Los que hicieron el Juicio a las Juntas, ¿tuvieron miedo?

En las escalinatas de la Facultad de Abogacía de la UBA, cientos de chicos, amigos y familias se reunían a festejar a los flamantes abogados, que, después de dar el último examen, iban en busca de los abrazos —y los huevazos—. Bombos, redoblantes y una trompeta que parecían salidos de La Doce marcaban el ritmo con “Muchachos”, canciones de Gilda y Estelares.

Adentro, en el Salón Azul, había otra clase de festejo. Más contenido, por supuesto, pero en absoluto menos feliz: se presentaba el libro Alfonsín y los derechos humanos. El trasfondo ético, político y jurídico del juicio al mal absoluto, de Alejandro Carrió, que convocó a los grandes protagonistas de la historia, a todos los que intervinieron en el armado y la concreción del Juicio a las Juntas.

Ahí estaban Jaime Malamud Goti y Martín Farrell, quienes diseñaron la estrategia; ahí estaban León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma, cuatro de los jueces que integraron la Cámara; ahí estaban Graciela Fernández Meijide, con su rol protagónico en la CONADEP, Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de Alfonsín, Raúl Alconada Sempé, vicecanciller, y José Ignacio López, quien fuera el vocero presidencial y quien, en plena dictadura, se animó a preguntarle a Videla por los desaparecidos y consiguió que el otro le dijera la frase tristemente célebre sobre que eran una incógnita y no tenían entidad.

“Quería escribir este libro como homenaje a Raúl Alfonsín”, dijo Carrió, “por su política de Derechos Humanos valiente, equilibrada y de gran coraje”. Carrió es miembro fundador y actual vicepresidente de la Asociación por los Derechos Civiles, una ONG creada en 1995 para la afirmación de derechos y principios constitucionales, con actividad en áreas de litigio de interés público, defensa de la libertad de expresión y privacidad, y monitoreo del funcionamiento del Estado. Además integra el Consejo de Administración de CIPPEC.

El escenario elegido fue preciso no sólo por el valor histórico de la facultad —”Este es un centro plural: acá se organizaron los debates presidenciales”, dijo el decano Leandro Vergara a modo de presentación— sino por la carga simbólica del salón mismo. Un mural detrás de los oradores mostraba íconos de la República: la casa de gobierno, el edificio de la facultad, la multitud que saludaba a Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 cuando él y su mujer desfilaban en un Cadillac descapotable.

Con una moderación respetuosa, sólida, perfecta de Hugo Alconada Mon —que sólo se permitió un mínimo desliz cuando Raúl Alconada le dijo “Huguito” y aclaró: “Le digo así porque es mi sobrino”— la presentación del libro fue, en realidad, un ejercicio de memoria colectivo.

“Cuando Alfonsín concibió la idea del juicio”, dijo Martín Farrell, uno de los ideólogos de la estrategia judicial junto con Jaime Malamud Goti y Carlos Nino, “tenía una vocación legal y moral”. Farrell, que no casualmente ganó en 1996 el Konex de Platino en Ética, hizo hincapié en los valores del ex presidente. “Alfonsín decía: ‘No puedo hacer el juicio si no es moralmente correcto’”.

Poco antes de la entrega del poder, el régimen militar había firmado una ley de autoamnistía que exoneraba a los dictadores de los crímenes del terrorismo de Estado. Esa ley parecía blindarlos completamente; Ítalo Argentino Luder, candidato por el peronismo y abogado constitucionalista, la había aceptado. Pero Alfonsín se negó a hacerlo y desde el mismo día de la sanción buscó la manera de conseguir el rechazo. No había que derogarla, lo que por una cuestión legal de todas maneras hubiera beneficiado a los militares, sino declararla inconstitucional. A la vez comenzó una campaña en la opinión pública con la presentación de un artículo que se llamó “No es la palabra final” —en clara referencia a la “Palabra final” que había presentado la dictadura— en donde detallaba punto por punto el accionar terrorista del régimen.

Alfonsín, siguió Farrell, decía que los electores tenían que saber qué pensaba hacer. “Y se los dijo dos veces: en el documento ‘No es la palabra final’ habló del juicio y de la obediencia debida, y luego, en el acto del Ferro, ante 50.000 personas, habló de los tres niveles de responsabilidad”. Esos tres niveles distinguían a quienes habían dado las órdenes, a quienes habían cometido excesos y a quienes se habían atenido, en un marco de caos y desconocimiento, a cumplirlas. Pero en ninguna circunstancia dejó impunes el robo de bebés, las violaciones y los saqueos a la propiedad privada.

Para Malamud Goti había un problema práctico: a cuántos militares había que juzgar. Porque, por un lado los juicios tenían la particularidad de darle la razón a quienes habían sido víctimas. “Se acababa el ‘En algo habrán estado’”, dijo. Pero, por otro lado, cómo hacer el juicio sin debilitar a las instituciones judiciales, ya de por sí débiles. El gobierno militar podía mostrarse en retirada, pero estaba lejos de perder su dominio. No hace falta más que pensar en Semana Santa y en los demás intentos de golpes de Estado que sufrió Alfonsín durante su mandato. Malamud recordaba que, mientras planteaban la estrategia, se encontró con un tal Comodoro Miari que le dijo. “Si ustedes tienen piensan hacer juicios a los militares, entonces no va a haber transferencia de poder”.

“Nadie quería el juicio”, dijo Ricardo Gil Lavedra. No solo los militares., tampoco los políticos, los empresarios, los medios. “Por eso, había que apurarse a hacerlo. Había que actuar antes de que creciera el malestar militar”.

Un hecho clave para el juicio fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. Horacio Jaunarena recordó que la idea era congregar a un grupo de personas moralmente intachable. Ellos también merecieron el reconocimiento y el recuerdo: Ernesto Sabato, Ricardo Colombres, René Favaloro —que luego renunció por estar en desacuerdo con que la comisión no estuviese facultada para investigar los crímenes de la Triple A—, Hilario Fernández Long, el pastor Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky , el rabino Marshall Meyer, el obispo Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú, Santiago Marcelino López, Hugo Piucill, Horacio Huarte.

“Yo tuve el privilegio de llamar a dos personas para integrar la CONADEP”, dijo José Ignacio López, que con su voz calma y cordial conseguía transmitir una emoción profunda, “a Magdalena, con quien había trabajado tres años, y al Monseñor De Nevares”.

La CONADEP, sin embargo, necesitó vencer ciertas resistencias como las de Hebe de Bonafini y Adolfo Pérez Esquivel. Inicialmente, hasta Graciela Fernández Meijide le puso reparos. “Yo no formé parte desde el principio”, dijo, “porque estaba por la Bicameral”. Pero como esa comisión política no pudo formarse por la negativa del peronismo y en la CONADEP estaban Gattinoni, Meyer y De Nevares, que integraban la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ella les preguntó por qué sumarse: “Alfonsín nos lo pidió por la patria”. Así, Fernández Meijide se sumó con voz, pero sin voto.

La defensa había planteado investigar qué habían hecho los desaparecidos, pero los jueces desestimaron ese pedido. Y la estrategia de la CONADEP fue buscar al desaparecedor y no el desaparecido. Tomaron miles de denuncias y con los testigos que aceptaron ir a los centros clandestinos de detención constataron la veracidad de los testimonios. “Íbamos con un fotógrafo y un arquitecto”, dijo Fernández Meijide, “y encontrábamos escaleras escondidas, un ascensor. La sensación que veíamos en ellos era mucha ansiedad, mucho coraje, y aunque parezca contradictorio mucha alegría de ver que aquello que habían contado era tal cual”.

La presentación abundó en distintas cuestiones propias del juicio, algunas anécdotas de los participantes, la lucha cuerpo a cuerpo con los abogados defensores, la voluminosa prueba que necesitó una habitación completa para almacenar los informes, el rol crucial del fiscal Julio Strassera. En un momento Alconada Sempé recordó que Fidel Castro le había mandado un mensaje a Alfonsín para apurar la sentencia: “Esto es como el veneno, se toma de un trago o no se toma, no vas a estar haciendo gárgaras”.

Al final, Hugo Alconada les pidió a cada uno que contaran si alguna vez habían sentido miedo. Las respuestas dan el tenor de la osadía de cada uno y de por qué la Historia les guarda un lugar.

Guillermo Ledesma: “En el Juicio a las Juntas nunca tuve miedo. Pero sí tuve dudas con las penas”.

Jorge Valerga: “Yo no tengo el recuerdo ni la sensación de haber tenido miedo. Contribuyó que éramos un grupo unido y con gran experiencia judicial”.

León Arslanian: “Me sentí sumamente seguro de lo que iba a hacer y de la responsabilidad que había asumido”.

Ricardo Gil Lavedra: “Yo no tuve miedo personal, pero sí tuve miedo a fracasar. ¿Podríamos hacerlo? Parecía una empresa imposible”.

Martín Farrell: “Yo sí tuve miedo porque soy un cobarde”, dijo y la sala lo aplaudió entre risas. “Pero también me da vergüenza irme y no me quedo otro remedio que quedarme a hacer la tarea”.

Graciela Fernández Meijide: “Sólo los locos no tienen miedo. Lo importante fue ponerle nombre al miedo. Tuve miedo cuando llegaron amenazas a la CONADEP y me pusieron custodia. Pasé toda la dictadura sin custodia pero la acepté porque me dijeron que, si en esa época me mataban la culpa era de Videla, ahora sería de Alfonsín”.

José Ignacio López: “Miraba para atrás todo el tiempo, pero uno se construye alguna defensa. Había que trabajar”.

Raúl Alconada: “Me tuve que ir en el 74 unos días afuera, y cómo habrá sido de jodido el miedo que cuando volví me casé. Gracias a Dios, desarrollábamos el humor. Alfonsín se reía a carcajadas conmigo”.

Horacio Jaunarena: “Yo fui el cuarto ministro de Defensa de Alfonsín. Y experimenté el miedo en Semana Santa, cuando una patota de cinco militares entró a buscarme y uno amartilló una ametralladora. No sé si me di cuenta de que tenía miedo; la única preocupación que tenía era cómo hacer para que ese energúmeno no tirara. No tuvimos miedo porque no teníamos tiempo”.

Llegados casi al final de la charla, a Jaunarena se le quebró la voz. “Los juicios no podrían haberse hecho sin el apoyo de la gente”, dijo. Alfonsín sabía que no tenía el poder para enjuiciar a dos mil militares, pero cuando dejó el gobierno estaban cumpliendo condenas o procesados las Juntas, Ramón Camps, Miguel Etchecolatz, López Rega, Suárez Mason, Firmenich, Obregón Cano: era la manera de reaccionar de un Estado democrático.

En el cierre, Hugo Alconada rindió homenaje a quienes ya no están. Dijo los nombres puntuando cada uno. Con una pausa que fue cargando el aire con un tono conmovedor. Dijo: “Julio Strassera. Andrés d’Alessio. Carlos Nino. Magdalena. Emilio Mignone. Ernesto Sabato. Alfredo Bravo. Raúl Alfonsín.”

(Fotos: Franco Fafasuli)