¿Quién gana cuando la cultura woke pierde?

Hace tiempo circula una idea que dice más o menos así: la cultura woke es una cosa terrible, terrible, terrible, muy intolerante, prohíbe que la gente se exprese libremente, hace que la despidan por tener opiniones contrarias a lo políticamente correcto y obliga a todos a acatar los mandatos de un progresismo tonto. Este monstruo de lengua filosa anida en las universidades, donde un montón de estudiantes atiborrados de privilegios viven alejados de la realidad, y la enorme presión que ejerce sobre la libertad explica la virulencia de las nuevas derechas. A partir de estas nociones, por ejemplo, se construyó la reciente serie de Netflix The Chair, en la que un muy progresista profesor del departamento de inglés, con el que el público debe desarrollar empatía, hace un chiste desafortunado que conduce a que los alumnos pidan (y consigan) su despido.

Ahora bien, ¿es realmente la cultura woke una nueva inquisición? ¿Inspira terror en los pasillos y aulas? ¿Tiene tanto poder? La respuesta a estas tres preguntas es sencilla: no. En lo que sigue, intentaré dar un breve panorama de la realidad en las universidades estadounidenses, sindicadas como la principal usina de esta formación, con el propósito de entender mejor el alcance y la extensión de la problemática, si la hubiera.

¿Qué sería la cultura woke? En términos generales, se plantea como una forma de conciencia política atenta a cualquier forma de discriminación o violencia por asimetría. Generalmente, se concentra en el análisis y la evidenciación de formas discursivas. Hasta allí, no es más que una consecuencia política del así llamado giro lingüístico que se produjo en los años noventa en la mayoría de las disciplinas. Por consiguiente, si un profesor insiste en usar “el hombre” como término genérico para la totalidad de las personas existentes, les estudiantes woke probablemente le señalen que está pensando desde una subjetividad moldeada por determinadas características raciales y de género.

Antes de revisar algunos casos puntuales, resulta interesante detenerse en la idea de que esta cultura viene a prohibir la expresión de ideas políticamente incorrectas. Así formulada, parecería limitar la libertad de expresión. Ahora bien, en el caso de las instituciones universitarias no estamos hablando de chistes que “ofenden sensibilidades”, no se trata de ser más o menos susceptible. Si un profesor propaga nociones abiertamente racistas o misóginas, no solo es probable que haya sesgos en su evaluación (lo que en carreras altamente competitivas supone un perjuicio), la situación es de por sí violenta. Cuando existe una asimetría de poder con quien “expresa su opinión”, dejamos el terreno de las ideas para pasar al terreno de cosas más prácticas: maltrato, humillación. Si aceptamos que es posible hacer cosas con las palabras, que hay enunciados que no son solo proposiciones acerca de las cosas sino que efectivamente hacen algo (si le digo a alguien “te voy a romper la cabeza con este fierro” no estoy “expresando una idea”, lo estoy amenazando), ya no es posible creer que la situación se reduzca al territorio ideológico.

Honestamente, creo que una universidad debe ser un espacio institucional donde nadie se sienta agredido. Sí incómodo o provocado por una idea, pero si un profesor dice “las personas trans deben ser reprimidas y reconvertidas en su verdadera sexualidad”, por ejemplo, en la medida en que niega el derecho del otro no a expresarse sino a existir, eso no es una idea: es una agresión.

Ahora bien, veamos algunos casos particulares. Uno de los caballitos de batalla del argumento antiwoke es que cualquier docente puede ser despedido solo por una sospecha o un movimiento de cancelación. En marzo de 2015, una carta firmada por los estudiantes de posgrado del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Yale denunció la “atmósfera fuertemente negativa” del departamento. De manera concreta, los firmantes señalaban al entonces chair del departamento, un crítico cubano que en 2011 había recibido la Medalla Nacional de las Humanidades de manos del presidente Obama, al que acusaban por conductas que caían en el terreno del abuso. Las denuncias fueron respaldadas por miembros del cuerpo docente y dos años más tarde una ex profesora presentó una demanda judicial. La situación, aun no resuelta por la justicia, tuvo consecuencias serias para el propio departamento. Una investigación interna impuso al profesor una licencia sin goce de sueldo por un semestre, y la restricción de ocupar posiciones administrativas por cinco años. Sin embargo, al día de hoy continúa siendo profesor emérito, y el año pasado publicó un libro de memorias en el que se dedica a fustigar a todas las personas con las que trabajó, sin dar ningún tipo de respuesta a las acusaciones (y ni siquiera reconocer su existencia).

No es el único caso. A principios de este año, tres estudiantes de posgrado del departamento de antropología de Harvard presentaron una denuncia por abuso sexual contra otro profesor de destacada trayectoria. Poco después, 38 miembros de la Faculty of Arts and Sciences dieron a conocer una carta abierta en la que manifestaban sus reservas respecto de las decisiones de la investigación interna que se había llevado en su contra y su rechazo a las sanciones aplicadas. Cinco días más tarde, 35 de ellos publicaron una segunda carta retractándose de su apoyo, afirmando que, si bien sus preocupaciones giraban en torno a la transparencia, el proceso y los procedimientos de la universidad “que van más allá de los méritos de cualquier caso individual”, no habían tenido en consideración “el impacto que esto tendría en nuestros estudiantes, y nos faltaba total información acerca del caso”. Más allá de lo embarazoso de la situación de marcha y contramarcha, lo que se advierte es una primera reacción corporativa, que tiende a respaldar el docente.

Estas dos situaciones, a las que se podrían agregar muchas más, indican a las claras que las denuncias de les estudiantes, aun cuando impliquen situaciones muy graves e incluso vayan acompañadas de acciones legales, están lejos de significar el final de la carrera académica de nadie. Si no es fácil que estas universidades tomen decisiones por situaciones concretas de abuso, mucho menos por “ideas” o “chistes”. El año pasado, una profesora de la escuela de leyes de la University of Pennsylvania tuvo expresiones claramente racistas contra la afluencia de estudiantes provenientes de Asia, en las que llegó a sugerir que el país debería limitar la inmigración de personas provenientes de dicho continente para proteger la democracia. Previsiblemente, un grupo de estudiantes se manifestó en contra de sus declaraciones. La universidad emitió una circular lamentando lo sucedido, en la que recordaba a sus estudiantes asiáticos los servicios y recursos a su disposición, y más tarde abrió una investigación interna que acaso se dirima en un futuro muy muy lejano.

Ocurre que una parte fundamental del relato antiwoke da por supuesto que en las universidades les estudiantes mandan, porque como son privadas, dependen de ellos. Nada más lejano de la realidad. El margen de intervención de les estudiantes en las decisiones de la mayor parte de las universidades estadounidenses es extremadamente restringido y se limita mayormente a cuerpos consultivos. Su influencia es indudablemente mucho menor que en Argentina u otros países en los que existen formas de cogobierno. Las universidades privadas estadounidenses están por lo general manejadas por una junta directiva a cargo de las decisiones legales y financieras, por lo general bajo la conducción de un presidente o CEO. Los estudiantes no tienen representación allí, ni siquiera en aquellos casos en que han logrado sindicalizarse. Por si esto fuera poco, es preciso desterrar también la idea de los “estudiantes como clientes”. En el caso de las universidades de la Ivy League, por tomar un parámetro, la tasa de aceptación se encuentra entre el 3,9 % (Columbia el año pasado) y el 8,7 (Cornell). Esto quiere decir lisa y llanamente que de cada 100 estudiantes que cada año se postulan para ingresar a estas universidades, solo lo consiguen entre 4 y 8. A esto se le llama “selectividad”, y es uno de los criterios que determina la posición de las universidades en los ránkings de evaluación; es decir que en parte el prestigio cuantitativo de la universidad depende de la cantidad de estudiantes que no acepte. Desde luego, esto supone una presión para los que sí han sido aceptados, que deben asegurarse de mantener ese lugar. Cabe sumar a esto las asimetrías entre los propios alumnos, muchas veces ligada al problema de la cultura de las fraternidades (que excede los propósitos de esta columna, pero también incluye problemas de discriminación y clasismo).

Ahora bien, si el panorama real de la interacción entre les estudiantes (cualquiera sea su idología) y las decisiones regulatorias de las universidades es mucho más complejo de lo que supone la idea de que sus quejas pueden “destruir” una carrera, ¿cuál es el interés de generar y difundir un relato según el cual son les estudiantes progresistes quienes fomentan un clima de intolerancia? Como he sugerido, la construcción discursiva del progresismo, la izquierda o como quiera llamársele al sector que plantea estas reivindicaciones en términos de un movimiento bobo, inflexible e intolerante conlleva una necesaria valoración de la derecha, el conservadurismo o la reacción. Porque el progresismo ha traicionado su “verdadero” propósito y ahora insiste tanto en temas “menores” como la raza, el género, la diversidad o los interrogantes abiertos por el especismo, entonces “es entendible” que la población elija la posición contraria, que sigue prestando atención a los problemas “de siempre”. Si el progresismo es tonto y antiguo, la derecha es lúcida y de avanzada; si el progresismo es intolerante, la derecha es la libertad; si el progresismo decepciona a los trabajadores, la derecha es su única alternativa.

Lo cierto es que en ese supuesto “clima irrespirable de falta de libertad dominado por la imposición de las ideas progresistas”, hace una semana la Corte Suprema de los Estados Unidos revirtió el fallo que protegía el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, dejándolas al arbitrio de los distintos estados, en muchos casos alineados con posiciones neoconservadoras o francamente antimujeres. Y se anticipa que este retroceso, hasta hace poco impensable, probablemente vaya acompañado por otros, restrictivos de las libertades de las disidencias sexuales.

Entonces no, las ideas woke no dominan la agenda. Que las empresas se acuerden de la comunidad LGBT+ el Día del Orgullo, o que Disney ponga un personaje lésbico en una película, está muy lejos de suponer que haya una hegemonía política real, muchísimo menos que sean ideas que se quieran imponer unilateralmente. Pero el discurso según el cual estas nociones son hegemónicas y tiránicas sirve de paraguas para libremente hacer circular discursos de odio y de restricción muy concreta de las libertades de otres. Decir que el antirracismo se ha vuelto una imposición irrespirable en países que, por el contrario, tienen indicadores materiales muy concretos del imperio del racismo en sus sociedades no es más que refrendar que todo siga como está o incluso recrudezca. Del mismo modo, apresurarse a sostener que esta preocupación es “una importación de la cultura woke estadounidense”, porque el racismo no es un problema real en América Latina, es negarse a pensar con seriedad los legados de la cultura colonial y la ideología del mestizaje.

“Hay que ganarles la batalla cultural a los zurdos de m*****”, dijo de manera muy sucinta una de las figuras más populares de la neoderecha argentina. Caracterizar las demandas minoritarias como insustanciales, irreflexivas o tiránicas contribuye enormemente a tan noble tarea. El verdadero cuco está en otro lado.

El autor es crítico cultural, escritor y traductor. Tiene un Master por la University of Pennsylvania.

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