Todo empezó este miércoles con un posteo de Camila Sosa Villada en la red social “X”. Allí, la autora de Las malas criticó la suba en los precios de los libros con un mensaje que sacudió el mundo editorial y reabrió debates en el sector.
“A ver editorial si vamos bajando el precio de los libros, que además ya se amortizaron. Salvo que quieran matar a los autores y distanciarlos de sus lectores, cosa que me parece muy probable dados los últimos acontecimientos. BAJEN LOS PRECIOS”, fueron las palabras de Sosa Villada haciendo referencia a los precios de sus libros ―y el de todos― y a los numerosos aumentos registrados desde mediados del año pasado.
“Si los escritores no podemos hablar de nuestro trabajo como cualquier otro trabajador, sino podemos decir lo que está mal, entonces somos esclavos, no escritores”, siguió Sosa Villada.
Y las críticas no tardaron en llegar.
Pero antes de la polémica, hagamos un repaso de ejemplos concretos. Si tomamos el libro más emblemático de Sosa Villada, Las malas, en los últimos seis meses el precio subió un 220 por ciento. El libro, que a principios de julio en Argentina salía 7.500 pesos (y a finales de ese mes 8.900), desde enero de este año sale 24.000 pesos. Los mismo sucede con el resto de su obra, como la reciente reedición de Tesis sobre una domesticación y Soy una tonta por quererte.
Según los editores que salieron al cruce de Sosa Villada en esa red social, el reclamo invisibiliza las condiciones de producción de las editoriales y los costos asociados a los aumentos de precios. Por ejemplo, el costo del papel que aumentó exponencialmente (300% en el último año) y la dificultad para reimprimir. Pero, se sabe, las reglas de juego no son iguales para grandes grupos editoriales y editores independientes. Tampoco los modos de creación de precio de venta al público (PVP).
Denis Fernández, editor de Marciana, salió a responderle a Sosa Villada en X. “Es una estupidez lo que decís. Como editor de una editorial, te invito a que vengas con nosotros a la imprenta para que veas como nos destrozan con aumentos de papel y materia prima para hacer libros que vos querés baratos. Hay que hablar con conocimiento de causa”, escribió.
Por su parte, Julieta Elffman, editora de TantaAgua Editorial también contestó en ese hilo: “No voy a defender a tu editorial porque no sé cómo fijan los PVP, solo paso a comentar que el precio no se relaciona solo con el costo inicial sino también con el de reposición: cuánto saldría reimprimir”.
Y siguió: “Hay mucho desconocimiento acerca de cómo funciona la industria editorial en Argentina, y muchas veces se generan falsas dicotomías o enfrentamientos innecesarios entre autores y editores. En momentos como este, pueden ser fatales.”
Marina Yuszczuk, editora del sello Rosa Iceberg, dijo a Télam que observa que en los últimos años hay " un divismo creciente de parte de muchos autores y un exitismo feroz, que hace que solo puedan pensar en sus propios contratos y ganancias y no les interese en lo más mínimo tener una visión más de conjunto del ecosistema del libro, ni de la cultura en general. El tema es: vendo yo y lo demás que reviente, aunque se disfrace demagógicamente de una preocupación porque los propios libros resulten accesibles”.
La caja de Pandora
Con el posteo de Camila Sosa Villada se abrió la caja de Pandora. Los precios de los libros fue la punta del iceberg sobre el acceso a la lectura y el difícil contexto argentino. Es que con la inflación a niveles altísimos, las condiciones de pago de las editoriales a las librerías también sufieron modificaciones.
Mientras las pequeñas y medianas editoriales dan sus libros en consignación, los grandes grupos editoriales, cuentan de distintas librerías independientes, mandan los listados y las condiciones para tener los libros. Algunos títulos van consignados, otros en firme y, a veces, combinando las dos.
Sin embargo, apuntan un cambio. Cuando antes la mayoría era consignado, ahora piden cada vez más compras en firme, particularmente de aquellos títulos que más se venden. Así, se achican las posibilidades de tener los best-sellers en sus estanterías. “Con la devaluación piden que los plazos de pago se acorten”, señalan.
El cuadro de situación de la industria del libro es delicado. A fines del año pasado, con la propuesta de ley “ómnibus” que en el artículo 60 ―incluido en el título 3 de Reorganización Económica, capítulo 1 de Desregulación económica― promueve la eliminación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como “Ley de Defensa de la Actividad Librera”, las alarmas se encendieron.
Se busca, entonces, eliminar la normativa por la que los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe. Es decir, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Lo mismo sucede con las ediciones digitales. Una ley basada en una norma francesa, que busca proteger a las librerías frente a “grandes superficies”, como supermercados, que pueden ofrecer grandes rebajas porque hacen sus ganancias con otros productos.
Las polémicas y las urgencias son múltiples en el sector. Mientras, los libros buscan a sus lectores, con bolsillos cada vez más flacos.