En la región centroamericana las personas LGBT+ viven en diversas condiciones. Así como en Costa Rica ya es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, en Panamá se acumulan los expedientes de denuncias de matrimonios igualitarios que no han sido reconocidos y en Honduras o Guatemala presidentes y congresistas emiten discursos en contra de este derecho.
El reconocimiento de la identidad de género de las personas trans también se mueve diferente. Desde hace años, Guatemala y Costa Rica han implementado protocolos y medidas de reconocimiento, mientras que en El Salvador apenas desde diciembre se puede hacer cambio de nombre en los documentos de identidad, luego de varios procesos legales que buscaban sentar ese precedente.
Una Nicaragua herida por la crisis política y el cierre democrático ve como la libertad de expresión y la represión estatal hacen difícil el trabajo diario de activistas y la supervivencia de su población. Y la tendencia de gobiernos con tintes antidemocráticos y medidas en contra de las organizaciones sociales y la oposición política se ve clara en El Salvador y Guatemala, afianzándose de discursos populistas que fomentan rechazo a la diversidad y ponen en jaque el balance democrático.
Por su lado, Costa Rica pone a prueba los avances que ha tenido luego de un cambio de gobierno y se enfrenta a los retos de cómo institucionalizar en el Estado mecanismos de inclusión que sean efectivos y perduren ante cambios de autoridades.
Ante los estándares internacionales en materia de derechos humanos las naciones de la región se miden diferente. Y entre todo eso, la región igual es referente para América. Desde 2018, las consultas de Costa Rica sentaron precedente en el Sistema Interamericano sobre la igualdad de las uniones del mismo sexo y la identidad de las personas trans con la Opinión Consultiva 24-2017 que sirve como referente. Y el año pasado, la sentencia que reconoce el rol del Estado hondureño en el transfemicidio de Vicky Hernández es estudiada en el continente como un precedente que abriría el camino para penalizar la transfobia, los crímenes por prejuicio y la exclusión estatal de las personas LGBT+. En la víspera de las principales marchas del Orgullo en la región este fin de semana, un repaso a los reclamos de los colectivos y la situación de los derechos humanos de personas LGBT+ en Centroamérica, desde la esperanza en Honduras y las malas señales desde Costa Rica hasta la brutal represión en la Nicaragua de Ortega.
NICARAGUA: “NO HACEMOS MARCHA DESDE 2018 POR LA REPRESIÓN”
En 2018 el estallido social en contra del régimen de Ortega ha generado un ambiente no propicio no solo para manifestaciones como la marcha del orgullo, sino también una debilitación de todas las organizaciones que apoyan a las personas LGBT+.
Una de las personas que trabajaba en la organización de estas actividades comenta que el régimen “acusa al liderazgo de las protestas de un intento de golpe de Estado y han anulado el derecho a la manifestación”, explica sobre medidas que han afectado a la diversidad sexual pero también a otros sectores sociales organizados.
En protestas en el pasado, las personas LGBT+ han salido a apoyar los movimientos que expresan su inconformidad con el régimen impuesto y otras medidas que han debilitado la democracia y la libertad política en Nicaragua. “La mayoría de estos liderazgos fueron encarceladas o huyeron al exilio”, explica en anonimato. Las medidas policiales de represión incluyen medidas contra el derecho a la organización.
No existe un dato específico pero hay estimados de entre 250 y 700 organizaciones no gubernamentales que han sufrido la eliminación de su personería jurídica, requisito registral para operar los programas sociales y de desarrollo que el sector organizado implementaba en el país. La resistencia de Nicaragua, ya sea ante el panorama político de la nación o desde la discriminación contra las personas LGBT+ continúa a pesar de la represión.
Existen actividades más pequeñas. Algunos líderes sociales que tienen una relación más cercana con el gobierno de Ortega organizarán algunas acciones para celebrar el 28 de junio, como concursos de belleza o ferias de promoción de salud sexual. “Pero marchas no están sucediendo en el país”. Quienes han sorteado los obstáculos, rechazan las medidas antidemocráticas y la legitimidad del régimen, y que han sobrevivido y logrado permanecer en el país se limitan a celebrar de manera discreta, privada. “Han habido casos en los que la policía recibe información de actividades, se meten en locales y los eventos se cancelan”.
EL SALVADOR: “SIN DEMORA, LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO AHORA”
En 2021, la Asamblea Legislativa archivó la propuesta de Ley de Identidad de género, que contemplaba el reconocimiento de documentos de identidad y otras garantías de derechos humanos para la población trans, y por la que se había trabajado por años, calificándola junto a otras iniciativas como obsoletas y “no acordes a la realidad.
Es por eso que el lema de este año recuerda esa demanda insatisfecha, explica Karla Guevara, la secretaria jurídica de la Federación Salvadoreña LGBTI+, grupo que aglutina a las organizaciones sociales de la diversidad y que organiza la marcha.
La Asamblea con una mayoría del partido oficialista no ha respondido. “No esperamos mucha respuesta, ya que han sentado una postura en contra de normativas que protegen nuestros derechos”, explica Guevara, “han mencionado estar en contra de la identidad de género y el matrimonio de personas del mismo sexo”.
Como contexto, la marcha de este año, a realizarse este sábado, se lleva a cabo en medio de las capturas por el régimen de excepción, una medida que, bajo una narrativa de combate a las pandillas, ha criminalizado a zonas empobrecidas del país. En El Salvador se registran casos de personas LGBTI arrestadas bajo esta medida. “Hemos visto cómo vulneran la identidad e intimidad de mujeres trans al arrestarlas”, comenta sobre las acciones policiales. Denuncian otros factores como el que las autoridades no proveen información sobre el paradero de las personas, arrestan sin contar con pruebas para sus señalamientos y han recibido denuncias de abusos contra mujeres trans, además de los asesinatos por violencia basada en prejuicio y la propia hostilidad del presidente Nayib Bukele, que se ha manifestado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.
GUATEMALA: “EXISTO. RESISTO. PERSISTO”
Este año la lucha por los derechos de las personas LGBT+ fue primera plana cuando en el Día de la Mujer (8 de marzo) el Congreso aprobó por aplanadora una iniciativa de ley que incluía discriminación en entornos públicos y educativos. El decreto 18-2022 fue tachado como “Ley de odio” por organizaciones sociales ya que clasificaba la diversidad sexual como incompatible “con aspectos biológicos y genéticos” del humano, prohibía que el Estado tomara una postura a favor de las personas LGBT+, prohibía que cualquier persona fuera penalizada por discriminar “prácticas no heterosexuales” y a las instituciones educativas “enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”.
Por eso, el Comité Organizador de la marcha que se realizará este sábado hace énfasis en la resistencia y persistencia de este grupo. “Nos enfrentamos a una Guatemala hostil, con fanatismo religioso, con gobiernos que priorizan la religión, el narcotráfico y la corrupción como sus principales armas de ataque contra los Derechos Humanos”, denuncian en un comunicado en el que señalan al presidente de intentar convertir a las personas LGBT+ en un enemigo público.
Actualmente en el Congreso permanece una iniciativa que contempla patologizar la identidad de género de las personas trans. Human Rights Watch explica que la iniciativa 5940 emplea la retórica de proteger la niñez para justificar medidas discriminatorias que prohibirían difundir información sobre identidad trans en programas de educación sexual y que además exigiría a los medios de comunicación clasificar contenidos sobre personas trans como “no recomendado” para menores de 18 años. “La iniciativa 5940 no tiene fundamento científico y estigmatiza a las personas transgénero como un colectivo que corrompe y perjudica la niñez”, expresó Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de personas LGBT+ de Human Rights Watch, organización cuyo análisis técnico insta al Congreso a rechazar tal medida.
En cuanto a violencia, de 2020 a 2021 el Observatorio Nacional de Derechos Humanos y Violencias por orientación sexual e identidad de género registró un aumento de más del 70% de crímenes por prejuicio. En lo que va del año han documentado 15 crímenes, 20% más que en el mismo periodo del año pasado, explicó Diego Lima Franco, coordinador de dicha iniciativa.
HONDURAS: “QUE EL NUEVO GOBIERNO CUMPLA SUS COMPROMISOS”
Cambio de planes. Las marchas estaban programadas para el 8 de julio en la zona norte, pero se convocó a que fuera un movimiento nacional, en solidaridad al incremento de asesinatos contra personas LGBT+ en San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país.
La demanda política de esta marcha se concentra en que la presidenta Xiomara Castro cumpla con los siete puntos en beneficio a las personas LGBT+ a los que se comprometió. La entonces candidata prometió que incluiría a la población en su plan de trabajo. “Necesitamos incidir más directamente en ese plan” así como también buscar seguimiento en las políticas a nivel municipal, explicó Osman Luna, presidente del comité LGBT+ del Valle de Sula.
En 2021 Honduras se volvió un referente mundial cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso relacionado al asesinato de Vicky Hernández, una trabajadora sexual y activista de la organización Unidad Color Rosa. En 2009 Hernández fue asesinada en las calles de San Pedro Sula en un momento en que se producía un golpe de Estado militar. La Corte concluyó que Honduras violó el derecho a la vida basándose en el hostigamiento que sufrió y la impunidad relacionada a la violencia contra personas LGBTI.
Como consecuencia, el 9 de mayo de este año la presidenta Xiomara Castro reconoció públicamente “ante la comunidad internacional, el pueblo hondureño y la familia de Vicky Hernández, la responsabilidad del Estado de Honduras en los hechos que habrían llevado a su muerte”.
Por hechos como este, el nuevo gobierno representa una esperanza de cambio para sectores organizados de personas LGBT+, en contraste con el mandato pasado del presidente Hernandez, que en conmemoración del 15 de septiembre pasado llamó “enemigos de la independencia” a las poblaciones LGBT+.
En ese mismo mes, mientras era candidata, Xiomara Castro incluyó en su programa de gobierno competentes para que la educación pública no partiera del binarismo y fuera inclusiva a la diversidad. Sin embargo, ante la polémica generada, el ente político a cargo del programa de gobierno se retractó aduciendo que se trató de un error.
El principal reto de este gobierno consiste en cumplir las medidas de reparación consecuentes, como la beca educativa ”Vicky Hernández” para mujeres trans y la adopción de medidas legislativas y administrativas para reconocer la identidad de género de las personas trans, en concordancia con los estándares interamericanos de derechos humanos.
BELICE: “CELEBRANDO LA DEROGACIÓN DE UNA LEY ABERRANTE”
En este territorio caribeño, el Orgullo se celebra cada 10 de agosto, en conmemoración del día en el que en el 2016 la Corte Suprema declaró como inconstitucional la criminalización de los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. Como herencia de su periodo como colonia inglesa, Belice contaba con leyes que criminalizaban la “sodomía”.
En 2019, esta sentencia se confirmó despenalizando definitivamente la homosexualidad para este país y su interpretación incluye también que la discriminación basada en orientación sexual va en contra de la Constitución.
La persona que retó esta ley se llama Caleb Orozco. Fue el litigante principal en el caso que lleva su nombre: Caleb Orozco vs. la Procuraduría General.
Caleb explica que en Belice no existe una marcha, solo eventos privados que conmemoran esa fecha, “una celebración por haber sido el primer país de la Comunidad Caribe (CARICOM) que declaró inconstitucional la ley de sodomía que existía como herencia del periodo colonial británico”.
Actualmente, las demandas de Belice se concentran en una ley para tipificar los crímenes por prejuicio y una iniciativa que considere la igualdad de oportunidades.
COSTA RICA: “NADA QUE CURAR, NO MÁS TORTURAS (DE CONVERSIÓN)”
“Luchar, resistir y celebrar. Es importante recordar que hay que celebrar porque como país hemos tenido algunas conquistas en los últimos años”, explica a Infobae Javier Umaña, presidente de la Fundación que organiza esta actividad desde hace 12 ediciones.
Entre las celebraciones pendientes se encuentra que Costa Rica se haya convertido en el primer país centroamericano en avalar los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿La celebración del primer matrimonio y la entrada en vigencia del matrimonio? Transmisiones en vivo y eventos televisivos o digitales en un momento en el que el pico de contagios crecía y las medidas de distanciamiento eran la única herramienta preventiva.
En abril Costa Rica celebró sus elecciones y desde mayo cuenta con nuevo presidente: Rodrigo Chaves, cuestionado por las denuncias de acoso sexual interpuestas en su contra por trabajadoras del Banco Mundial cuando éste trabajó allí y por las que fue sancionado de manera interna.
El país vive un clima polarizante en el que las políticas en materia LGBT+ han sido determinantes para las últimas dos elecciones. Un mes después de llegar al poder, el presidente Chaves anunció que no continuaría con la figura de comisionadx presidencial LGBT+, figura creada en el gobierno pasado para poder gestionar esfuerzos de inclusión a lo interno de las instituciones públicas y de interlocución con la sociedad civil para atender sus demandas, como explicó a Infobae Luis Salazar, la primera persona designada para este cargo en 2018.
Justo en esta semana, un estudio realizado por el equipo local de Naciones Unidas y universidades, señaló un aumento en el discurso de odio, evidenciado a través del análisis del lenguaje en plataformas como Facebook y Twitter en donde los temas que más recogen discursos de odio y discriminación son la orientación sexual (143 mil), género (125 mil) y xenofobia (112 mil).
La marcha de este domingo finalizará en el Estadio Nacional de Costa Rica con un concierto de la chica dorada, Paulina Rubio, quien encabezó el programa del orgullo en Miami Beach el pasado septiembre.
PANAMÁ: “TODAS DIFERENTES, TODAS FAMILIAS”.
“Este año queremos llamar la atención a cómo los hijos e hijas de familias homoparentales sufren abusos y violaciones de sus derechos, porque no son reconocidas legalmente, incumpliendo con la Convención de derechos del niño y la niña”, contó a Infobae Franklyn Robinson, presidente del World Pride Panamá.
Para la organización panameña, el trabajo no se concentra solo en un día sino que han organizado un Festival con más de 55 actividades durante el mes, incluyendo foros, talleres, seminarios, cine, ferias de empleos y la marcha.
Los hijos e hijas que integran familias conformadas por parejas del mismo sexo se encuentran en una posición de vulnerabilidad estatal. El pasado septiembre, la Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo constitucional relacionado a la inscripción local del matrimonio entre Juan Francisco Alonso y Juan David Parra, celebrado en Colombia. Este es el cuarto caso de parejas del mismo sexo que buscan que el Estado panameño reconozca su matrimonio, desde el primer caso que se luchó en octubre de 2016 y que se encuentran pendientes de resolución y un fallo de la Corte.
Este video sobre la campaña “Sí Acepto Panamá” explica el contexto de esa lucha desde las voces de organizaciones como Fundación Iguales y las familias que buscan el reconocimiento de su matrimonio y los derechos derivados de esta unión.
Pau González, presidente de Hombres Trans Panamá recordó que este país tiene una deuda con la población LGBT+ “en especial con la población trans, no binaria e intersex” porque no existe ninguna ley que les garantice derechos. Su análisis reconoce que aunque existe una ley antidiscriminación, la ley no menciona explícitamente identidad de género u orientación sexual. En Panamá las personas trans no pueden cambiar el marcador de género de sus documentos de identidad, a menos que hagan un proceso quirúrgico y una revisión de la medicina forense estatal, “un proceso invasivo, con características de tortura y en contra de la dignidad humana”.
“Cada día hay más personas LGBT`+ que se organizan y personas aliadas que se unen a nuestra lucha”, explica Pau. “Más que una letra, somos seres humanos… libres e iguales en derechos y dignidad” y por eso vamos a seguir luchando.
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