El consultor político boliviano que advierte sobre Evo Morales: “Se trata de un matón que sacó de sus tierras a indígenas para sembrar coca”

La conexión es mala, intermitente, y la entrevista se vuelve dificultosa. “Disculpa las fallas técnicas, es que en Bolivia el Internet funciona mal hace semanas”, dice el economista y consultor político Hugo Balderrama, y parece una señal evidente de cómo están las cosas en su país. Su último libro, Bolivia: del golpe 2003 a la dictadura/narcoestado (publicado por el Fondo Editorial del Interamerican Institute for Democracy), se trata de eso, de entender cómo las últimas dos décadas han derivado en esta frágil actualidad política y económica en la que no sólo los servicios se ven afectados. Un proceso que no empezó con la asunción de Evo Morales en 2006, sino con la salida anticipada del poder de Gonzalo Sánchez de Lozada, y que continúa hasta hoy, pese al supuesto milagro económico que llevó a triplicar el PBI per cápita.

“Este libro empezó con una investigación económica mostrando que ese ‘milagro’ no era más que una falsedad, era simple y llanamente el uso de dineros públicos para comprar conciencias, ya sea de ciertos sectores muy apegados al gobierno o de la clase media a través de la manipulación de la tasa de interés del sector financiero. Fue una burbuja que en algún momento iba a reventar”, dice el economista y docente oriundo de Cochabamba.

-¿Cuándo reventó finalmente?

-El mito se rompe en 2018, a partir de que empieza a ser notoria la caída de las reservas internacionales. Eso preocupó a todos porque obviamente mostraba una debilidad de la economía boliviana. El otro punto fue el crecimiento del déficit fiscal: hoy llevamos ocho años consecutivos con un déficit del 7%. Si juntas un déficit comercial y un déficit fiscal, ¿de qué clase de milagro estamos hablando? Esa fue la investigación del área económica, pero también hubo una segunda investigación que tiene que ver con desmentir el mito de quién es Evo Morales.

-¿De dónde sale ese mito?

-Mucho periodismo ha construido la idea de que Evo Morales ha sido una especie de libertador de los indígenas cuando en realidad se trata de un matón que, entre otras cosas, sacó de sus tierras a indígenas bolivianos para sembrar coca.

-¿Por qué crees que ese mito sigue siendo tan fuerte?

-Él siempre ha gozado de muy buena prensa, sobre todo en Europa. En 2002, Morales invadió mi ciudad con cinco mil tipos violentos que quemaron oficinas del Estado, le dispararon con armamento de alta precisión a oficiales de la Policía y el Ejército, asesinaron a policías con machetes. Y mucha prensa en el Viejo Mundo consideraba que eso era una protesta social. Todavía hay mucho interés en mostrar a Morales como un líder socialista y no en su verdadera dimensión, que es la de un tipo dispuesto a generar masacres, violencia y sangre a fin de mantener el poder. Pero, además, él goza de mucho apoyo del narcotráfico. Es evidente que Bolivia es un narcoestado ya hoy.

-En ese punto, la plantación de coca tiene mucha relevancia, ¿no?

-Sí, fíjate qué jugada inteligente: se creó el mito de que la coca era un asunto cultural boliviano, lo cual es parcialmente cierto, pero la coca de la cultura boliviana se siembra en La Paz. La siembra que empezó arbitrariamente y con invasión de territorio y expulsión de indígenas bolivianos es destinada al narcotráfico. Esa coca no sirve para el consumo local. Morales creó una ley para ampliar la producción legal y ese fue el motivo por el cual se generó violencia en Bolivia: la necesidad de ampliar la frontera cocalera incluso tomando propiedades privadas de forma violenta. Ese apoyo del narcotráfico es al final lo que ha convertido a mi país en un narcoestado.

-También describes a Bolivia como un Estado fallido. ¿Qué significa eso?

-Un Estado tiene la función de darle seguridad a los ciudadanos, administrar la Justicia, apoyar subsidiariamente en salud y educación. Esas cuatro áreas en Bolivia están totalmente descuidadas. La Policía boliviana se ha desinstitucionalizado. Hoy es más peligroso llamar a la Policía que dejarse robar. Las Fuerzas Armadas de Bolivia son los principales contrabandistas. Además, se está haciendo uso y abuso de la detención preventiva, que tendría que ser una excepción a la norma. Hoy tenemos a un gobernador, Luis Fernando Camacho, con detención preventiva. Según la ley, no podría estar más de seis meses en esa condición, pero ya lleva más de un año. Jeanine Áñez, ex presidenta, estuvo en detención preventiva más de dos años antes de que le dieran sentencia y sin pruebas. Pero, paradójicamente, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, Sebastián Marset, nadie sabe dónde está. Y en Bolivia tenía documentación boliviana, tenía un equipo de fútbol, hacía inversiones, vivía una vida rodeada del jet set de la sociedad boliviana y nadie lo detenía.

-Dices que, de la mano de Evo Morales, se destruyó la identidad colectiva nacional. ¿Cómo fue ese proceso?

-En los noventa, habíamos superado estos resentimientos de color de piel que existían en Bolivia. Entendimos que de cierta manera todos somos mestizos y estábamos construyendo algo que se llamaba Nación Boliviana. Sin importar si eras más blanco, más indoamericano, más alto, más rubio, más calvo, más gordo, lo que sea. Pero ahí se empezó a meter la semilla de que hay ciertos bolivianos que son de primera y ciertos de segunda. Se forzó a través de un censo la idea de que hay una etnia mayoritaria o que son mayoritariamente indígenas, lo cual no es cierto porque no había la opción “mestizo”. Luego se probó en otra investigación de la ONU que los bolivianos nos consideramos mayoritariamente mestizos.

-¿Qué consecuencias tuvo esto?

-Evo Morales y sus asesores han creado la idea de que, si eres más o menos blanco, eres un explotador, un racista, seguramente eres descendiente de los tipos que mataron indígenas. Y al revés, si eres más moreno, con rasgos más indoamericanos, seguramente eres bueno. Han creado esta división, han aplicado el principio máximo de la política que es divide y vencerás.

-Describes al Foro de São Paulo como una organización que “se adueña de los países” y “elimina todas las libertades”. Pero el Frente Amplio gobernó en Uruguay y el Partido Socialista, en Chile. Ambos partidos son miembros del Foro y esos dos países son de los más democráticos de la región. ¿Qué los diferencia de Bolivia?

-En Chile y Uruguay se ha podido mantener cierta institucionalidad. En Bolivia y Venezuela, se ha forzado un cambio constitucional con el que se han vulnerado todas las instituciones. Fíjate cuál fue el proyecto del presidente chileno Gabriel Boric: hacer un cambio constitucional con asesoría de Álvaro García Linera. Pero ha habido un pueblo que ha resistido a este cambio. Pero en Bolivia, al haberse perforado al extremo de cambiar la Constitución y haberla suplantado por este proyecto castrochavista, se ha roto cualquier institucionalidad. Se han puesto todos los órganos del Estado al servicio de la dictadura. Argentina, Chile, Perú, a pesar de los problemas que tienen, han resistido los embates del Foro de São Paulo. Eso no significa que no tengan que estar alertas porque, cuando se quiebra el Estado de derecho, no lo sacas más. Este libro busca advertirle al pueblo latinoamericano cuáles son las consecuencias de no entender un cambio constitucional y la imposición de un proyecto.

-La relación de Morales con Fidel Castro y Hugo Chávez era muy cercana, ¿qué cambió con la muerte de ambos?

-Lo que pasa es que el Foro de São Paulo tiene una organización de jefes. Hoy la jefatura se sostiene en Cuba. Te doy un dato importante: hace tres meses, los estaques de Evo Morales a Arce se intentaron solucionar en La Habana. Díaz Canel los llamó y, casualmente, a la vuelta de ese viaje, se afianzaron las relaciones del Foro de São Paulo con las dictaduras de Irán y de Rusia. Se le entregó el litio boliviano a la explotación rusa y china. Entonces es como que Cuba sigue siendo el jefe. Bolivia es un satélite, un país intervenido que tiene un dictador en jefe, que es Evo Morales y que, en este momento, tiene un dictador en ejercicio, que es Arce Catacora.

-Carlos Sánchez Berzaín, que ejerció varios cargos ministeriales durante las dos presidencias de Sánchez de Lozada, escribió el prólogo de tu libro. ¿Cómo es tu relación con él?

-A nivel personal, somos amigos. A nivel político, es un referente importante porque fue uno de los primeros que advirtió sobre el peligro de Evo Morales. Por casi dos décadas, él ha puesto el dedo en la llaga diciendo que el proyecto masista era de crimen transnacional, de una serie de delitos que se hacían desde el Estado para la permanencia indefinida en el poder. Es una persona a la que admiro por la capacidad de haber visionado esta Bolivia convertida en un satélite castrochavista de hoy.

-Este es un libro de mucha actualidad, pero al mismo tiempo parece una suerte de registro histórico. ¿Esa era la intención?

-Yo escribo bajo una máxima fundamental: hay que disputarle a la izquierda el pasado. Planteo este libro con una perspectiva histórica, porque lo que está sucediendo hoy en mi país tuvo origen hace 30 años. Lo que se está viendo hoy sirve para entender qué es lo que pasa si no se frena este proyecto castrochavista en nuestros países. Por eso es importante que este libro se lo lea con perspectiva de futuro. En el último capítulo, le hablo a la generación que hoy tiene 20 años, que es casualmente la generación de mi hijo, y lo dejo como esperanza, pero también como advertencia. Porque, de aquí a 20 años, esta generación va a estar vigente en la política, en la economía, en los negocios, en la docencia. Esa generación debe entender que el pasado es importante para no repetirlo. Quizás así se puede construir una mejor Latinoamérica.

El fracaso del Estado se puede resumir en la pérdida de la capacidad para proteger la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos. Con el tiempo, las debilidades inherentes harán que el Estado pierda cualquier legitimidad en el territorio. Las naciones pasan a ser «gobernadas» por cárteles delincuenciales, y las poblaciones se convierten en rehenes de los peces gordos del crimen organizado.

En nuestra región los narcoestados son la muestra visible de Estados fallidos. Que el Estado falle no significa que desaparecerá, sino que las pandillas usarán los mecanismos estatales para ejercer una mayor violencia. Instauran una dictadura que somete todas las instituciones a las manos de los altos mandos gansteriles.

¿Podemos aplicar esta definición a Bolivia? Claro que sí.

La justicia boliviana se ha vuelto el instrumento principal para el terrorismo de Estado. Desde el arranque de su gestión, al que muchos ingenuos pensaron que sería diferente a la del caudillo cocalero, Luis Arce Catacora maneja un discurso similar al castrismo. Ya tuvo varios intentos de implantar un nuevo Código Penal en Bolivia centrado en la supuesta «protección del orden constitucional». De esta manera, el jefe de Estado busca evitar «un clima de inestabilidad social y un estado de ingobernabilidad». Detrás de la retórica está clara la preocupación por otra ola de protestas como la de 2019. De independencia del Órgano Judicial ni hablar.

Absolutamente todas las decisiones pasan por conocimiento y autorización de los jerarcas del partido azul. Fiscales, jueces, alcaldes, empresarios, periodistas o hasta simples ciudadanos han sido forzados a subordinarse. Muchos lo hicieron para obtener grandes ganancias y ostentosos cargos, pero otros solo para sobrevivir. El mensaje es claro: «Te puede ir de maravillas, puedes ser exitoso, y hasta hacer mucho dinero, pero jamás nos cuestiones. También tienes que ser generoso cuando te pidamos algo».

Global Human Rights League certifica 164 presos políticos en Bolivia y la existencia de más de 8.000 bolivianos solicitando asilo o refugio. Todo debido a la situación de indefensión en la que se encuentran los opositores al régimen, siendo los casos más notorios el de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y Jeanine Añez, expresidenta constitucional de Bolivia.

El 28 de diciembre del 2022, se tuvo conocimiento de que el gobernador cruceño fue interceptado por personal policial fuertemente armado. Se justificó el accionar en base al «golpe de Estado del 2019». Es decir, Camacho fue secuestrado y, posteriormente, detenido por algo que no sucedió, pues los bolivianos sabemos que el 2019 hubo fraude, renuncia y sucesión constitucional.

La Carta Democrática Interamericana establece que una democracia saludable debe contener los siguientes elementos: 1) Respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales; 2) Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; 3) La celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; 4) El régimen plural de partidos y organizaciones políticas; 5) La separación e independencia de los poderes públicos.

Ninguno de esos elementos está presente en el país. Bolivia no es una democracia en crisis, es un Estado fallido.

♦ Es doctor en economía, escritor, consultor político y docente universitario.

♦ Entre otros medios, colabora con PanAm Post y forma parte del Instituto Interamericano para la Democracia.

♦ Ha escrito otros tres libros: Fe en la libertad (2017), Gestión de los Patrimonios Familiares (2019) y Viernes conservador (2020).