGBT+.

La histórica conmemoración del Orgullo se llevó a cabo en un contexto de hostilidad creciente por la suspensión de las garantías constitucionales a causa de un estado de excepción que ya cumple tres meses, la medida ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra la llamada guerra contra las pandillas que ha dejado unas 45.000 personas detenidas, la mayoría de forma arbitraria según denuncian organizaciones de DDHH.

El Salvador cumplió este año su vigésima séptima marcha y cuenta con la celebración del Orgullo más longeva de Centroamérica. La marcha se realizó además sin el acompañamiento de las fuerzas de seguridad estatales, pese a que existe un recorrido previamente acordado y el colectivo LGBT+ solicita los permisos para marchar.

Según Erick Iván Ortiz, secretario de comunicaciones de la Federación Salvadoreña LGBTI y uno de los activistas más visibles e inquietos en el país centroamericano, la ausencia del Estado en los recorridos demuestra, otra vez, que las demandas de la población LGBT+ no existen en la agenda oficial. “Los dos últimos años de la administración de Bukele no hemos tenido el acompañamiento necesario de las fuerzas de seguridad, particularmente de la policía nacional civil, que puedan dar seguridad en el perímetro de la marcha, sobre todo cuando se desarrolla en un contexto hostil, en una sociedad que sigue siendo homolesbobitransfóbica y violenta hacia las personas LGBTI”, explica Ortiz desde El Salvador.

El también activista y primer candidato abiertamente gay en postularse a un puesto de elección popular -en la Asamblea Legislativa de 2021-, cuenta que lo que ha habido en los últimos años ha sido “un proceso de desmantelamiento sistemático de los avances conquistados” por el movimiento LGBT+ de todo el país.

Nayib Bukele, del partido conservador Nuevas Ideas, desde su posesión presidencial en 2019 eliminó cinco secretarías, entre ellas la de Inclusión Social, dentro de la cual el Estado contemplaba por primera vez a la población LGBT+ en un sentido “más simbólico que práctico”, dice Ortiz, pero “como instrumento permitía seguir avanzando en las instituciones estatales”.

Lo mismo sucedió con la Dirección de Diversidad sexual que había logrado obtener mesas de trabajo institucionalizadas con ministerios importantes del gobierno como el de seguridad, salud y educación, sectores en los que habitualmente se discrimina a la población diversa. “Hoy no existen ninguna de estas mesas, y en la práctica ha significado que caigan en desuso los proyectos que veníamos trabajando”, comenta Erick.

Con el Ministerio de Justicia se avanzaba igualmente en una política de atención a las personas LGBT+, un manual de procedimientos institucionales y una política para sensibilizar sobre todo a organismos como la policía; pero también se desmanteló, así como otros procesos con el Ministerio de Trabajo para garantizar el acceso –en especial de personas trans– en los espacios laborales.

El carpetazo final lo ha dado la Asamblea Legislativa, de mayoría oficial, que archivó en 2021 anteproyectos legislativos como los de la ley de identidad de género y una ley especial contra la discriminación, adelantados en la última década. “Este gobierno ha sido un retroceso de 10 años de trabajo organizado. La Presidencia y la Asamblea Legislativa han devuelto casi al punto de partida las luchas históricas del movimiento LGBT+”, puntualiza el activista.

Cabe recordar que las organizaciones LGBT+ celebraron un fallo en febrero pasado de la Corte Constitucional que le exigía a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley del Nombre de Persona Natural, con un año para realizar los cambios en la adecuación del nombre y teniendo en cuenta la identidad de género.

Comunidad LGBT+, un adversario para Bukele

Este año en las calles de San Salvador se vociferaba al unísono el lema “¡Sin demora, identidad trans ahora!”. Se trata de la principal bandera del activismo y la población LGBT+, que reconoce la ley de identidad de género como una “deuda histórica” que tiene el país con las personas trans, una población profundamente afectada en derechos básicos como el acceso a la salud y la educación, con un promedio de deserción escolar más alto y abocada un sistema laboral que la excluye sistemáticamente.

Según un registro de la ONG COMCAVIS TRANS, del 2011 al 2021 se contabilizaron 73 homicidios contra la población LGBT+, entre ellos 42 a mujeres trans. En los últimos meses, bajo el estado de excepción de Bukele, se ha denunciado que las personas trans han sido violentadas por la policía a través de abusos y la vulneración de su identidad de género.

“En ausencia de una oposición política partidaria, el presidente ha encontrado en el movimiento social y en las organizaciones defensoras de derechos a un adversario, pues las personas LGBT+ estamos poniendo el dedo en la llaga de todas las violencias sistemáticas que están sucediendo ahora”, explica Erick Iván Ortiz.

En las instancias de poder de El Salvador, aunque existen personas LGBT+, ninguna asume una agenda política favorable a los derechos de la comunidad, por lo que su presencia no representa ningún avance en visibilidad ni reconocimiento de derechos. Erick subraya que en El Salvador las leyes se hacen “para los salvadoreños en general”, y por ello urgen un “enfoque diferenciado” que mire las problemáticas de juventudes, infancias, adolescencias, personas de la tercera edad, personas en condición de discapacidad, mujeres y personas LGBT+.

Al igual que en otros países del istmo centroamericano como Honduras o Guatemala, las reivindicaciones del colectivo diverso de El Salvador parten con desventaja. “Lo único que existe en la legislación, a nivel del estado, es una reforma al Código Penal, que desde hace unos cinco años tipificó los crímenes de odio como un agravante, pero no hacia personas LGBT+ sino por religión, raza o discapacidad. Las personas LGBT+ lo impulsamos y es importante que sea interseccional, pero su aplicación habla también de las desventajas que tenemos a la hora de hacer nuestra propias reivindicaciones. Tenemos que envolverlas en muchas formas para hacerlas potables en este contexto”.

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