“Los homosexuales no podrán votar en Buenos Aires”: el titular que sacudió al gobierno de Alfonsín y puso en jaque su reputación internacional

En plena democracia, la discriminación contra los miembros de la comunidad gay desató un escándalo internacional. La avanzada de los militantes y la presión mediática obligaron al gobierno de Raúl Alfonsín a dar respuestas.

La voz de Alejandro Salazar retumbó en un estudio de televisión ante la mirada atenta de sus compañeros de militancia: “Indignidad es el genocidio”. Fue tan memorable su intervención que las palabras del presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) quedaron registradas en letra mecanografiada.

No era algo usual en 1987. Su aparición en los medios reclamando por los derechos gay todavía parecía novedosa. Pero fue un episodio casi accidental lo que encendió la mecha del debate público. El miércoles 28 de enero podría haber pasado inadvertido si no fuera porque un periodista leyó con atención el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Ese verano, los primeros nubarrones de la primavera democrática comenzaron a asomar. En medio de la escalada inflacionaria y una oleada de paros sindicales, el gobierno de Raúl Alfonsín se preparaba para las elecciones de medio término en septiembre. Las noticias de enero alivianaban los pronósticos de crisis con las últimas tendencias de Mar del Plata y los preparativos para la visita programada del Papa Juan Pablo II. Entre las secciones de avisos oficiales y jurisprudencia, se destacaba la última publicación de la Ley electoral N° 5109. Lo que parecía un simple reordenamiento de artículos e incisos, resultó en un escándalo de proporciones internacionales cuando se puso la lupa sobre el inciso L del artículo 3°, aquel que le negaba el derecho del voto a ciertos ciudadanos por cuestiones de “indignidad”.

La noticia que comenzó a circular a toda velocidad puso en aprietos al gobierno de los Derechos Humanos: en plena democracia los homosexuales todavía eran discriminados a la hora de votar.

“A pesar de que la inhibición legal que pesa sobre los homosexuales en la provincia de Buenos Aires haya sido letra muerta desde 1946, la difusión del texto de la norma levantó una polvareda de opiniones y causó un verdadero revuelo periodístico”, advirtió el diario platense El Día. En un comienzo, todo fue confusión. Durante los días iniciales, los diarios le endilgaban la redacción de la norma al gobierno radical de Alejandro Armendáriz. Lo cierto era que la prohibición estaba vigente desde hacía 40 años pero ese dato no logró detener la bola de nieve. El revuelo había empujado a varios funcionarios radicales de alto nivel a “revalidar conceptos que el radicalismo quiere mantener enhiestos, especialmente aquel que proclama la igualdad ante la ley”. El teléfono de la Casa de Gobierno ardía en llamadas de periodistas que pedían alguna explicación on the record. Del otro lado del tubo, se limitaban a decir: “Fue sancionada y promulgada durante la gobernación del coronel Domingo Mercante”, dejando puntos suspensivos sobre las conclusiones.

En cuestión de horas, las consultas trascendieron del código interurbano al internacional. El diario español El País tomaba nota del entuerto: “Si Dios y el presidente Raúl Alfonsín no lo remedian, la ley regirá en las importantes elecciones provinciales de finales de año”. El título que habían elegido para dar cuenta de la situación causó impacto: “Los homosexuales no podrán votar en Buenos Aires”. Y es que la norma preveía que el voto podía declararse nulo por insanía mental, delitos con sentencia firme o por conductas “inmorales” asociadas a la homosexualidad. El ministro de Gobierno, Juan Portesi, intentó salir del paso excusándose en la técnica legislativa para concluir que: “A criterio del Poder Ejecutivo debe desaparecer la prohibición establecida para los homosexuales”. El absurdo era tal que incluso arrojaba dudas sobre los resultados electorales de ese año en la Provincia de Buenos Aires. “En las elecciones de finales de año los peronistas pueden recuperar su feudo perdido”, reportaban desde Madrid.

La ley 5109 había sido decretada por el gobierno del General Domingo Mercante y agrupaba en un mismo rubro a delincuentes, miembros de la curia y homosexuales. Se trataba de una prohibición electoral que iba en tándem con otra serie de normas de corte moralista sancionadas durante el primer gobierno peronista. “Entre sus objetivos, los golpistas de 1943 echan mano a uno repetido y temible: el saneamiento moral del país (...) En la reforma de 1951 al Código de Justicia Militar se menciona por primera vez la homosexualidad como causal de degradación, destitución y hasta de prisión”, escribió el periodista y escritor Alejandro Modarelli. Con el Código Bustillo, se les prohibía el ingreso al servicio militar. Con los edictos policiales, se los perseguía en la calle. Con la ley electoral, se les prohibía votar.

“Nos gustaría saber cómo nos prohibirían hacerlo porque nosotros no tenemos un cartelito en la frente que diga ‘yo soy homosexual’”, comentaba el secretario general del Movimiento Gay Argentino, Raúl Soria Yael. En la práctica, era una ley inaplicable pero no por ello menos discriminatoria. Y el reclamo por su derogación no era nuevo. “Aunque el ministro de Gobierno haya dado su palabra sobre la futura derogación de la ley, hasta que no se hayan dispuesto las medidas correctivas no se puede creer, porque otros funcionarios, en 1985, hicieron la misma promesa y no la cumplieron”, agregó el presidente de la CHA, Alejandro Salazar. En dicho año, Soria se había convertido en el primer candidato homosexual para diputado en el país; los militantes se habían expresado en contra de la ley pero no tuvieron respuesta. “Nosotros preguntamos de qué manera aprobaron esta ley y si lo hicieron a libro cerrado, lo que implica que nuestros legisladores provinciales lo único que hicieron fue levantar la mano sin saber qué estaban votando”. El reclamo electoral era la punta del iceberg: “La única audiencia que tuvimos fue la de los problemas que tenemos en las comisarías. Por ser homosexual te proscriben en todas partes”. Durante la década del destape la onda expansiva de los años de persecución todavía podía sentirse.

Daniel Vega había vivido en carne propia las redadas y los arrestos cuando integraba la célula Oscar Wilde, de La Plata, durante los ‘70. Su primera manifestación pública fue para la asunción de Raúl Alfonsín. Debajo de la pancarta de la CHA en Plaza de Mayo se quedó conversando con su amigo, Carlos Jáuregui, quien lo había animado a militar e impulsó -años más tarde- la prohibición contra la discriminación por la orientación sexual. “Al otro día aparecí en una foto del diario Clarín. Me llamaron de la oficina de personal y me preguntaron qué hacía ahí. Yo les dije que hicieran lo que tuvieran que hacer, pero yo con mi vida hacía lo que quería”. Como no podían echarlo, sus jefes lo enviaron a la Siberia de la burocracia estatal. Con la democracia comenzaron a presentar propuestas desde la CHA pero “cada partido estaba dividido”. La reacción de los dirigentes políticos ante los derechos de la comunidad homosexual todavía era tibia cuando no ambivalente.

Alarmados por la serie de asesinatos a homosexuales y la constante persecución que habían sufrido durante la dictadura, se formó la Coordinadora nacional agrupando a varios grupos de militantes en todo el país. En 1985 todavía eran frecuentes las detenciones arbitrarias, bajo la excusa de “averiguación de antecedentes”. Con los aires de renovación democrática, los miembros de la Coordinadora llevaron su reclamo a distintos dirigentes pero las fuerzas políticas no supieron qué hacer con eso. Así lo consignó Osvaldo Bazán en su libro “Historia de la Homosexualidad en la Argentina”: por la UCR, el candidato a diputado, Marcelo Stubrin “manifestó que su partido estaba en contra de toda legislación contra los homosexuales”. Mientras que el ministro del Interior, Antonio Troccoli decía: “La homosexualidad es una enfermedad. De manera que nosotros pensamos tratarla como tal”. Al dirigente del Partido Comunista, Fernando Nadra, se le preguntó si prefería tener un hijo policía u homosexual, “preferiría que fuera policía”, respondió. Y el ex candidato del Partido Justicialista, Ítalo Luder aclaraba: “desde luego que el peronismo hace una descalificación categórica de la homosexualidad, pero que yo sepa no ha reprimido nunca ni ha dictado una legislación represiva sobre ese tema”.

Juan Manuel Casella era un joven candidato para la Provincia de Buenos Aires por la UCR. En una elección peliaguda, le disputó la gobernación a Antonio Cafiero pero terminó perdiendo en 1987. En su comité de campaña sobre la calle Paseo Colón y Chile le tocó recibir a militantes de la comunidad homosexual. Sobre sus derechos recuerda que “no era un tema que despertara mucho interés en el radicalismo, nunca hubo sectores duros, sí prejuicios. Y había cierta influencia de los sectores ultra católicos en la opinión partidaria”. Por televisión, el ministro de Armendáriz se había comprometido a derogar la ley, incluso el radicalismo presentó un tímido proyecto de reforma en la legislatura bonaerense pero el breve viento de cola mediático no fue suficiente para impulsarlo en tablas. El desplome del Plan Austral, los 13 paros generales de la CGT y la sublevación de los carapintadas en Semana Santa desviaron la atención una vez más. Hubo que esperar a 1990 para que el senador disidente Manuel de Armas -quien luego fallecería trágicamente tras quemarse a lo bonzo en el 2001- elevara el proyecto que terminaría con la proscripción.

Las elecciones provinciales de 1991 fueron las primeras en las que cualquier persona, sin importar su orientación sexual, era reconocida como un ciudadano con derecho al sufragio. Había mucho por hacer. Cinco años después, la iniciativa de Carlos Jáuregui para prohibir la discriminación por la orientación sexual se aprobó por unanimidad en la Legislatura porteña y pasó a integrar la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Él ya no estaba para verlo. Pero la letra de la ley quedó para empezar a construir una sociedad más inclusiva.

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