Por qué el regreso de la democracia no significó el fin de la persecución a la comunidad LGBT+

El 10 de diciembre de 1983, la asunción de Raúl Alfonsín como primer presidente electo después de casi una década de dictaduras representó para Argentina el fin de su etapa más oscura. Pero para muchos y muchas, el regreso de la democracia no significó el fin de las persecuciones, las torturas, las detenciones y la violencia estatal y policial. Mientras una gran parte de la población argentina denunció la desaparición forzada de personas durante la dictadura con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la comunidad LGBT+ no tuvo esa oportunidad.

¿Cómo podía una travesti acercarse a denunciar un secuestro cuando su mera existencia era ilegal? ¿Cómo un militante marica iba a dar testimonio de la desaparición de su compañero si la discriminación imperaba incluso dentro de las organizaciones revolucionarias? ¿De qué inclusión hablamos si el entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli no temía en declarar: “La homosexualidad es una enfermedad y nosotros pensamos tratarla como tal”?

Es por eso que, desde la militancia LGBT+, muchos se atreven a afirmar que no fueron 30 mil los desaparecidos sino 30.400, diferencia que correspondería a las víctimas gays, lesbianas, bisexuales, travestis y trans cuyos nombres, por una variedad de motivos, no figuran en las listas oficiales.

Todas estas (y más) ideas que aportan una nueva perspectiva al tratamiento de la comunidad LGBT+ durante la dictadura y las décadas siguientes están recopuladas, a 40 años de la vuelta de la democracia, en El Nunca Más de las locas, libro del escritor y periodista Matías Máximo publicado por Marea Editorial. En esta investigación, el autor hace un recorrido histórico de los lugares de “resistencia y deseo en la última dictadura” para seguir abriendo, en el presente, esos espacios de libertad y de disputa de derechos. Y es que la memoria (la de las locas incluida) no solo hay que construirla sino, además, mantenerla.

La dictadura había terminado y la promesa de felicidad que traía la democracia avivó la esperanza de maricas, travestis y lesbianas de caminar libres finalmente. Apenas asumido, el gobierno democrático de Raúl Ricardo Alfonsín anunció un plan para juzgar a los militares que habían tomado el poder entre 1976 y 1983. Pero para juzgar, primero había que tener una lista de los crímenes, y así nació la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). La Comisión se creó cinco días después de la asunción de Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, y tuvo a su cargo entrevistar a quien quisiera denunciar las vejaciones, torturas y desapariciones de los años anteriores.

Alfonsín derogó la “ley de autoamnistía” y ordenó, con los decretos 157 y 158/83, enjuiciar a las tres primeras Juntas Militares de la dictadura a la par que a siete jefes guerrilleros, lo que equiparaba responsabilidades en una supuesta guerra donde no se reconocía el poder de las maquinarias del Estado. Esta posición fue conocida como la “teoría de los dos demonios” y tuvo su eco en el prólogo a la primera edición del Nunca Más que comienza diciendo “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”.

Para trascender las grietas del momento, Alfonsín llamó un grupo de personalidades para integrar la CONADEP. En ese entonces, se presentaban fuertes tensiones entre el peronismo y el antiperonismo. Estaban aquellos que señalaban a la Triple A como iniciadora de la dictadura y denunciaban la complicidad civil, frente a otros grupos que denunciaban al gobierno de Jorge Rafael Videla como autor intelectual de las violaciones a los derechos humanos y preferían juzgar primero a los militares.

A excepción de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), “los organismos rechazaron la CONADEP sosteniendo que el parlamento era el ámbito ‘natural’ de investigación y que solo una comisión bicameral tendría atributos coercitivos para citar a los militares a declarar, realizar inspecciones sin aviso y condenar políticamente al terrorismo de Estado”.

Alfonsín no quería una bicameral para esquivar tensiones entre los flamantes legisladores y las Fuerzas Armadas, pero como demostración de voluntad incluyó a tres representantes de cada Cámara a participar del Informe. Por parte de Madres de Plaza de Mayo había rechazo a la forma en que se avanzaba en los juicios. Repudiaban la creación de la CONADEP en vez de una bicameral y desconfiaban sobre el hecho de dejar una lista que pudiera volverse en contra si caía en manos vengativas. La presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, criticaba en particular la postura de Alfonsín, ya que la consideraba funcional a los intereses de los genocidas: “Nosotras le dijimos que no se olvidara que él es presidente por voluntad del pueblo, no de los militares, y que será el pueblo, del que nosotras las madres somos parte, quien tendrá que defenderlo a él y a la democracia si es que los militares nuevamente, tal como es su costumbre, se deciden a violentar las instituciones”. El 20 de septiembre de 1984, cuando se organizó una marcha para acompañar la entrega del Nunca Más al presidente, las Madres se movilizaron al Parque Lezama manifestando su repudio.

Si se lee con perspectiva de género, la Comisión era muy despareja: de diez personas había una sola mujer, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. Otro de los miembros era el rabino Marshall Meyer, fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos y reconocido por ayudar dentro de su comunidad a quienes sufrían persecución por la dictadura.

Meyer fue el único dentro de la CONADEP que habló de una violencia específica a las personas LGBT+ durante esos años. Según publicó Carlos Jáuregui en su libro La homosexualidad en la Argentina, de 1987, había unos cuatrocientos homosexuales que no figuraban en la lista oficial. Eso mismo repitió en una entrevista publicada por la revista NX, en marzo de 1996: “La Comisión había detectado en su nómina de diez mil personas desaparecidas a cuatrocientos homosexuales. No habían desaparecido por esa condición, pero el tratamiento recibido, afirmaba el rabino, había sido especialmente sádico y violento, como el de los detenidos judíos”.

En nueve meses la Comisión recibió 7000 testimonios, documentó 8961 desapariciones y reunió pruebas de 365 centros clandestinos de detención y tortura. Hicieron un documental que se transmitió por Canal 13 y tuvo un récord para la época: lo vieron 1.600.000 personas. Al comienzo del programa habló el entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli, que argumentó con la teoría de los dos demonios. “Una orgía de sangre y muerte donde el único lenguaje era el del fuego y de la muerte”, fueron las palabras del ministro, en referencia a los enfrentamientos y secuestros previos a la dictadura.

Para la comunidad LGBT+ todo lo que podía ser primavera quedó marchito con Tróccoli, que representaba a la facción más conservadora del gobierno alfonsinista. Su idea de la democracia estaba asociada al orden moral y fomentaba las razias a la comunidad LGBT+, dando el visto bueno para la aplicación de los edictos 2F y 2H (escándalo público: incitación al acto carnal y vestir prendas contrarias al género). Incluso hay quienes dicen que durante los primeros años de democracia la persecución por parte de la policía y las “brigadas de moralidad” empeoró, ya que según el ministro todo era válido para terminar con la desviación de los valores naturales. “La homosexualidad es una enfermedad y nosotros pensamos tratarla como tal”, diagnosticó en una entrevista.

En septiembre de 1984 la CONADEP presentó el informe de las denuncias y de sus inspecciones a los centros clandestinos. Por sugerencia del rabino Meyer lo llamaron Nunca Más, un lema que ya había usado el Gueto de Varsovia para repudiar al genocidio nazi. El acto fue en Casa Rosada y al lado de Alfonsín, en primera plana, estaba Tróccoli. Algo llamativo del informe es que en todos los casos relevados no aparecían ni una sola vez las palabras “travesti”, “homosexual”, “manfloro”, “puto”, “gay”, “lesbiana”, “tortillera”, “invertido” o cualquiera de los sinónimos que se usaban por entonces.

¿Qué pasó con estas identidades y orientaciones sexuales? Es probable que muchas de las desapariciones y arrestos no tuvieran un solo motivo y por eso se haya invisibilizado. Por ejemplo, el periodista Enrique Raab figura en la lista de desaparecidos que armó la CONADEP con el número de legajo 276, pero al ser militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), ¿cómo saber cuál fue el motor de su secuestro? Raab era un periodista todo terreno: escribió igual de puntilloso la temporada teatral de Mar del Plata para el diario La Opinión y los artículos de la revista Nuevo Hombre, que era parte del PRT-ERP.

El Nunca Más lo pone en el apartado de periodistas desaparecidos y cuenta que el 16 de abril de 1977 rodearon su casa del bajo porteño, ametrallaron la puerta y “encapucharon a ambos residentes, Raab y Daniel Girón”. El dato que falta es que Raab y Girón vivían juntos porque eran orgullosamente pareja, y todo su entorno (y muy probablemente la Comisión que redactó el informe) lo sabía. A la semana del secuestro, Girón fue liberado de la Escuela de Mecánica de la Armada (esma) y Raab permaneció desaparecido. El 21 de abril una publicación del diario El País de España difundió en solitario otra versión: “El cadáver del periodista argentino Enrique Raab apareció ayer en los suburbios de Buenos Aires”.

Para algunos militantes de la época, como Héctor Anabitarte –uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual (FLH)–, la persecución no se iniciaba por motivos relacionados al género o la sexualidad, aunque no ser heterosexual podía empeorar las cosas. “Yo no estoy seguro de que haya habido una persecución específica contra los homosexuales. Enrique Raab desapareció… estaba en el ERP. Yo creo que desapareció porque estaba en el ERP, no porque fuese homosexual. De todas maneras, me parece que es un agravante ser homosexual”, dijo Anabitarte en una entrevista.

En la misma línea el escritor y militante peronista Flavio Rapisardi discute con el número de los 30400: “Cifras reales de los desaparecidos por su elección sexo genérica no existen. Y transferir el porcentaje de población LGBT a los desaparecidos es una operación ridícula. Básicamente porque muchos de los desaparecidos que fueron torturados y asesinados en los campos de concentración, y pertenecían a la militancia del Frente de Liberación Homosexual, eran además militantes de izquierda, de Montoneros, de la JUP o del ERP. Tenían doble o triple militancia, por lo tanto ¿por qué desaparecieron? Son preguntas contrafácticas”.

En el modelo de ciudadanía de la dictadura lo que a simple vista no sumaba, debía borrarse. No había espacio para el deseo, y ahí es donde entró la persecución a las personas que con sus prácticas cuestionaban la norma heterosexual. Desde los primeros meses del gobierno militar los centros de detención específicos para presos políticos empezaron a mezclarse con personas que llegaban por otras razones. Las travestis y trans que denunciaron persecución durante la dictadura son una prueba: en el centro de Rosario, por ejemplo, donde hoy está la casa de gobierno, existió un piso reservado para personas “amorales”.

♦ Nació en Mar del Plata, Argentina, en 1987.

♦ Es escritor y periodista.

♦ Publicó los libros Almas de sótano (2011), Que el mundo tiemble (2016) y Si te viera tu madre (2021, en coautoría con María Marta Aversa).

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