Lenguaje inclusivo prohibido en escuelas de Buenos Aires: cómo reaccionaron escritores, editores y lingüistas a la medida oficial

Porque el lenguaje se hace con su uso, es de los hablantes y tiene la capacidad política de construir, incluir y visibilizar sujetos de derechos, la decisión del Ministerio de Educación porteño de prohibir el lenguaje inclusivo en las comunicaciones oficiales generó rechazo y debate entre escritores, editores y lingüistas, quienes advierten sobre cierta ingenuidad de la medida, los potenciales efectos que podría tener una reglamentación sin sustento teórico y la necesidad de preservar las aulas como ámbitos de apertura, debate y libertad.

La lingüista Paula Salerno, la escritora Ana Ojeda y Martín Azcurra, uno de los responsables de la editorial infantil Chirimbote, analizaron las contradicciones entre la resolución y otras directivas del mismo ministerio, cuestionaron la posibilidad de que se haga efectiva la prohibición sin que recaiga también en el aula y genere, de esa forma, un clima policíaco y poco pedagógico.

Paula Salerno es lingüista por la Universidad de Buenos Aires, investigadora post-doctoral en Conicet-Unsam y se especializa en estudios del discurso. Pocas horas después de la decisión del Ministerio de Educación porteño, redactó desde su cuenta en Twitter, @paulularia, un hilo que se viralizó.

En esas breves intervenciones explicó, con argumentos y citas a varios textos teóricos, por qué estaba en desacuerdo con la medida. “Este tipo de prohibiciones están en el marco de ciertas políticas que tienen que ver con lo que se llama ‘control de la discursividad’, se trata de prohibir o controlar determinadas palabras porque son incorrectas políticamente o porque son entendidas como ideológicas, como si la ideología estuviera solo en las palabras o, como en este caso, en los morfemas”, sostiene, y advierte que esta operación desconoce que “cada vez que usamos la lengua también expresamos una ideología e ideas aunque no queramos”.

En aquel hilo de Twitter había remarcado que la argumentación de la medida era fantasmática y poco sólida y lo hizo, sin ingenuidad, usando lenguaje inclusivo: “Dicen que consultaron ‘especialistas’, como si los y las especialistas no tuvieran ideología. ¿A qué especialistas consultaron? ¿Y qué fuentes citan? Citar a la Real Academia Española como única autoridad no solo es desconocer que en Argentina no hablamos el español madrileño sino que también es un gesto completamente colonialista. La otra autoridad citada en los medios son ‘las madres’, que por supuesto tienen su legítimo conocimiento de hablantes. Sería bueno que su opinión se complementara con la de lingüistas locales y regionales”.

Salerno también apuntó contra el argumento que sostiene que el lenguaje inclusivo es ajeno a la morfología del español. “Esto no es lo que dicen nuestras lingüistas”, reflexionó y linkeó un paper de Cecilia Romero y Soledad Funes en el que explican por qué la “e” y la “x” son morfemas de género inclusivo en español. “Y contra la idea de que la ‘e’ dificulta el aprendizaje de la gramática y es la culpable en la falta de comprensión textual, muchos y muchas profes de escuela dicen que la ‘e’ habilitó reflexiones sobre la gramática en las aulas y discusiones en las que las y los estudiantes se re involucran”, contó.

Para la lingüista, la medida intenta hacer de cuenta que el Estado puede controlar cómo cada hablante usa la lengua. “Es prácticamente imposible y además desconoce cómo funciona el lenguaje”, sostiene pero, además, alerta sobre efectos más problemáticos: “Podría generar e incentivar una actividad policíaca dentro del aula si alguien usa la palabra ‘todes’. ¿Cuál es el límite entre prohibírselo a los docentes y a los alumnos? ¿Quién va a controlar eso? Es poco realista, poco productiva y limita más que habilita. Se supone que la resolución es para mejorar la educación, pero no hay un solo punto que desarrolle más las habilidades de los alumnos, sino que por el contrario inhibe, coarta y reproduce una idea errónea de una lengua abstracta y aislada de sus usos”.

Al leer la resolución ministerial, la escritora y editora de Paidós Ana Ojeda se topó con una de esas trampas anticipatorias que a veces juega la ficción: su próxima novela, Furor fulgor (Random House), saldrá a la venta en julio y justamente comienza con la hipótesis de un Estado que prohíbe el uso de un lenguaje, el puntapié para una revolución.

Más allá de esta asimilación entre realidad y ficción, la autora trabaja desde hace años con una sintaxis liberada de prejuicios, con una apuesta a que sea la forma la que ilumine el contenido. Lo hizo en 2019 cuando publicó Vikinga Bonsái, una novela escrita íntegramente en lenguaje inclusivo que ofrecía, entre otras rarezas, la utilización de hashtags, y después en Seda metamorfa, donde el juego de “tunnear” palabras asumió en control de la trama.

”Escribí Furor, fulgor hace ya dos años, pero se ve que capté algo que estaba en el aire. Hay una operación muy sencilla: todo lo que se prohíbe, vuelve con más fuerza. Por lo cual la resolución sólo generará más interés en el uso del lenguaje inclusivo”, advierte Ojeda. La autora también propone repensar qué es aquello del “correcto uso” que invoca lo normal: “La escuela no nos enseña a hablar. Ahí hay una asimilación de lenguaje con gramática. Y además, si la RAE marca ese supuesto uso correcto, todos los argentinos hablamos mal. En definitiva, no se puede normalizar a un organismo vivo como el lenguaje”.

La autora también plantea el sinsentido de una norma administrativa que va en contra de las pautas bibliográficas de otros organismos y del Ministerio de Educación nacional. Más de doce mil ejemplares de Vikinga Bonsai fueron repartidos en escuelas y bibliotecas infantiles de todo el país como parte del Plan Nacional de Lecturas. Pero hay más contradicciones kafkianas: en 2018 y 2019, el Gobierno porteño capacitó al personal administrativo con varios talleres de lenguaje inclusivo organizados por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.

Fueron varios los escritores que se sintieron interpelados por la prohibición. “El lenguaje inclusivo no es solo un tema gramatical, es una manifestación de las luchas y los cambios en cuestiones de género ocurridos en estos años. Prohibir su uso en las escuelas es una forma de ignorar, combatir o denigrar esos cambios. Eso es lo que pretenden”, reflexionó el escritor Sergio Olguín desde su cuenta en Twitter.

”Uso poco el inclusivo. Pero ‘prohibido’ no te lo vamos a bancar, careta”, advirtió la autora Gabriela Cabezón Cámara y, en vez de analizar las normas y usos del lenguaje, eligió un argumento material para explicar los problemas en educación: “No es por una tercera opción de género. Busquen más bien por el lado de la miseria: 65% de los pibes pobres. Salarios miserables para los docentes. Escuelas atestadas y con infraestructura hecha pelota. Madres y padres trabajando por salarios bajo la línea de pobreza. O sin trabajo, sin poder salir de la exclusión más lacerante. Gente abandonada a la desesperación, a la falta de futuro. De presente incluso. Eso han hecho. No se me ocurre método más efectivo para que la educación no funcione bien”.

La editorial infantil Chirimbote -conocida por ofrecer narrativas alternativas a los estereotipos del mainstream infantil, que narran la vida de figura emblemáticas de las historia y cultura de Latinoamérica como Frida Kahlo, Violeta Parra y Juana Azurduy- lanzó en febrero, al iniciarse el ciclo lectivo, la campaña “Lenguaje inclusivo en el Aula”. “Su uso no es una obligación, pero es un derecho que protege a las infancias y adolescencias. Cada vez más estudiantes no se identifican con un género o están en transición o se autoperciben como no binaries”, proponían entonces. Martín Azcurra, uno de los artífices del sello, cuenta que gran parte de los libros del catálogo están escritos en lenguaje inclusivo, dependiendo de las y los autores, ya que respetan su elección.

”Si bien es una propuesta de la editorial, hay autores que no se sienten cómodes y se lo respetamos. Nuestros libros están en las aulas de todo el país, no solo porque las y los docentes los buscan para poder brindar la ESI, sino que también nos compran las Bibliotecas Populares, a través del Programa Libro% de la Conabip; también nos han hecho compras grandes algunos ministerios de educación provinciales, secretarías de Cultura y Género municipales, escuelas públicas y privadas, centros de atención dependientes del Ministerio de Salud, incluso del gobierno de la Ciudad, la Cámara de Diputades y de Senadores, y muchas más instituciones públicas”, repasa -haciendo uso del lenguaje inclusivo- sobre cómo es la dinámica de circulación que tienen los libros, muchas veces solventada por los distintos niveles del Estado.

Para Azcurra, la resolución es apresurada e inconsulta y va en contra de las leyes más importantes de los últimos años, “como la Ley de Identidad de Género y la de Educación Sexual Integral, que plantean el respeto a las formas de expresión de las diversidades”. Además, entiende que es antidemocrática, ya que “atenta contra los principios de libertad de expresión en la escuela y en el aula”. “Nos parece una maniobra política pre-electoral, sin asidero real. La ley nos protege para expresarnos libremente”, resume y propone ver esta coyuntura como un hiato para iniciar un proceso de reflexión sobre el tema: “Es una oportunidad para visibilizar el problema y hacer un llamado a la diversidad de expresiones. No se puede obligar a otro a expresarse de determinada manera”.

Fuente: Télam S.E.

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