Sabina Frederic lanza un “think tank” de políticas de seguridad que reunirá al albertismo y al cristinismo

Pasaron ocho meses desde que la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se vio obligada a dejar su cargo por la presión que ejerció Cristina Kirchner sobre Alberto Fernández después de la derrota del Frente de Todos en las PASO. Hoy, la funcionaria nacional del ala albertista del Gobierno atribuye su salida a “una cuestión política”, no vinculada a su performance, sino a la derrota electoral, y se muestra crítica de la gestión de su sucesor, Aníbal Fernández. De hecho, se prepara para lanzar un “think tank” para proponer políticas públicas “a aquellos que quieran ocupar una banca legislativa o un lugar en el Ejecutivo en una de las áreas que generan mayor disconformidad en la opinión pública.

Desde el septiembre post PASO que terminó con su intempestiva eyección del Gabinete junto a varios ministros y secretarios el riñón del Presidente, Frederic conduce la Agencia de Cooperación Internacional y Cascos Blancos bajo la órbita de su amigo y canciller, Santiago Cafiero, ambos integrantes de la agrupación política albertista Grupo Callao. Si bien mantiene el perfil bajo, sigue en contacto con el Presidente, y observa con atención la gestión del ministro que ocupó su lugar, de la que se siente muy distante. “No es una persona especializada en seguridad”, sentencia Frederic.

En una entrevista con Infobae desde la Feria del Libro a raíz de la presentación de La Gendarmería desde adentro (2020), la funcionaria revela, en esa línea, que la semana próxima lanzará el instituto “En Foco” con ex funcionarios de su cartera y a figuras cristinistas, como la abogada Graciana Peñafort; la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré (que será presidenta honorífica); y vinculadas a organizaciones sociales, como el diputado nacional de Movimiento Evita, Leonardo Grosso, y el referente de Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois. En medio de la pelea flagrante entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, asegura que la nueva organización no estará orientada a apoyar a uno u otro, ni a obtener cargos políticos, sino a proponer políticas públicas orientadas a “objetivos” para “mejorar la vida de la gente” y alejarse de las acciones meramente “discursivas”.

—Su libro La Gendarmería desde adentro brinda una mirada antropológica y política sobre la fuerza. ¿Qué la motivó a escribirlo?

—Es el resultado de muchos años de investigación antropológica, de campo, de acompañar la tarea de los y las gendarmes en el país, tanto en Buenos Aires como en las fronteras norte y mesopotámica, así como en en Rosario y en el Sur. Empecé en el 2012, como parte de un trabajo que nos pidió en ese momento la doctora (Nilda) Garré, que era la ministra de Seguridad de la Nación, a nosotros como investigadores de la Universidad de Quilmes. Había también investigadores de otras universidades, y ahí conocí la tarea de la Gendarmería en cinturón Sur, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Me impactó mucho lo que la Gendarmería estaba haciendo en ese lugar, y a partir de entonces decidí empezar a seguir a los y las gendarmes en su tarea cotidiana. El libro, en realidad, no sólo habla de la Gendarmería, sino que es una excusa para discutir el rol del Estado argentino, cómo se transformó durante los años del kirchnerismo, es decir, durante los primeros veinte años del siglo XXI.

—¿Qué similitudes encuentra entre la situación social y económica de 2003 y la actualidad? ¿Cuál es el rol de la Gendarmería hoy?

—La situación económica y social del país cambió mucho. En ese momento estábamos en una etapa de crecimiento, pero había también conflictividad, una alta demanda social. El Estado que hereda Néstor Kirchner estaba muy frágil, es el que deja la década de los 90. Hubo infinidad de políticas compensatorias, y algunas restauraciones, pero nunca volvimos a tener un Estado benefactor en el sentido de que existió en los años 60, 70. Y la Gendarmería ahí, en algún sentido, cumple un rol claro, que después cambia mucho con la llegada del gobierno de Macri, porque es otra la conducción. Eso explica lo que pasó con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, y con la represión de diciembre del 2017-2018 por la ley de reforma de la ley provisional. Terminó siendo usada como una fuerza de choque.

—El año pasado debió dejar su puesto en el Gabinete por la presión para mejorar la gestión. ¿Hoy creé que aquellas modificaciones sirvieron?

—Esa decisión obedeció no sólo a la gestión en seguridad, sino a temas, principalmente, de orden político general. Los cambios se producen después de los resultados de las PASO, y hubo modificaciones importantes también en la Provincia de Buenos Aires. Me parece que los cambios fueron pensados principalmente para remontar electoralmente. Con respecto a la gestión en seguridad, por supuesto que el actual ministro tiene una orientación en la conducción política de las fuerzas que no es la nuestra, ni la mía. Hay muchas cosas que sigue haciendo, continuidades con respecto a fortalecer la investigación criminal, que era un gran eje de nuestra gestión. También el bienestar, aunque hoy es la fuerza la que se ocupa de eso. Y nosotros creemos que no alcanza, porque la Gendarmería tiene una demanda operativa que muchas veces choca contra la necesidad de dar cuenta de cuestiones salariales, de equipamiento, de armamento, de lugar de trabajo, de horas de descanso, entre otras cosas.

—¿Qué aspectos se cambiaron?

—Es otra la relación con las provincias y con los actores políticos del Gran Buenos Aires. Es otra la delegación de funciones que hace el Ministerio respecto de las fuerzas. Actualmente hay funcionarios de segundo y tercer nivel que se reportan a los de primer nivel, y no hay relación directa con el área común de las fuerzas de seguridad federales. Es otra forma de conducir. Eso es lo que más cambió.

—Usted mantuvo una disputa pública con el ministro de Seguridad Sergio Berni, que terminó quedando en su puesto. ¿Tomó esa continuidad como una derrota? ¿Cómo evalúa, en retrospectiva, esa discusión?

—En principio no tuve una discusión con él. Me parece que hay diferencias ideológicas, que fueron claras en cada uno de los conflictos públicos. Y, también, miradas distintas sobre la gestión de la seguridad, que son más políticas, sobre el rol de las fuerzas federales en la prevención y desarticulación de organizaciones criminales. Esa diferencia nunca tuvo un espacio de debate para mostrar por dónde ir o preguntarse por qué tal cosa funcionaba mejor que otra. No existió nunca ese espacio y hubiera sido deseable que así fuera. Ahora estamos lanzando un instituto, que se va a llamar En Foco, sobre políticas de seguridad, violencia, y delito, que está destinado a avanzar en debates, análisis y propuestas de políticas que realmente le mejoren la calidad de vida a la gente, pensando en el objetivo y no tanto en lo discursivo.

—¿Qué formato va a tener? ¿Va a ser una agrupación política?

—No, va a ser un instituto, formado por un Comité Ejecutivo con muchas de las personas que estuvimos en la gestión en los primeros dos años del gobierno de Alberto, y un comité de expertos, que va a estar integrado por mucha gente, desde académicos a personas de la gestión. La presidenta honoraria es Nilda Garré, con quien tenemos una relación muy estrecha, porque nos consideramos herederos de su gestión. Esto forma parte del espacio del Frente de Todos.

—Sin embargo, dice que está formado por referentes que estuvieron en la primera etapa del Gobierno. En el contexto actual de discusión entre las dos alas principales del oficialismo, una encabezada por Alberto Fernández y la otra por Cristina Kirchner, ¿el instituto se va a identificar políticamente con el Presidente?

—Se va a identificar con el espacio del frente. A la presentación están invitados Graciana Peñafort, Juan Grabois, Leonardo Grosso… Más que pensar en dos alas, este frente está diseñado para encontrar puntos en común, que existen. Compartimos nuestra política de seguridad con muchos actores, que quizá son de La Cámpora, o más afines al Movimiento Evita. Creemos que hace falta una discusión profunda, que no se quede en lo discursivo, que defina políticas a partir de la eficacia que las políticas tienen en relación con la vida de la gente. Que se midan en desarticulación de organizaciones, en decomiso de droga, y en la vida de la gente.

—¿Cuáles son específicamente estas propuestas?

—Es un instituto pensado como think tank, de propuestas de acción política, como política pública, pero no de orden electoral, ni para ocupar lugares en la lista de diputados. No nos importa eso. Nos importa generar propuestas que puedan tomar quienes sí quieran ser legisladores u ocupar cargos en el Gobierno. Muchas de las líneas tienen que ver con lo que veníamos trabajando en Seguridad, o inclusive desde antes. Están asociadas a fortalecer la investigación criminal y la articulación entre el Ejecutivo y la Justicia en las investigaciones criminales, hay una línea orientada a la profesionalización de las fuerzas, entre otras cosas.

—¿El actual ministro va a integrar este instituto, o está al tanto?

—El ministro de Seguridad actual obviamente no es parte de nuestra línea de trabajo, porque no es una persona especializada en seguridad. Tiene una gran trayectoria en la gestión pública, pero entendemos que no es un tema que pueda ser de interés de él. Obviamente, está invitado, pero no es parte del instituto.

—¿Cómo evalúa el cónclave de la Corte Suprema con el Ejecutivo en Rosario para dar apoyo a los jueces federales contra el narcotráfico?

—Es la línea que nosotros venimos trabajando. En 2020 creamos la Unidad Ministerial Rosario, que estaba dirigida, justamente, a fortalecer las capacidades de investigación de las fuerzas federales. Encontramos 360 causas, muchas de las cuales tenían personas, domicilios y vehículos cruzados, pero no había ningún trabajo de sistematización. Trabajamos con la Procuración y con los juzgados federales para reactivar las causas, y encontramos exactamente lo que plantea (el juez Ricardo) Lorenzetti, es decir, que falta apoyo del Poder Judicial a los jueces federales en Rosario. Falta articulación, y no sólo allí. Esto no es sólo una tarea del Ejecutivo, sino de respaldo y fortalecimiento de la Justicia Federal en un lugar que se encuentra en una situación muy problemática. Las soluciones parche que se vienen aplicando, que hemos debatido con las autoridades de la provincia (de Santa Fe) son eso, parches. Esta pelea sobre la cantidad de gendarmes no mueve el amperímetro. Tranquiliza, pero no es el camino a la solución. Esto requiere que la Policía de Santa Fe esté institucionalizada, legitimada, autorizada, y como eso no termina de ocurrir, es parte del problema. Lo que plantea Lorenzetti está en nuestra línea, pero requiere un apoyo de la institución judicial a los jueces de Santa Fe.

—¿Cree que va a funcionar o que sirve sólo para la foto?

—Eso depende de cuánto avance Lorenzetti en su idea. Si es sólo para los medios, o si es para sentarse con el Ministro de Seguridad de la Nación, con el Consejo Federal de Seguridad y el Ministro de Justicia. Comparto la mirada de que hoy, y desde hace años, el juego es tirarle la pelota al otro. La idea de crear una unidad que conecte a estos actores no es para nada una mala idea.

—Patricia Bullrich, su predecesora, se está planteando como posible candidata presidencial de Juntos por el Cambio y tiene un nivel de imagen en la opinión pública alta. ¿Cómo vería que lograra imponerse, por lo menos al interior del espacio del electorado opositor?

—Bueno, yo espero que no sea electa. Nosotros no compartimos su manera, no compartimos su visión sobre el país. Está hablando de la dolarización de la economía argentina, por ejemplo, lo cual es una barbaridad. Entonces es muy imprudente. Es muy irresponsable en sus formulaciones sobre cosas sobre las cuales no tiene conocimiento suficiente, y me parece que es temeraria, entonces creo que no sería bueno para el país.

Mirá la entrevista completa en el video.

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