Decretos de aniquilamiento y las primeras fosas con desaparecidos en “Historia de la última dictadura militar”

Hace 47 años comenzaba el período más oscuro de su historia contemporánea argentina, con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 que derrocó a María Estela Martínez de Perón. Habían pasado apenas tres años desde el fin de la dictadura de Alejandro Lanusse, y el llamado tercer peronismo no había conseguido aún pacificar el país, ordenar la economía y contener la inflación. Juan Domingo Perón había fallecido en julio de 1974, a poco más de un año de su regreso al país tras un largo período de proscripción, y su muerte precipitó la crisis de un gobierno que no había logrado consolidarse.

El golpe militar, que marcó un antes y un después en la historia argentina, no sólo no fue la solución a los males que castigaban a la sociedad, sino que dio comienzo a un período de represión a una escala inusitada y por fuera de los mecanismos legales.

A casi cuatro décadas del retorno de la democracia, que se cumplirán el 10 de diciembre, la última dictadura sigue siendo motivo de controversias, análisis y debates. En este contexto, la doctora en Historia Gabriela Águila acaba de publicar Historia de la última dictadura militar – Argentina, 1976-1983 (Siglo XXI Editores), una minuciosa investigación que abarca varios capítulos fundamentales: el Operativo Independencia y los decretos de aniquilamiento de la subversión en los años previos al golpe; la represión, la política y la economía entre 1976 y 1978; el quiebre del consenso entre 1978 y 1981; y la dictadura en crisis entre 1981 y 1983, que abarca el surgimiento de la Multipartidaria, la posguerra y la fractura del poder militar.

En diálogo con Infobae Leamos, Águila respondió algunas preguntas sobre su obra.

-¿Cómo influyó en la concreción del golpe militar el recrudecimiento de las acciones armadas del PRT-ERP y Montoneros entre el 73 y el 76, y la ineficacia del gobierno de Isabel Perón para desactivar legalmente estas acciones?

-Una de las ideas-fuerza con las que se ha explicado el golpe de Estado es el incremento de la violencia política en los años previos, muchas veces inscribiendo en un continuum la violencia ejecutada por las organizaciones armadas (Montoneros, PRT-ERP) con la represión implementada por las fuerzas armadas y de seguridad, e incluso equiparando ambos tipos de violencias que tienen diferencias notables. Aunque el libro no trata sobre el período 1973-1976 sino sobre la dictadura, se ocupa de poner en debate este tipo de afirmaciones, no para restar importancia al papel que juega la violencia política en el período, sino con el objetivo de evitar explicaciones monocausales, que a la vez minusvaloran otros elementos que intervienen en la gestación del golpe de Estado, tan o más relevantes que aquella, como la crisis económica, el creciente malestar social, la crisis de representatividad de los partidos políticos, el descrédito y la debilidad del gobierno de Isabel o el estado deliberativo de las Fuerzas Armadas.

-¿Qué rol tuvo entonces la violencia en el desarrollo de los acontecimientos?

-Si la violencia política no puede ser señalada como la causa principal del golpe y la dictadura, por otro lado incide en forma decisiva en el clima político y social de la época, en la construcción de diagnósticos y representaciones dentro de las Fuerzas Armadas respecto de la denominada “subversión” y de la necesidad de intervenir en el orden interno, así como entre diversos sectores civiles y políticos. En ese clima explosivo, las acciones de las organizaciones armadas –algunas muy osadas y espectaculares - contribuyeron a endurecer las medidas represivas implementadas desde el gobierno peronista (los denominados “decretos de aniquilamiento” de la subversión se emitieron un día después del asalto al regimiento de Formosa) y, finalmente, a legitimar la intervención de las Fuerzas Armadas en el comando de la represión y luego en la dirección del proceso político a través del golpe de Estado.

-¿Qué papel tuvieron los civiles en la gestación del golpe y en el gobierno militar?

-El golpe de Estado fue comandado y ejecutado por las Fuerzas Armadas, si bien (y como se sabe) contó con un caudal significativo de apoyos y con la participación de civiles en el gobierno. Está ampliamente documentado el papel de las entidades empresarias en la gestación del golpe de Estado, por ejemplo y señaladamente en el caso de la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias (APEGE), que nucleaba a los sectores más concentrados de la economía y tuvo una intensa actuación durante el año 1975, así como el apoyo de otro conjunto de organizaciones patronales del agro y la industria que actuaban a nivel nacional y provincial. El golpe además contó con la participación activa de sectores civiles provenientes de la derecha nacionalista católica y de grupos liberales, de las cúpulas empresarias y de la jerarquía de la Iglesia católica, con el acompañamiento de los grandes medios de comunicación y el “compás de espera” que le otorgaron los partidos políticos más importantes.

-¿Cuál fue la reacción social ante el golpe de Estado?

-Una de las cuestiones a señalar es que el del 24 de marzo de 1976 fue uno de los golpes más anunciados y esperados, estuvo precedido por rumores y especulaciones que se publicaban casi a diario en los medios de prensa respecto del momento exacto en el que se iba a producir, a la vez que daban cuenta de que el gobierno de Isabel había perdido la mayor parte de sus apoyos y legitimidad social y política.

-¿Y cómo fue variando esa reacción por parte de la población?

-Una mirada panorámica sobre la dictadura muestra que fue en los primeros años cuando se registraron los mayores niveles de aceptación política y social hacia el gobierno militar, mientras que las expresiones de resistencia activa fueron exiguas debido en gran parte a la implacable estrategia represiva, y corrieron a cargo de grupos minoritarios que se organizaron en torno a la denuncia por las violaciones a los derechos humanos. Para 1978-1979 comenzaron a hacerse visibles señales que indicaban que el poder militar y también el consenso que había acompañado al golpe de Estado se estaban erosionando, y sobre todo a partir de 1981 se incrementaron los cuestionamientos al rumbo gubernamental. Estas críticas se incrementaron luego de la derrota en guerra contra Gran Bretaña en 1982, se recortaron los apoyos sociales y políticos y las expresiones del descontento –o las resistencias–se hicieron más explícitas, activas y organizadas.

-¿Los cambios de presidentes y de integrantes de las juntas militares, que mostraron disidencias internas, fueron reflejo de las discrepancias entre ellos o una estrategia para generar expectativas de cambio sin dejar el poder?

-La alternancia de presidentes militares y la disímil composición de las juntas en los distintos períodos fueron un reflejo de los conflictos y tensiones que enfrentaron a las facciones que integraban el bloque golpista. La conocida división entre halcones y palomas, moderados y duros, entre Videla y Massera o entre liberales y nacionalistas, que ya se planteaba y se conocía en los años de la dictadura, ha sido estudiada en una serie de trabajos, como los de la socióloga Paula Canelo. Estos mostraron los conflictos y las disputas dentro del gobierno militar y con los civiles que los acompañaban, así como las cuestiones que dividieron al gobierno de las Fuerzas Armadas y se expresaron en proyectos diversos por la dirección de la economía, la relación con los partidos políticos y los sindicatos, la política interna y exterior, los tiempos de la transición. En este sentido, esas discrepancias, tensiones y fracturas no sólo existieron, sino que le imprimieron un tono y unas características muy específicas al gobierno militar.

-¿Por qué el objetivo de combatir la represión se ejecutó “a sangre y fuego” mientras en materia económica, social, productiva, hubo políticas que fracasaron?

-El “aniquilamiento de la subversión” fue el objetivo más propiamente militar de todos los definidos por la dictadura y fue además el elemento aglutinador que unificó a las Fuerzas Armadas desde 1975 y los años siguientes. En relación con ello, la amplitud, profundidad y sistematicidad de las acciones que se implementaron para la consecución de ese propósito contrastan con las políticas fragmentarias, limitadas y en muchos casos contradictorias que se desplegaron en otros terrenos. Creo que hablar de éxitos o fracasos probablemente no sea la forma más feliz de aludir a las políticas dictatoriales y sus resultados, pero hay que enfatizar que la dictadura y las Fuerzas Armadas se ocuparon de exhibir el aniquilamiento de la “subversión” como su principal logro y que esta fue, además, la cuestión sobre la que se edificaron gran parte de los apoyos al gobierno militar hasta los años finales de la dictadura. Por otro lado, no hay más que leer la prensa del período para advertir que, al menos en lo referido a las políticas económicas, muchos actores de la época no dudaban en criticar con dureza e incluso hablar de fracaso de las medidas implementadas o del plan de Martínez de Hoz.

-Si bien hubo golpes militares en varios países de América Latina en la misma época, ¿qué hizo que en Argentina hayan existido centros clandestinos durante años, vuelos de la muerte, fosas comunes, y un número de desaparecidos muy superior al de otros países de la región?

-La dictadura argentina de 1976-1983 puede ser analizada como parte de un ciclo de gobiernos militares que se instalaron en el Cono Sur de América Latina entre las décadas de 1960 y 1980 (en Brasil, en Chile, en Uruguay). Aunque tuvieron particularidades específicas, estas dictaduras no solo fueron contemporáneas, sino que compartieron algunos rasgos similares como la influencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional, objetivos (como la restauración del orden social amenazado por diversos “enemigos internos” como el comunismo o la subversión) y, sobre todo en los años setenta, sus modalidades represivas, que incluyeron la circulación de ideas y agentes y actividades de coordinación supranacional, como la Operación Cóndor.

-¿Qué similitudes y diferencias hubo entre lo ocurrido en Argentina y en el resto de los países?

-Al respecto, y más allá de compartir el carácter autoritario y represivo, entre las notas o características particulares de estos regímenes militares está la utilización de específicas tecnologías para eliminar al “enemigo interno”, tal como se ha planteado en los pocos estudios comparados que existen hasta el momento. Por ejemplo, mientas que en Brasil el rol de los organismos de inteligencia y el uso de la tortura fueron centrales, en Uruguay se registraron cifras muy elevadas de exiliados y de presos políticos alojados en cárceles, así una reducida cantidad de desaparecidos. En Chile se implementaron métodos brutales que incluyeron la exhibición de los cadáveres en las calles en las semanas que siguieron al golpe de septiembre de 1973. En Argentina se privilegió el uso de prácticas de detención clandestina y la desaparición de personas como principal metodología represiva –que, sin embargo, también estuvieron presentes en los otros países del Cono Sur, aunque no con la misma extensión y escala-.

-Más allá de los grandes centros de población, ¿cómo se vivió la dictadura en las zonas del interior menos pobladas?

-Algunos estudios sobre ciudades pequeñas o pueblos han mostrado que las memorias locales no necesariamente registran al golpe de estado de 1976 como un momento de ruptura con el período previo. La imagen, a veces muy instalada, de que en tal o cual localidad “no pasó nada” en esos años puede ser atribuible en parte a los modos en los que se configuran las memorias sociales, pero también al diferenciado impacto o alcance de la represión o de las medidas de control social implementadas por el régimen militar respecto de los grandes conglomerados urbanos, o por el clima político y social en una escala “micro” donde, por ejemplo, no se modificaron demasiado las tramas de poder local y el intendente o el presidente de comuna permanecieron en sus puestos más allá de los cambios a nivel nacional. Estos podrían ser elementos que contribuyan a explicar las variaciones que se registraron entre las grandes y pequeñas ciudades, entre el interior del país y la zona capitalina o entre el ámbito urbano y rural, pero está claro que todavía faltan muchos estudios a escala local y regional que completen un mapa más nacional o federal de lo sucedido en los años de la dictadura.

-¿Fue Malvinas un intento de la dictadura de recuperar apoyo tras la represión a las marchas y los fracasos económicos?

-La guerra de Malvinas fue un acontecimiento de enorme relevancia en la historia de la dictadura militar por una serie de razones: porque se trató de la primera guerra convencional contra otro Estado en el siglo XX, por la significación que ha tenido la reivindicación nacionalista sobre ese territorio y, sobre todo, por los efectos que provocó la derrota en el gobierno de las Fuerzas Armadas. Puede ser vista como un intento de la dictadura de recuperar apoyos o legitimidad, erosionados entre otras cuestiones por los efectos de la crisis económica que había impulsado episodios de protesta social, tal como se verificó en la marcha del 30 de marzo de 1982. Pero la decisión de ocupar las islas, el conflicto bélico que le siguió y finalmente la derrota a manos de Gran Bretaña, abrieron un breve y complejo proceso político y social que profundizó aún más la crisis del gobierno militar y fue el punto de no retorno que condujo a la salida constitucional.

-En octubre del 82, con el descubrimiento de la fosa de Grand Bourg, hubo más conciencia de la población respecto de la dimensión de la represión ilegal. Los partidos políticos incluyeron en sus proclamas este reclamo. ¿No sabían desde antes que esto estaba pasando?

-El descubrimiento de las primeras fosas con cadáveres NN, de personas presuntamente desaparecidas como las de Grand Bourg –hecho que luego se comprobó-, tuvo un enorme impacto mediático, político y social que contribuyó a situar en el centro de la escena política nacional el problema de los desaparecidos. El tema se instaló en las declaraciones y documentos de partidos políticos, sectores eclesiásticos, sindicales, etc. y las acciones de los organismos tuvieron una amplia difusión y una mayor convocatoria. Es un dato cierto que las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos o la existencia de desaparecidos no era ninguna novedad, y que venían siendo realizadas desde los primeros meses después del golpe de Estado,tanto en el país como en el exterior, por grupos de exiliados y por críticos informes de organismos como Amnesty International o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Además, documentos desclasificados por los Estados Unidos muestran que en el campo diplomático y al menos entre ciertos niveles y sectores de las dirigencias políticas y corporativas se conocía lo que estaba sucediendo.

-¿Por qué entonces, si se sabía desde el principio, tardó tanto en hacer eco en la sociedad?

-Como ha mostrado Marina Franco en su minucioso estudio sobre los derechos humanos durante la última dictadura o Luciano Alonso en su libro sobre el movimiento de derechos humanos, el tema sólo adquirió visibilidad pública y política cuando el régimen comenzó a perder legitimidad y apoyo. Como se ha planteado, en ese contexto la cuestión de los desaparecidos se instaló en los medios de comunicación con una amplia y espectacular cobertura de descubrimientos de NN, exhumaciones clandestinas, reportajes y testimonios a militares y víctimas, que se conoció como “show del horror”.

-La ferocidad en la represión y la incapacidad de esta última dictadura de revertir los descalabros ocurridos durante el tercer gobierno peronista, ¿pueden haber generado una condena social hacia los golpes de Estado que permitieron estos 40 años de democracia, pese a las profundas crisis? ¿Es la demostración del fracaso de la larga alternancia entre gobiernos militares y civiles que se sucedieron hasta 1983?

-Una de las pretensiones del gobierno democrático instalado a fines de 1983 era terminar con la alternancia de gobiernos militares y civiles que había caracterizado a la historia argentina del siglo XX, de hecho la política de derechos humanos del gobierno de Alfonsín iba en esa dirección asociada a la teoría de los dos demonios y la identificación entre las violencias “de ambos signos”. En ese período y vinculado con la conformación de la CONADEP, el Informe Nunca Más y el juicio a las juntas militares de 1985, se instaló también una condena social más o menos amplia a las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en los años dictatoriales. Con vaivenes y retrocesos, entre políticas de memoria y ciclos de olvido, y a pesar de la persistencia de planteos de tipo negacionistas que desconocen lo sucedido con la represión dictatorial, creo que esa condena social hacia los crímenes y delitos aberrantes perpetrados por las Fuerzas Armadas y de seguridad se ha sostenido en el tiempo. Lo que ha sucedido con la película Argentina 1985, que movilizó a cientos de miles de espectadores, o lo que seguramente sucederá el viernes 24 de marzo, cuando se reedite una nueva marcha masiva por memoria, verdad y justicia, son una muestra elocuente de ello.

♦ Es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora Principal del CONICET, con sede en el ISHIR, donde coordina el Seminario Permanente de Historia Social del Pasado Reciente.

♦ Profesora Titular regular de Historia Latinoamericana contemporánea (Escuela de Historia, UNR).

♦ Es autora de Dictadura, represión y sociedad en Rosario (2008), coordinadora de los volúmenes colectivos Procesos represivos y actitudes sociales: entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur (con L. Alonso, 2013), Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina (con S. Garaño y P. Scatizza, 2016), La represión como política de Estado (con S. Garaño y P. Scatizza, 2020) y directora de Territorio ocupado. La historia del Comando del II Cuerpo de Ejército en Rosario (2016).

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