Félix Lonigro y la educación cívica de los argentinos: “La Constitución tiene que estar en nuestra imaginación, si no es un librito que está ahí”

Félix Lonigro es abogado, sí, pero también es docente desde hace casi cuatro décadas. Quizás sea por eso, por su doble rol, que habla y escribe en forma didáctica y concisa, como si estuviera dando clases. Utiliza ejemplos, anécdotas, curiosidades y cualquier otra herramienta que ayude a comprender temáticas que, a priori, pueden parecer demasiado complejas.

Lo vive casi como una necesidad o, mejor, como una responsabilidad. Y es que siempre tuvo la necesidad de compartir aquello que aprendió, por eso también escribe en distintos medios, da entrevistas frecuentemente y acaba de publicar Claves para la educación cívica de los argentinos (Planeta).

“Creo que derribar las paredes de las aulas para llegar a más gente es una vocación”, dice y cita a Antonio Machado para afirmar que, en materia de conocimiento, se pierde lo que uno se guarda y se gana lo que uno comparte. Eso lo lleva a divulgar y a concientizar sobre cuán importante que es la educación cívica ¿Pero qué es eso exactamente?

Para él, se trata de entender cómo funcionan las instituciones, cómo está organizado el país. Explica que “vivimos en un Estado de derecho en el que los gobernantes deben ajustar su conducta a una norma fundamental. Nosotros, los gobernados, que somos los titulares del poder en democracia, tenemos que tener el conocimiento para saber si ellos se ajustan a la Constitución. Si no lo hacen, los perjudicados somos nosotros, que les transferimos el poder para que lo ejerzan dentro de límites, si no es una autocracia. Y después debemos tener los elementos suficientes para premiar o castigar en la conferencia del poder que se hace a través del voto”.

-¿Qué nos pasa por no conocer lo suficiente de educación cívica?

-Cuando no estamos cívicamente educados no conocemos el funcionamiento de los órganos de gobierno ni cuáles son las obligaciones de los gobernantes, no sabemos si los funcionarios hacen las cosas como corresponde. Y además, no conocemos nuestros propios derechos y libertades. Y si los gobernantes no tienen educación cívica, no conocen sus propios límites, lo cual es grave.

-Dice que muchas cosas andan mal en Argentina por el desconocimiento de la Constitución. ¿Se le presta poca atención a la Constitución en particular?

-La Constitución Nacional es algo desconocido. A nosotros, los ciudadanos, la Constitución no nos obliga a nada, salvo a votar, a armarnos en defensa de la patria y preservar el medio ambiente. Todo lo demás son derechos y libertades. Todos los límites y obligaciones son para los gobernantes. Si los gobernantes hacen lo que quieren, tenemos el problema de la arbitrariedad en el ejercicio del poder y eso nos va hundiendo cada día un poco más. Lo que los constituyentes nos pidieron en 1853 es obediencia absoluta a los postulados de la Constitución porque “los hombres que no se postran ante la ley terminan arrodillándose frente a los tiranos”.

-Usted recalca que aprender el Preámbulo de memoria en la escuela es un error, ¿cómo se debería enseñar la Constitución?

-Es un error hacer estudiar el Preámbulo de memoria porque no es un rezo laico, a pesar de lo que decía Alfonsín. ¿Por qué un alumno, en lugar de “constituir la unión nacional”, no puede decir “lograr la unión nacional”, si en definitiva lo importante es la unión nacional? Estudiarlo de memoria no es la mejor manera porque lo que merece el 10 es entender cuáles son los objetivos que el constituyente tuvo a la hora de escribir la Constitución. A mis alumnos les pido que me digan el Preámbulo con otras palabras, así lo tienen que pensar. Lo primero que hay que hacer es entender qué es la Constitución, para qué sirve, por qué es importante. Esto hay que enseñarlo desde el primario y, a medida que se va avanzando en el estudio, ir profundizando para concientizar sobre qué es esa norma fundamental. Pero no se puede enseñar de memoria ni artículo por artículo.

-El CBC de la UBA, la mayor universidad del país, tiene Sociedad y Estado como materia troncal, ¿eso no representa un aporte?

-Sí, pero hay que definir bien su contenido. La educación cívica se logra aprendiendo la Constitución y nadie se anima a ponerle a la materia el nombre que corresponde, que sería Estudio de la Constitución Nacional. “Educación cívica” es el objetivo. En el secundario le cambian el nombre todo el tiempo: educación cívica, construcción de la ciudadanía, formación ética y ciudadana, sociedad y estado. Pareciera que no se sabe qué hacer con esa materia y la terminan dando profesores de cualquier asignatura, con temas mezclados. Hay que darle entidad a la materia desde el nombre para que la Constitución entre en la imaginación de los argentinos. Si no es un librito que está ahí. Por eso tengo la percepción de que mi libro apunta a ser de autoayuda cívica e institucional.

-¿Hay temas que nos quedan lejos a los ciudadanos de a pie y por eso no les prestamos tanta atención? Por ejemplo, este año se habló mucho del Consejo de la Magistratura.

-Hay temas que nos quedan lejos porque nos queda lejos el estudio de esta materia. Lo peor que le puede pasar a un país es que, además del desconocimiento, haya desinterés. ¿Quién está inhabilitado para entender que el Consejo de la Magistratura es un organismo que, cuando hay que cubrir la vacante de un juez inferior, toma exámenes, forma una terna y dice al presidente que elija a uno? Los diarios no tienen la función de educar. Pero, por ejemplo, la Televisión Pública tendría que ponerse al hombro la educación cívica de un modo imparcial. No tendencioso.

-¿Cada lado de la grieta política piensa la Constitución o las instituciones cívicas como más le conviene a su espacio?

-Totalmente. Por ejemplo, el kirchnerismo creó las PASO y ahora las quiere eliminar. Entonces parece que son buenas cuando le conviene y malas cuando no. La oposición no las quiere eliminar porque le sirven. Y al final no sabemos si objetivamente son buenas o malas. La Corte históricamente ha tenido 5 miembros, aunque en la época de Menem tuvo 9. Kirchner la redujo a 5 y Cristina Fernández lo confirmó cuando era presidenta. Y ahora resulta que quiere elevarla a 25 miembros ¿Entonces, para el kirchnerismo, tiene que tener 5, 15, 25? Creo que los políticos piensan en función de las necesidades políticas, no en función de si las instituciones son buenas o malas en sí mismas.

-En su libro, dedica algunas páginas al rol de la vicepresidencia, ¿cree que ese rol ha cambiado desde la asunción de Cristina Fernández como vicepresidenta, considerando su visibilidad y peso político?

-Institucionalmente, no. El vicepresidente en Argentina es, al fin y al cabo, un suplente. Por eso los presidentes suelen elegir como candidatos a vice a personas sin un peso político fuerte, que no sean una complicación. El vicepresidente cumple dos funciones: ejerce la presidencia del Senado y, el principal, reemplaza al presidente en caso de ausencia. Lo que nunca había ocurrido en Argentina es que un vicepresidente tenga más peso político que el presidente, que quien tiene el poder real está sentada en la vicepresidencia y el residente de la nación tiene un poder prestado. No ha cambiado el rol, pero pareciera que sí porque quien toma las decisiones es la vicepresidenta. No formalmente, pero sí desde el peso político que tiene su figura.

-Define a Argentina como un Estado confesional. Siendo un tema tan en boga, sobre todo con los debates de matrimonio igualitario y aborto, ¿le parece que esto debería modificarse?

-Los constituyentes le dedicaron 11 días a la aprobación de los 109 artículos originales de la Constitución y al artículo 2 le dedicaron un día entero. Evidentemente fue muy analizado. Creo que Argentina es un país confesional, no laico, porque el artículo 2 dice que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Hay dudas sobre la palabra “sostener”, pero entiendo que se refiere a que debe apoyar económicamente a la Iglesia, del mismo modo que apoya al Ejército o a la Marina. Si un gobierno sostiene económicamente a una religión, esa religión es indudablemente la oficial, aunque la Corte no ha opinado lo mismo. Si el artículo genera dudas, debiera modificarse. Y creo que el Estado no debe sostener económicamente a ningún culto. Es un tema sensible porque la Iglesia ha estado muy presente en la historia argentina: había un cura en la Primera Junta, había un 40% de sacerdotes en el Congreso que declaró la independencia. Indudablemente ha tenido una injerencia importante. Pero a pesar de eso el Congreso sancionó leyes aprobando el aborto y el divorcio. A medida que pasaron los años, el sistema se fue haciendo más laico, aunque no llega a serlo.

-La reforma de 1994 delegó facultades del Congreso al presidente. ¿Debería revertirse eso?

-Sí, es muy grave que se haya institucionalizado una práctica que se venía dando: no sólo que el presidente le robara atribuciones al Congreso a través de los decretos de necesidad y urgencia, sino también que el Congreso delegara potestades al presidente. Esta práctica, que no era sana institucionalmente, fue blanqueada a partir de la reforma con los “superpoderes”. Me parece que es una lesión fuerte al sistema republicano de gobierno. Habría que cambiarlo, pero va a ser muy difícil porque la oposición critica el ejercicio de facultades extraordinarias del presidente, pero cuando gobierna no lo quiere perder.

-Usted recalca algunas leyes que considera inconstitucionales, como la 25.320, que es la que otorga fueros. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos frente a eso?

-El único que puede definir la inconstitucionalidad es el Poder Judicial, al que debe acudir quien se ve perjudicado por la norma. No puede ir alguien en abstracto. Aunque una norma sea declarada inconstitucional, sigue vigente y solamente queda sin efecto para aquel que solicitó la inconstitucionalidad. En el caso de la ley de fueros, si la condena contra Cristina Fernández quedara firme, siendo vicepresidenta no la podrían arrestar porque tiene fueros. Entonces, por ejemplo, el fiscal Luciani podría plantear la inconstitucionalidad de la ley para que quede inaplicable para ella y se la pudiera arrestar.

-¿Le parece correcto que el voto sea obligatorio?

-Sí, me parece bien porque el voto, desde su naturaleza jurídica, es una función pública, como pagar impuestos, por ejemplo. Cuando vamos a votar estamos aportando un grano de arena para el sostenimiento de las instituciones y de la Constitución. Si la gente no vota, no hay legisladores y no se puede poner en práctica el funcionamiento institucional que prevé la Constitución. Es una obligación de todos sostener ese andamiaje y por eso es tan importante la educación cívica. Como decía Sarmiento, se debe educar al soberano, que no es el presidente sino que somos nosotros.

-En ese sentido, ¿cree que debería existir alguna obligación de demostrar conocimiento previo al voto?

-Eso sería voto calificado. Lo ideal sería que el que vota tuviera mínimos conocimientos cívicos. El problema es cómo se lo implementa y ahí es en donde yo no encuentro solución. Me parece grave que alguien tenga la llave para decir quién vota y quién no. Frente a esa dificultad, es mejor que puedan votar todos y lo que debemos hacer es inyectar educación cívica para que todos voten con un mínimo de conocimiento. Como decía Joaquín V. González, reguemos al país de escuelas, hagamos que la gente, sin darse cuenta, termine votando con algún mínimo de conocimiento.

-Desde 1994, la Constitución permite ejercer la presidencia cuantas veces se quiera, siempre que no sean más de dos mandatos consecutivos. ¿Es malo que no exista un límite?

-Creo que es un delirio que alguien pueda ser presidente en 4 de 5 mandatos, realmente una locura. Alguien que fue dos veces presidente no debería poder presentarse otra vez, aunque corran las teorías de la proscripción y todos esos absurdos. También se le debería prohibir a alguien que fue presidente ocupar otro cargo público, como ministro o legislador. Si llegó a la máxima expresión del cursus honorum, ya está. Los ex presidentes se tienen que convertir en figuras de consulta. Deberían incluso ir alejándose de la política o mantenerse en un nivel de reserva. Pero estamos muy lejos de eso.

-Aunque su libro se titule Claves para la educación cívica de los argentinos, ¿cree que puede aportar para quienes no lo sean?

-Por supuesto. Lo que pasa es que en Argentina votan a autoridades nacionales exclusivamente los argentinos y hay que ser argentino para acceder a un cargo público. Pero sí, la educación cívica es para todos.

Cuando el 7 de marzo de 1854, dos días después de la asunción presidencial de Justo José de Urquiza como primer presidente constitucional de nuestro país, la Convención Nacional Constituyente que casi un año antes había sancionado la Constitución Nacional, clausuró definitivamente sus sesiones, le pidió al país acatamiento absoluto a la norma fundamental que habían redactado y alertó que «los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse frente a los tiranos».

El mensaje era claro: no venerar ni idolatrar a gobernantes, sino solamente a la ley fundamental que les sirve de límite, y que es el fundamento de todas sus acciones. Pues para que una sociedad incorpore este principio cívico tan aleccionador, es necesaria mucha educación, y particularmente educación cívica; porque es sabido que los pueblos cívicamente cultos razonan y no se dejan manipular por sensaciones, sentimientos ni sofismas.

Decía Sarmiento que la educación nos hace libres; y es claramente así, porque la educación nos hace mirar autor con recelo y repudiar a los gobernantes que se consideran más importantes que las normas a las que deben ajustar sus conductas.

Los pueblos cultos no rinden pleitesías personales ni se enamoran de sus gobernantes; por el contrario, los miran de reojo, sabiendo que están allí simplemente porque fueron elegidos para ejercer el poder político que se les ha conferido con la finalidad de conducir los destinos del conjunto en aras del bien común. Los pueblos no regalan el poder que les pertenece; lo ceden en préstamo a sus representantes por necesidad, y por eso lo hacen con la condición de que, quienes lo reciben, lo ejerzan en el marco de los límites que les marca una ley superior a la que llamamos Constitución Nacional.

El Estado

Es normal entender al Estado como «la organización política de una comunidad». Pues no por común el concepto deja de ser esclarecedor.

Efectivamente, es inevitable que cualquier comunidad integrada por seres humanos se organice políticamente, y una comunidad se organiza políticamente cuando sus miembros designan o aceptan gobernantes que conduzcan sus destinos; cuando esos gobernantes ejercen el poder político que les permite tomar decisiones e imponerlas, y cuando adoptan un sistema o régimen de gobierno.

Significa entonces que los elementos del Estado son los propios de la comunidad que se organiza (es decir, la población y el territorio) y los propios de la organización política que esa comunidad genera (es decir, el gobierno, y el poder político que los gobernantes ejercen).

Al término «gobierno», a su vez, se lo puede identificar con las autoridades –gobierno nacional, provincial, municipal– o con el sistema político –gobierno republicano, democrático, presidencialista, parlamentario, etc.–.

Ya sabemos entonces el significado de los conceptos Estado, gobierno y poder político. Ahora aparecerán en escena los términos Constitución y Estado de derecho.

Veamos: cuando la decisión de organizarse políticamente (o de crear el Estado) surge desde el pueblo mismo, lo normal es que esa organización se realice a través de una ley fundamental o Constitución. ¿Por qué?, porque la gente, frente a la necesidad de organizarse, y por lo tanto frente a la necesidad de tener que transferir el poder a unos pocos que gobiernen, prefiere que esa transferencia se realice con límites. Pues los límites respecto de cuánto tiempo los gobernantes deben ejercer el poder, y de cómo deben ejercerlo, surgen de una ley superior o Constitución.

Se advierte entonces que una Constitución es un instrumento a través del cual el pueblo se organiza políticamente, o un instrumento a través del cual nace el Estado, lo cual es lo mismo. A esa Constitución, los gobernantes tendrán que ajustar su conducta, porque esa Constitución será la que les marcará los límites.

Democracia

Hay que tener muy presente que en ambos sistemas de gobierno (autocracia y democracia) los que gobiernan son siempre unos pocos; la enorme diferencia es que, en las democracias, los gobernantes son elegidos por el pueblo y deben ajustar sus conductas a los límites impuestos por una Constitución; y en cambio, en las autocracias, los gobernantes se instalan espontáneamente y no son elegidos popularmente. Es por ello que, en estos sistemas, los gobernantes no tienen límites de ninguna naturaleza.

Como se advierte, las democracias son regímenes políticos propios de los Estados de derecho, mientras que las autocracias son sistemas de gobierno propios de los Estados de hecho.

Pero la democracia es un concepto muy amplio que no solo está vinculado con la elección popular de los gobernantes, sino también con la forma que estos tienen de gobernar y con la forma en la que viven los integrantes de una comunidad.

Voy a explicarlo de otro modo. Es cierto que hay democracia cuando el pueblo elige a sus gobernantes, pero para que la democracia sea completa, elegir a los gobernantes no es suficiente; además hace falta que ellos tengan un estilo de gobierno democrático, es decir, que hagan todo lo posible para satisfacer las necesidades de la gente a la que gobiernan.

♦ Es abogado constitucionalista. Enseña Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.

♦ Colabora habitualmente con medios como Infobae, La Nación, Clarín y Perfil.

♦Entre otros libros, ha publicado ¡Mirá vos! Verdades, enigmas, mitos y verdades en la historia de la Argentina y en la cultura cívica de sus habitantes.