Álvaro Alfonso: “El partido comunista apoyó el golpe en Uruguay pero sus miembros ahora cobran reparaciones”

En La intriga de los derechos humanos, el escritor y periodista Álvaro Alfonso arroja una mirada crítica sobre las políticas de reparaciones que se llevaron a cabo en el Uruguay, un país que este año cumplió 50 años desde que se instauró su última dictadura.

Con abundante documentación y testimonios exclusivos, en este libro -editado por Planeta- Alfonso desarrolla lo que entiende como “temas pendientes” para avanzar como sociedad, así como también algunas de las consecuencias políticas, económicas y sociales más importantes que atravesó el país. Los llamados “archivos de la dictadura” y su acceso complicado, las reparaciones económicas a los ex presos políticos; el entramado del poder que rodeó la búsqueda de los desaparecidos, entre otros temas complejos, forman parte de su mirada particular y cuestionadora.

Autor de 17 libros, este año Alfonso también publicó El golpe de todos, una crónica minuciosa y documentada que puede descargarse gratis desde este enlace a la tienda de libros electrónicos Bajalibros. Allí se enfoca en el proceso que derivó en los hechos del 27 de junio de 1973, cuando el entonces presidente del Uruguay, Juan María Bordaberry, disolvió el Parlamento y se mantuvo tres años más en su cargo, dando inicio a una dictadura cívico militar que duró más de una década. Recién en 1985 Uruguay recuperó la democracia y sus instituciones.

En diálogo con Infobae, el escritor dio algunos detalles sobre su nueva obra.

-En su libro sostiene que la política de reparaciones en Uruguay, dispuesta por ley, significará unos 1.000 millones de dólares cuando termine la actual administración ¿Esto es algo que se podría rever?

-El gobierno no va a tomar ninguna decisión para dejar sin efecto las leyes. La razón: todos los partidos políticos las aprobaron, con excepción de algún artículo de la ley 18.596 no refrendado por los partidos fundacionales del Uruguay (Colorado y Nacional). Son cuatro leyes de la discordia, aunque hay otras menores que corrigieron situaciones de procedimiento.

Durante la Dictadura, miles de funcionarios públicos fueron clasificados en tres categorías: A, B y C. Los limitados con la C fueron cesados. Con la vuelta a la democracia, el 1° de marzo de 1985, se votó la ley 15.783. Se presentaron 30.000 personas supuestamente afectadas. El Estado atendió a 18.000 funcionarios. Algunos volvieron a la actividad, otros debieron jubilarse. El costo de esa ley hoy sería unos 340 millones de dólares. Las leyes que generan recelo son todas de los gobiernos del Frente Amplio. La 18.033 es conocida irónicamente como la ‘ley de guerrillero’. Allí inicialmente se presentaron más de 9.000 solicitudes de supuestos damnificados. Hoy la cobran más de 2.000, siendo el ingreso mensual de la reparación pecuniaria de uno 1.500 dólares. Para dar un ejemplo de su dimensión, la crisis financiera que afectó al Uruguay en 2002, durante el gobierno de Jorge Batlle, se solucionó con un préstamo de 1.500 millones de dólares que fueron enviados por el entonces presidente estadounidense George Bush.

Además, el 9 de febrero de 1973 se produjo una rebelión militar que desobedeció una decisión del presidente constitucional en ese entonces, Juan María Bordaberry; luego el mandatario encabezó el golpe de Estado el 27 de junio del mismo año, junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas. El Partido Comunista en el Uruguay (PCU) apoyó el movimiento de los militares contra el presidente Bordaberry. Sin embargo, se supone que los que accedieron a los beneficios eran simpatizantes del PCU. La ley rige desde el 2008. Ese año cobraron 13 ciudadanos, el pico fue en el año 2018 con 839 y en 2022 bajó a 727. El costo hoy para el Estado ya alcanzó los 90 millones de dólares.

-¿Por qué asegura que en alguna de estas normas se fingió una dictadura?

-Porque la ley 18.596 tiene dos facetas, las reparaciones a quienes no accedieron a la ley 18.033 y pegarle una puñalada a la historia nacional. Se induce a través del artículo 2 a manifestar que la Dictadura se instaló el 13 de junio de 1968 cuando el presidente constitucional Jorge Pacheco Areco (Partido Colorado) aplicó medidas prontas de seguridad que están insertas en la Constitución de la República. Según el artículo 2 de la ley 18.596, por ejemplo, el ex presidente Batlle, el caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate y los legisladores asesinados en Argentina, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, fueron integrantes de un Parlamento ilegítimo. Ese gobierno ilegítimo de Pacheco Areco convocó a elecciones libres en 1971. Este acto legislativo es la mancha mentirosa de nuestra historia, peor que decir que los Tupamaros lucharon contra la Dictadura. En este caso, los Partidos Colorado y Nacional votaron en contra del artículo 2. El costo de las reparaciones por esta norma, ya supera los 15 millones de dólares. Claro, fingiendo una Dictadura por ley se pueden acoger para cobrar desde el 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985.

-Menciona en el libro un pedido integral de reparaciones que podría llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De qué se trata?

-Se basa en la resolución 60/147 de la ONU –los principios básicos y directrices de las violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario-. Cuando se discutió la ley 18.596 en el año 2009 se produjo el reclamo de diversas organizaciones; familiares de los desaparecidos, Crisol, una organización que nuclea a los llamados “presos políticos” con el argumento, por ejemplo, que la ley 18.033 no se explicitaron las responsabilidades y potestades en la ejecución de las reparaciones, aduciendo que no contaron con sentencias judiciales. Se prepara un movimiento para llegar a la CIDH que seguro endosará al Estado uruguayo a pagar un nuevo cheque en dólares.

-¿Podrías dar más detalles sobre esos casos de personas que cobraron una indemnización por su detención en Argentina al mismo tiempo en Uruguay?

-Se trata de los que llegaron en el llamado primer vuelo de Argentina el 24 de julio de 1976. Estuvieron presos en Automotores Orletti, la gran mayoría entre 10 y 13 días, casi todos del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) fundado en Buenos Aires en el año 1975. Tras el golpe de Estado en Uruguay, en junio de 1973, quiénes integrarían el PVP se replegaron a Buenos Aires.

En Argentina, un gran porcentaje circularon con documentos falsos y llevaron adelante el secuestro del empresario de apellido Hart. Cobraron por el rescate 10 millones de dólares de la época. En Uruguay los militares, el entonces mayor José Gavazzo, negoció con los integrantes del PVP una parodia que iban a invadir el Uruguay. En esa época Estados Unidos tramitaba el retiro de la ayuda militar a Uruguay.

En la negociación, se arregló hasta el tiempo que estarían presos y a cuáles se liberaría. De dos a cinco años fueron recluidos en el Penal de Libertad (hombres) y Punta Rieles (Mujeres). Tras la vuelta a la democracia, reclaman en Argentina y Uruguay. Unos cuantos cobraron en los dos países, con el agravante de que Argentina les pagó por las leyes de reparaciones los días que estuvieron presos en Automotores Orletti, más los años en Uruguay. Existe una denuncia penal en la justicia argentina del periodista y escritor, autor del libro La estafa con los desaparecidos, de José D’Angelo. En Argentina cobraron unos 3 millones de dólares. Además, fueron reparados en Uruguay por lo mismo y algunos figuran en la lista que reciben la reparación pecuniaria de la llamada “ley del guerrillero”.

-En el caso de María Claudia García, la nuera de Juan Gelman, ¿por qué asegura que la Justicia no investigó a fondo?

-La Justicia de ambas márgenes del Plata tuvo todo a mano para resolver este caso y dar respuesta a Macarena Gelman (la hija de María Claudia). Pero, a mi entender, apuntaron al Plan, Operación o Sistema Cóndor. Paralelamente, se olvidaron que existía la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), creada con el fin de instalar los Vietnam en América. A mi entender, para resolver el caso las preguntas eran y son: ¿Por qué trajeron a Uruguay a una joven de 19 años que supuestamente no tenía vinculaciones políticas? ¿Quiénes la trajeron? ¿Por orden de quién? ¿Ningún general argentino o uruguayo sabía? ¿Estaba coordinado por generales de ambos países? Tras dar a luz, ¿por qué la mataron y la desaparecieron?

-¿Cuáles fueron las versiones que circularon sobre la intervención en el caso de Gelman, que usted menciona en el libro?

-En Uruguay existe un rumor en ámbitos de poder de que Gelman manejó dinero de los Montoneros en Europa, producto del secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born en setiembre de 1974, en Argentina. Más tarde habría sido depositado en un banco suizo a nombre de su nuera, lo que sería uno de los acertijos de este episodio. Sobre el secuestro de los empresarios existe una investigación muy detallada de la periodista María O’Donnell. Lo concreto, nunca pude confirmar que la versión del dinero sea cierta. Tampoco nunca vi ningún documento. Hay una carpeta con detalles del caso Gelman en el llamado “Archivo Castiglion”` -se trata de un coronel de inteligencia militar del Ejército uruguayo, ya fallecido- al que no pude acceder por decisión de la Justicia uruguaya. En mi país hay hijos y entenados; unos pueden acceder a los archivos de la Dictadura, a otros -como es mi caso- se nos niega.

♦ Nació en 1959 en Santa Lucía, Canelones, Uruguay.

♦ Es periodista, escritor y locutor profesional.

♦ Durante dos períodos de gobierno (2010 al 2020) fue alcalde del municipio de Aguas Corrientes.

♦ En 2008 recibió el premio José Enrique Rodó en la categoría “Investigación Histórica”, por el libro Secretos del PCU.

♦ Ha publicado varios libros sobre la historia reciente del Uruguay. Se destacan: El Revés de la Trama -La historia secreta de la salida de la Dictadura-; El Vino de la Muerte, vinculado con el asesinato de la madre del actual ministro del, Luis Alberto Heber; Jugando a las Escondidas -conversaciones secretas entre tupamaros y militares-; Buscando a los Desaparecidos; Encontrando a los Desaparecidos; Presos a la Uruguaya; Juicio al PCU; Los Dos Demonios; Cuando los Civiles también juegan y Operación Verdad, entre otros.