La comunidad LGBT+ de Venezuela lucha cada día por transformar lo que en el papel o la práctica sigue pareciendo ilusorio. En el país gobernado por Nicolás Maduro existe actualmente un entusiasmo por los colectivos que se vuelcan a las calles a exigir la sanción de una ley de identidad de género, el matrimonio civil igualitario o la adopción homoparental; sin embargo, activistas de ese país encuentran desalentadora la ruta por la igualdad de derechos en el corto plazo.
Después del parón impuesto por la pandemia, ha habido en los últimos meses concentraciones pacíficas en ciudades como Caracas, Maracaibo y Miranda, donde la comunidad LGBT+ se ha movilizado ante organismos estatales, la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo, para exigir la aprobación de leyes antidiscriminación, aún sabiendo que, juzgando por el desinterés histórico de la cúpula chavista por el colectivo diverso, poco cambiará.
En Venezuela se vive un rezago en materia legislativa para las personas LGBT+ con respecto a las demás naciones de Latinoamérica, con el gobierno de Maduro siendo uno de los más hostiles con la comunidad de la región y con centenares de denuncias por violaciones a los DDHH a miembros del colectivo, que van desde el desabastecimiento de antirretrovirales para enfermos de VIH/sida hasta delitos de odio que no son investigados por la Fiscalía.
Por eso en el Mes del Orgullo múltiples activistas y organizaciones no gubernamentales han preparado encuentros, charlas educativas y un pancartazo nacional –el 24 de junio– en seis ciudades del país, entre ellas Caracas y Maracaibo. También habrá el día 22 una charla sobre cómo incidir públicamente por los derechos de la comunidad diversa y un Festival por el Pride con cine y otras actividades culturales.
Eso cuenta Lenin Castellano desde la ciudad de Caracas. El activista de 23 años, fundador de la ONG Nunca dejes de soñar, dice a Infobae que el movimiento LGBT “había dejado de hacer actividades callejeras” y en mayo del año pasado “comenzó a reactivarse”, pero le preocupa la “gran migración LGBT+” que se vive dentro de la población a causa del régimen represivo de Maduro.
“Nuestra población huye de la dictadura y de la emergencia humanitaria compleja, pero también se va en busca de felicidad y de sus derechos. Eso nos ha debilitado en las protestas y manifestaciones porque incluso los activistas LGBT+ han emigrado”, explica Castellano, quien señala sin embargo que poco a poco se ha ido incrementando la afluencia en las concentraciones.
Paradójicamente, cuenta Castellano, algunos sectores se plantean en estos momentos si salir a marchar o no, debido a la politización de la marcha sucedida en 2017, cuando un medio de comunicación, en un acto típico de propaganda del chavismo, aseguró que la población diversa había marchado a favor de la Asamblea Nacional.
Desde la ciudad de Maracaibo, Kayra Lugo, directora ejecutiva de la Fundación Ciudadanía Diversa, dice que la población trans planea salir a exigir su derecho a la identidad de género en el documento para poder “cambiar el nombre sin mucho papeleo”. Lo contrario les ha impedido acceder a empleos, recibir atención en salud e incluso las hace sufrir humillaciones en supermercados cuando les exigen el documento de identidad y son sometidas a insultos y burlas.
Lugo ha hecho presencia en manifestaciones recientes por el Día Contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia –el 17 de mayo– y por el Día Mundial de la Visiblidad Trans —el 31 de marzo pasado–, cuando entregaron a la gobernación del estado de Zulia un documento para exigir que se dispute y apruebe una ley por la no discriminación y por el reconocimiento hacia la comunidad sexodiversa.
Este año preparan una marcha para el 1 de julio en la que proyectan tener reuniones con representantes de la gobernación y legisladores con el fin de exigirles inclusión al momento de sancionar leyes y normas en favor de la población LGBT+. Como parte de las conmemoraciones y festejos que culminan con la Marcha del Orgullo, habrá cine, rueda ciclística, tertulias educativas y actividades artísticas con drag queens.
El punto alarmante que señala Lugo coincide con el de otros activistas. “En Venezuela no existe ningún interés en los políticos en reconocer a la comunidad sexo diversa y legislar por nuestros derechos. No hay proyectos en marcha”. Asegura que tampoco se ha discutido ni estudiado nada relativo al reconocimiento identitario de las personas trans. “Y no creo que tengan el menor interés”, recalca Kyara.
Otra demanda de las organizaciones y activistas es la implementación de mecanismos para tipificar los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Lenin Castellano menciona que a la par de las exigencias habituales se ha ido hablando sobre la necesidad de prohibir las llamadas terapias de conversión, así como la urgencia de una educación sexual integral, políticas contra el acoso escolar, el fin de la despenalización de la homosexualidad en el servicio militar y la discriminación hacia las personas LGBT+ que quieran donar sangre.
Y aunque advierte que en el ámbito nacional se encuentran “muy lejos” de un cambio en lo político y legislativo, es desde las alcaldías y gobernaciones donde existe “voluntad política”. En estos momentos se trabajan acciones para promover la inclusión con gobernadores, concejales y alcaldes de distintos estados venezolanos.
El activista Castor Sanoja, del estado de Barinas, sostiene a Infobae que desde el 2015 se planteó un proyecto de ley para aprobar el matrimonio igualitario, pero nunca se llevó a cabo. También considera que “se debe comenzar desde los municipios, estados y ciudades principales, para unirse y conformar un movimiento nacional completo para dar el siguiente paso, el cambio del código civil venezolano”, el cual ha impedido el desarrollo y el amparo de los distintos proyectos de ley.
Sanoja considera que la comunidad LGBT+ de Venezuela necesita “unirse” para enfrentar la LGBT-fobia del régimen de Maduro y “concretar estos proyectos nacionales”.
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