Inclusión laboral y ciudades más seguras: las propuestas de los candidatos colombianos para la comunidad LGBT+

El próximo 19 de junio, Colombia irá a las urnas no solo para elegir quien conducirá los destinos de sus más de 50 millones de habitantes por los próximos cuatro años. También decidirá si continúa en la senda de ampliación de derechos para la comunidad LGBT+ que el país viene transitando desde hace varios años, y que lo ha posicionado como una de las naciones más inclusivas de toda la región.

Vale recordar que, en el último tiempo, en Colombia se han concretado reclamos históricos del activismo LGBT+ como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el cambio del componente sexo de la cédula y la adopción homoparental. Además, en febrero la Corte ordenó a la Registraduría incorporar la categoría no binario (NB) en los marcadores de sexo del documento de identidad, y una sentencia reciente de la Corte obliga a las autoridades sanitarias a no discriminar a las personas LGBT+ donantes de sangre.

Gustavo Petro, que hizo historia desde la izquierda con los 8.522.399 de votos conseguidos en primera vuelta, y Rodolfo Hernández, un representante de derecha que asciende en las encuestas e intenta posicionarse como un “outsider” de la política en la línea Donald Trump o Jair Bolsonaro, fueron los candidatos que pasaron a la segunda vuelta tras los comicios del pasado 29 de mayo, en los que obtuvieron un 40% y 28% de los sufragios, respectivamente.

A diferencia de campañas anteriores, esta vez la agenda por los derechos de las personas LGBT+ se ha hecho presente en los programas de los candidatos, reflejando el interés de la sociedad en temas de diversidad de orientación sexual e identidad de género, pero lo han hecho de manera desigual.

“Hoy estamos en un escenario que años atrás era impensable. Por primera vez, cuatro de los seis candidatos que llegaron a primera vuelta tenían propuestas en materia de derechos de personas LGBT+”, explica en entrevista con Infobae Wilson Castañeda, director de la ONG Caribe Afirmativo, que presentó antes de primera vuelta un informe sobre la apuesta LGBT+ de los aspirantes a la presidencia.

“De cara a la segunda vuelta, si bien ambos tienen propuestas para la población LGBT+, contabilizamos que Petro tiene ocho y Hernández sólo dos”, precisa Castañeda. “Las del primero tienen un mayor nivel de incidencia porque están acompañadas no solamente de enunciación sino de acción, mientras que el segundo no propone acciones claras y concretas”.

Con ello concuerda la directora ejecutiva de la Fundación Grupo Acción y Apoyo Trans (GAAT), Danne Aro Belmont, que la semana pasada interpeló en televisión pública a Hernández, quien hasta el momento ha decidido no asistir a debates con los otros candidatos.

“Encontramos una diferencia no sólo en números, sino en enfoques”, explica Danne a Infobae. Las apuestas de Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, “no tienen que ver sólo con implementación, como las de Hernández, sino con inclusión sociolaboral, en términos de trabajo digno y decente para personas trans, con enfoque generacional”.

También menciona el “programa de ciudades seguras de violencia y discriminación; una apuesta que territorialmente funciona más, porque concibe un mandato nacional que haría que las alcaldías y gobernaciones puedan implementar de una mejor manera las políticas públicas existentes, o que empiecen a implementarlas”.

El programa de gobierno de Rodolfo Hernández, en efecto, habla de hacer efectivas las políticas vigentes y de crear espacios de diálogo que permitan la participación y la representación de comunidades LGBT+, diferenciándose de sus homológos de derecha en otras latitudes.

Sin embargo, no profundiza en aspectos como el laboral, educativo y del sistema de salud para las personas LGBT+, tampoco incluye propestas que protejan los derechos de las diferentes identidades de género o de personas no binarias y transgénero, como sí se lee en el programa de Gustavo Petro.

El reclamo por una Ley Integral Trans

Otra gran preocupación de los grupos LGBT+ es la activación de la Política Pública LGBT+, decretada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, predecesor del actual de Iván Duque, quien hizo caso omiso de dicha orden. “Cada día que pasa en el que no se implementa la Política Pública LGBT+ en Colombia, una persona es discriminada, violentada, hostigada, torturada o incluso asesinada. Estamos hablando de una necesidad, sobre todo para salvaguardar nuestro derecho a la vida, particularmente de las personas trans”, resume Danne Aro.

Otras de las “emergencias”, según Wilson Castañeda, es “el crecimiento de homicidios y feminicidios contra personas LGBT+. Es necesario activar la mesa de casos urgentes durante los primeros días de gobierno y actuar con la Fiscalía y la Defensoría para conseguir resultados”, dice.

Adicionalmente, menciona la importancia de crear un plan de atención especial para las personas trans en el país, “que están en altísima vulnerabilidad de sus derechos, y carecemos de un sistema de enfoques diferenciales que los atienda”. Sólo en el último año, de acuerdo con el portal Manifiesta Media, ha habido 35 asesinatos a personas trans, y más de 6 hombres torturados y asesinados en los últimos meses.

La directora de la Fundación GAAT resalta la necesidad de una Ley Integral Trans que las proteja, así como una ley (que ya entró a debate) que acabe con las llamadas terapias de conversión. “A través de exorcismos, torturas y las mal llamadas violaciones correctivas, son procesos que afectan la salud mental, física y emocional de las personas de los sectores LGBT+. Intentan modificar la orientación sexual creyendo que la identidad de género puede cambiarse”.

Luces y sombras en los historiales de ambos candidatos

Como ambos candidatos han ocupado cargos políticos previamente, Petro en Bogotá y Hernández en Bucaramanga, es posible evaluar sus compromisos y acciones en el pasado con los sectores LGBT+.

Según el informe presidencial de Caribe Afirmativo, en su paso por la Alcaldía de Bucaramanga de 2016 a 2019, Hernández no realizó ninguna acción concreta en favor de los derechos de personas LGBT+ en dicha ciudad de la zona norte del país, aunque en “un acto significativo y simbólico” defendió a personas de estos grupos de “comentarios polémicos y violentos” por parte de una diputada departamental.

De Gustavo Petro, como senador de la República en el período 2010-2016, se destaca en el mismo reporte que “fue uno de los principales congresistas en defender los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTIQ+”. Como Alcalde de Bogotá, hizo la contratación y vinculación más alta de personas de este sector, alcanzado a tener 100 personas LGBT+ en la entidad.

También consolidó el Centro de Atención a la Libertad Sexual, “siendo el más grande de Latinoamérica”, dice el documento. Como “dato contradictorio”, le señalan a Petro haber elegido siendo senador al Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, “quien fue un personaje con tendencias antiderechos y homofóbicas”, que “estuvo abiertamente en contra de las libertades de las personas LGBTIQ+”.

Petro también ha sido objeto de críticas por parte de agrupaciones feministas y su postura sobre el aborto la mantuvo un rato en la ambigüedad, pero se mostró a favor de la despenalización aprobada el pasado 21 de febrero.

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