Guatemala es uno de los países latinoamericanos más hostiles con la comunidad LGBT+: una campaña viral busca revertirlo

En la noche del 9 de marzo, es una noticia que dio vuelta el mundo, el Congreso de Guatemala aprobó por una aplastante mayoría una ley que prohibía explícitamente los matrimonios del mismo sexo, así como también establecía una pena de cárcel de hasta 10 años para las mujeres que abortaran. Activistas y expertos en DDHH denunciaron que esa día Guatemala decidió volver a la Edad Media.

La draconiana iniciativa, impulsada por el oficialismo y que según el propio texto aprobado buscaba impedir que “grupos minoritarios” promovieran “modelos de conducta y conviviencia que amenazan el equilibro moral de la sociedad”, incluía además la prohibición de la enseñanza en colegios de cuestiones relacionadas a las distintas orientaciones sexuales e identidades de género, emulando lo que está ocurriendo en algunos estados americanos controlados por los republicanos como Texas y Florida.

Si bien finalmente el gobierno debió dar marcha tras las numerosas protestas de prominentes actores de la sociedad civil y organismos internacionales -el presidente conservador Alejandro Giammattei, cuyo partido controla el Congreso, argumentó que la ley debía archivarse porque violaba la Constitución y varios tratados que el país suscribía en materia de DD.HH.- el episodio sirvió como un brutal recordatorio de la hostalidad que históricamente este país centroamericano ha tenido hacia su población LGBT+.

Y es que a diferencia de la mayoría de las naciones sudamericanas y de América del Norte desde los primeros años de este siglo, Guatemala es uno de los tantos países de América Central que no posee una ley que permita a las personas del mismo sexo contraer matrimonio o una unión civil, ni tampoco contempla el derecho a cambiar legalmente de género a personas trans o la adopción a familias homoparentales.

Como si esto fuera poco, pese a los distintos proyectos elaborador por partidos de izquierda y organizaciones de DD.HH. en los últimos años, las leyes guatemaltecos tampoco protegen a la población LGBT+ de ser despedida por razones de discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

En medio de este escenario de discriminación institucionalizada -la iglesia católica y la evangelista son dos grandes actores políticos en Guatemala- es que la organización Visibles, que trabaja para impulsar los derechos de las personas LGBT+ en el país centroamericano, lanzó los días pasados la campaña “Somos familia”, con el objetivo de derribar los prejuicios sobre dicho colectivo y acercar posiciones con personas que todavía no están convencidas en que dar ese paso de aceptación y ampliación de derechos es el camino correcto.

“Quisimos hacer esta campaña porque nos dimos cuenta que además de las otras acciones positivas para la comunidad que podemos hacer, como son las denuncias de abusos, por ejemplo, también era necesario llegar a los hogares de todos los guatemaltecos y mostrarles que nosotros compartimos los mismos valores de amor, respeto y familia que cualquier persona”, explica a Infobae Homero Fuentes, de 33 años, director de proyecto de la organización Visibles.

En los videos para la campaña, que se han viralizado en las redes y también son exhibidos en la televisión de ese país, distintas parejas de la comunidad LGBT+ abren las puertas de sus casas para mostrar su vida cotidiana, cuentan cómo fue salir del closet con sus padres y hablan del futuro que planean juntos.

La realización es emotiva, cercana, efectiva. Se trata de un abordaje tradicional hecho a medida de una sociedad tradicional. Aquí no hay confrontación, sino un mensaje de “amor es amor” que apunta a mostrar que una persona LGBT+, aquella a la que la sociedad guatemalteca históricamente le ha negado derechos, es una persona igual que cualquiera, con sus mismos miedos, sueños y deseos.

“Casi todas las personas conocen alguien de la comunidad LGBT+, ya sea un familiar, un amigo o un compañero de trabajo. Queremos que nos vean para que estas personas eventualmente apoyen los esfuerzos para que los modelos de familia diversos también sean incluidos en nuestras leyes”, explica Fuentes, quien dice que como activista debe ser optimista de que las cosas en su país pueden cambiar, pese al nulo interés que por el momento han mostrado los sucesivos gobiernos en Guatemala.

Vale recordar que en el 2020, la administración de Giammattei promulgó la llamada “Ley de ONGs”, que establece que el Estado puede quitarles el registro a las organizaciones si considera que estas atentan contra el “orden público” y perseguir a cualquier miembro de una ONG por su trabajo. Esta ley, ampliamente criticada por los organismos de DD.HH. locales e internacionales, ha provocado que muchos de los activistas LGBT+, se sientan amedrentados de alzar la voz sobre la situación con respecto a los derechos de las minorías del país.

Otros, como Homero Fuentes, dicen que los recientes intentos por parte del Estado de coartar todavía más los derechos de grupos históricamente relegados, les ha dado un envión de fuerzas, y mayor claridad estratégica.

“Nos dio mucha motivación juntarnos con grupos de padres y madres y con los movimientos feministas. Este nuevo ataque hizo que muchos grupos que no siempre trabajaron mancomunadamente se sentaran en la misma mesa y discutieran sobre cómo seguir luchando partir de ahora. Sabemos que este no es un momento para bajar los brazos, porque si no se adoptan medidas que nos protejan, nuestras vidas y las de la propia democracia están en peligro”, advierte.

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