Denunció a un líder narco y la asesinaron: ¿quién maneja la frontera entre Argentina y Bolivia?

Cuando uno toma un mapa político, de esos que se usan en las escuelas, las líneas divisorias entre países son claras y precisas. No hay lugar a confusión: esto pertenece a un país y aquello, a otro. Pero, cuando nos trasladamos al territorio en cuestión, aquellas líneas tan tajantes se desdibujan, por un lado, ante la geografía -que no siempre respeta los límites aleatorios de cada Estado-, y también ante el ir y venir de las personas mismas que, por motivos laborales, se ven forzadas a cruzar de un país a otro constantemente.

En su nueva investigación, Fronteras -que puede descargarse gratis en Bajalibros-, la periodista argentina Lucía Salinas pone el foco en la frontera norte de Argentina, aquella en la que limita con Bolivia, Paraguay y Brasil, y recorre sus límites para explorar distintos interrogantes. ¿Qué nos separa? ¿Qué nos divide? ¿Qué actividades proliferan en esta región? ¿Cómo impedir que crezca y se consolide la actividad ilegal en la frontera?

En Fronteras -que la autora acompañó con un documental filmado en aquellas fronteras permeables y difuminadas, muchas veces sin control estatal o marcadas por alambrados caídos o simples carteles-, Salinas describe una trama de crimen organizado, contrabando, narcotráfico y trata de personas. Pero, ¿qué pasa con la gente que vive en estos territorios, esa a la que la ausencia estatal la lleva muchas veces a optar por métodos de subsistencia considerados ilegales? ¿Y qué pasa con la gente cuyos trabajos se ven afectados por el accionar de los líderes narcos con el aval de la política local?

Editado por Leamos, Fronteras incluye un caso conocido como uno de los crímenes más sangrientos perpetrados por una organización narcocriminal: el asesinato de Liliana Ledesma, una productora local que se ganaba la vida vendiendo huevos en Pocitos.

“Liliana Ledesma fue presidenta de la ‘Asociación de Pequeños Productores Ganaderos de Madrejones’. La entidad fue creada en abril de 2006 para denunciar a los grandes terratenientes de la zona, entre los que se encontraba Ernesto Aparicio, por entonces diputado provincial del Partido Justicialista. El dirigente político tenía estrechos vínculos con el poder de turno y antecedentes por contrabando, como su socio, el productor ganadero Delfín Castedo, en ese entonces poco conocido”, escribe la autora.

Las manifestaciones, según cuenta Salinas, se debieron a que “los terratenientes impedían el tránsito por algunos caminos rurales, al punto de obligar a los campesinos a pasar por senderos a Bolivia para poder reingresar a sus propias tierras en Salta”. ¿El motivo? Que no hubiera testigos del “negocio que se tenían entre manos: el narcotráfico”.

La tierra árida vuelve a respirar. La lluvia, que no cambia su ritmo ni pretende detenerse, intensifica los colores y los aromas del monte salteño. La vegetación es tupida, de un verde que resalta con esa superficie que va mutando de marrón con el agua. Es un camino angosto de curvas y contracurvas que se pierde entre la variedad de árboles dueños del lugar. Nadie que no tenga una camioneta puede vencer la travesía de recorrer el camino hacia el extremo norte de la provincia. Un único camino para llegar al lugar en donde la frontera con Bolivia se desdibuja por completo, donde la idea de jurisdicción se vuelve transparente.

La primera parada es en un acceso al campo de Delfín Castedo, el líder narco de la zona. Su plan era preciso y contaba hasta con cierta lógica. Debía ingresar droga desde Bolivia y conseguir que, sin control alguno, la misma llegara a una ruta argentina para comenzar así su peregrinaje hacia los destinos ya comprometidos. No fue muy difícil darse cuenta: unas hectáreas aledañas a su campo, uno en el que inició con actividades legales que fueron mutando hacia el crimen organizado, eran lindantes con el país vecino.

Después de dos horas de viaje a una velocidad condicionada por el terreno, la única percepción es la de no lograr distinguir dónde pisamos. La geografía se impone. ¿Cómo se divide a esa altura qué le pertenece a cada país?

El primer indicio del camino hacia el campo que con un simple alambrado separa a dos países, lo dan los celulares, una red de Bolivia ofrece sus servicios y la empresa argentina ya no logra proporcionar ninguna señal. La idea inmediata es creer que estamos en el país vecino, pero no, aún estamos en suelo nacional.

Delfín Castedo no disputaba el aire, pero sí la tierra. Decidió, con parte del dinero que obtuvo por actividades ilegales, comprar una gran cantidad de hectáreas para evitar a los vecinos curiosos y tener control absoluto de la ruta de la droga. Compró los campos vecinos incluido aquel cuyo “patio” se encontraba sobre superficie boliviana y donde sólo un alambrado oficia de frontera.

Las púas desgastadas por ser burladas constantemente, el alambre moldeado por las manos que lo fueron moviendo para facilitar su paso hacia el país vecino, se impone en esa tierra amplia, ajena a los ojos de muchos, posiblemente olvidada también. Allí, en medio del monte, con la vegetación como única testigo de todo, el paso es constante, paquetes de todo tamaño ingresan desde Bolivia, todo dentro de aquel campo que supo ser propiedad privada hasta que la Justicia Federal lo decomisó.

El circuito funcionó por años, nadie lo controló y Castedo podía ingresar desde su campo la droga, sacarla también por sus tierras y comprar voluntades a la hora de llegar a la ruta que conecta con otros distritos. Así lo dijo la Justicia Federal cuando lo condenó en diciembre de 2022. Aún permanece detenido por el delito de narcotráfico y otros que se fueron sumando en los últimos años.

Como muestra de la complejidad de la geografía prevalece aquel campo, que se convirtió en un camino no habilitado. Cruzar el alambrado exige pocas habilidades físicas, se ingresa a otro campo conquistado por la vegetación pero que tiene una senda ya marcada por el constante ir y venir de las personas. A pocos minutos se llega a una ruta boliviana exenta de controles oficiales. “Es fácil, ingresamos a veces por acá, más rápido y podemos traer lo que compramos”, relata un asiduo pasero del lugar. El desafío del descenso del camino con la lluvia es otro capítulo de la historia de estas personas que primero sortean los límites, las fronteras, y le dan batalla a las inclemencias del tiempo. Todo a pocos kilómetros de los controles de Gendarmería, del paso aduanero, de las instituciones responsables de custodiar esos caminos.

Conocedor de la tierra que gobernó durante tres mandatos, Juan Manuel Urtubey pone sobre la mesa la cuestión geográfica que representa un desafío en sí mismo. “Es totalmente incontrolable. Es la cotidianidad de muchas personas. El tema de los paseros construye otra realidad, es toda una actividad económica de los pibes que pasan. Es una cosa desopilante porque eso es el far west. Los lugares de frontera son así, obviamente no tienen el nivel de criminalidad de Rosario, pero es tierra de nadie. Está tan lejos que nadie se mete, la provincia no se mete porque es competencia federal, entonces un cuatro de copas se convierte en un zar, que sería el caso de Castedo, y termina siendo el patrón. Porque la ausencia del Estado termina generando que ese espacio alguien lo cubra”.

La Justicia y las autoridades locales coinciden en un punto: el control de fronteras es exiguo, “es una formalidad, ese es el problema. En Salvador Mazza tenés el control, el paso y al lado del paso tenés el camino alternativo. Y van viendo cómo va pasando, el gendarme está ahí y lo está viendo. Pero ellos tienen que controlar este paso, que es el paso legal”, agrega el ex gobernador.

Una tierra de nadie librada a su idiosincrasia. De un lado la justicia habla de ilegalidad, del otro las autoridades locales de la naturalización de esas actividades, y los vecinos que no se dirimen entre lo legal y lo ilegal y unifican sus respuestas: “Es el único trabajo”.

Por la Ruta 34 provincial se llega a Tartagal. Es jurisdicción única desde 2018 y tiene muy cerca a Orán, donde el río Bermejo es la frontera de agua que lleva y trae otras formas de contrabando y narcotráfico.

El camino es una muestra latente del factor geográfico que parece ser cómplice de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y contrabando. Para la fiscalía federal de Tartagal no son tan disociables un delito del otro, existe lo que ponderan delitos entrelazados. “Es determinante el tema de las condiciones geográficas para el nivel de conflictividad que tenemos fundamentalmente con lo que es narcotráfico, contrabando en diversas modalidades y también con otros delitos que tienen que ver con la trata de personas. Eso también tiene que ver con la idiosincrasia de acá, del lugar. Hay delitos que están enlazados con lo que significa el contrabando, el narcotráfico, que tienen que ver con ajuste de cuentas o lesiones, casos de extorsión”, explica el fiscal federal de Tartagal Marcos Romero.

Llevar, traer, transportar, mover. Acciones que adquieren un nivel de naturalidad que vuelve más dificultoso el análisis. “Son poblaciones en las que ellos mismos se sienten un tanto relegados y ésta es una manera de posicionarse, se podría decir, porque incluso la actividad vinculada al narcotráfico tiene que ver con un estatus, entre comillas, que se gana en la comunidad. Es un tema que creo que hay que abordarlo también”, agrega Romero.

El movimiento constante de personas por los pasos inhabilitados tiene una particularidad: el letargo. No hay prisa. Es un paso marcado, continuo, donde lo que varía es la mercadería que se traslada, y es la única variable que puede llegar a distinguir un día del otro. La rutina es esto: rutina. Los caminos clandestinos se abren temprano por la mañana, cada uno sabe qué tiene que hacer como engranaje de una estructura mayor que les es ajena en el rédito económico pero que los necesita para funcionar. El día transcurre y, a mediados de 2023, al finalizar el mismo la ganancia ronda entre los 15 y los 20 mil pesos. Lo suficiente para subsistir. No hay, en muchos casos, otro objetivo. La proyección es acotada a las pasadas diarias, al ir y venir de un país al otro muchas veces sin tener plena certeza del suelo que se pisa.

“Tenemos una cuestión socioeconómica, una cuestión de idiosincrasia de los pueblos limítrofes tanto del lado argentino como del lado boliviano, las actividades que se realizan en este tipo de fronteras, las características geográficas de estas fronteras, fundamentalmente la diferencia que hay entre el paso internacional Salvador Mazza-Pocito-Yacuíba que está en el corredor vial de la ruta nacional 34, que es una frontera seca”, explica Romero.

Estamos ante una frontera seca, una frontera de quebrada, que como se entrelaza con cada testimonio e historia, muestra una terreno notoriamente permeable frente a los controles que deben y que los recursos permiten realizar. También entra en juego la voluntad de algunos funcionarios de cumplir con sus responsabilidades. Romero advierte y repite: “Es muy complejo”.

Por esta frontera, con estas particularidades “se posibilita el ingreso y egreso de todo tipo de mercaderías, no solamente la vinculada al narcotráfico o cuestiones específicas del contrabando como ropa, elementos electrónica, hojas de coca y cigarrillo de origen extranjero”, todo pasa por ahí, por esos múltiples pasos inhabilitados, amplía el fiscal de Tartagal.

Otro concepto aparece en la conversación: el contrabando de importación. Por la situación económica de la Argentina y las circunstancias que rodean a la suba constante del dólar, “tenemos una actividad muy notoria y que no deja de ser un problema, por lo menos para los que estamos acá, en lo que significa Justicia Federal. A la frontera de Salvador Mazza se está llevando de todo, lo que se te ocurra. Pañales, bebidas, chatarra, granos ni hablar, eso pasa también en la frontera del Litoral”, detalla el funcionario judicial.

Esa tierra pisada a diario por paseros que desafían los controles, presenta una problemática que el fiscal define de la siguiente manera: “Por la gravedad y no solamente por cómo está legislado, tanto lo que significa un contrabando agravado, un tráfico de droga en su diversas modalidades creo que una respuesta del Estado tiene que haber. No podemos desincriminar a alguien por un estado de vulnerabilidad, salvo que sea realmente extremo, que nos ha pasado pero son muy contados, son los menos”.

La Justicia reconoce que la mayor parte de los trabajadores de la región pertenecen a la economía informal. “El análisis del caso y de las condiciones, en este caso personales de los imputados, nos lleva obligadamente a tener que tener una visión diferenciada en cuanto a la imposición de la pena y la intensidad de esa pena a imponer, si lo hacemos. El trabajo de valoración fina se hace al momento de la imposición de la pena pero no deja de haber una pena”, aclara Romero.

En su análisis el fiscal no deja de atender otros componentes de ese entramado social. “Cuando se incorporan o se proyectan ciertas actividades que tienen que ver con conseguir el sustento diario, me parece que aún podemos enviar un mensaje centrado en eso, está prácticamente asimilado en una parte importante de la población, ahora hay que saber que el que lo hace y en definitiva es descubierto, alguna consecuencia va a tener. Lo que no hay que hacer es llegar a una situación de narcocriminalización de la frontera. Los niveles de violencia del lado argentino no son tan significativos como lo son del lado boliviano”.

Esta frontera expone diversas realidades y cuenta múltiples historias entrelazadas a través de factores económicos, sociales, culturales, incluso judiciales, que tejen un tipo de comunidad que ni sus propias autoridades terminan de ver con total claridad. Algo se reitera en los últimos expedientes judiciales: una metodología cada vez más burda en el traslado de droga. “Con esta crisis que atravesamos se potencia mucho más la forma en la que se traslada droga, creo que habla de una necesidad presente de conseguir dinero”, dice. Y da ejemplos: ”Una mujer llevaba un kilo de droga en la cartera. Basta con abrir la cartera para darse cuenta de que está el paquete ahí. O un chico que se baja del remis o del colectivo y en la remera le ves claramente que tiene algo en la panza, que tiene una faja con dos paquetes”.

El movimiento de Salvador Mazza no cesa. Entrada la noche aún se escuchan los camiones ingresando a la playa de escaneo que se encuentra en el paso fronterizo. Desde allí se visualiza Pocitos, la ciudad boliviana, la “extensión del barrio” como dicen los lugareños. Allí también hay movimiento , y ya son más de las 10 de la noche .

“Acá convive la gente que nació y se crió aquí, la gente que viene, por ejemplo del país vecino, de Bolivia, que tiene familia allá, que vive de este lado pero que son bolivianos. Eso hace que la vida sea distinta”, reflexiona el padre Hermida cuando dirige su mirada hacia el paso fronterizo.

La angosta y endeble pasarela de madera, percudida por las inclemencias del tiempo, le era muy familiar. No necesitaba contar los pasos. Sabía que eran no más de cincuenta los que separaban un extremo del otro. Su madre, muchos años después, la llamaría el “camino de la muerte”. Liliana Ledesma realizaba a diario ese recorrido porque vendía huevos y necesitaba transitar esa conexión que une los barrios Villa Las Rosas e YPF, ambos en Salvador Mazza, Salta, en el límite con Bolivia. Sin embargo, esa pasarela le costó la vida.

Liliana Ledesma fue presidenta de la “Asociación de Pequeños Productores Ganaderos de Madrejones”. La entidad fue creada en abril de 2006 para denunciar a los grandes terratenientes de la zona, entre los que se encontraba Ernesto Aparicio, por entonces diputado provincial del Partido Justicialista. El dirigente político tenía estrechos vínculos con el poder de turno y antecedentes por contrabando, como su socio, el productor ganadero Delfín Castedo, en ese entonces poco conocido.

Las manifestaciones eran, especialmente, porque los terratenientes impedían el tránsito por algunos caminos rurales, al punto de obligar a los campesinos a pasar por senderos a Bolivia para poder reingresar a sus propias tierras en Salta. Además, desde la Asociación aseguraban que el cierre de aquellos caminos angostos y selváticos no solo evitaba los controles de gendarmería sino que les permitía no tener a los productores locales como testigos del negocio que se tenían entre manos: el narcotráfico.

Mucho de esto era posible por la inmensa vegetación que rodeaba los más de veinte kilómetros de extensión en el trayecto hasta la frontera, que con sus vericuetos y los pocos controles, lo convertían en terreno fértil para las actividades ilícitas. Estas sospechas no eran sólo una idea de los productores. El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, conoció el lugar y remarcó que en la finca que perteneció a los Castedo “no hay ni un alambre que divida un país del otro: hay unos hitos, señaladores”. Además, destacó que como en esa zona están los viejos caminos hacia YPF para explotar hidrocarburos se hace muy difícil ingresar en semejante extensión. Cuando Montoya recorrió ese camino pensó: “Si a mí me pasa algo acá, no me encuentran más”. Si hay algo que tiene esa frontera seca es una línea prácticamente imaginaria que separa un país de otro, y donde todo está librado a la suerte.