La biblioteca “Del otro lado del árbol”, en el Parque Saavedra de La Plata, nació el 2 de abril de 2011. Fue un sueño ideado por Paula Kriscautzky durante 2010 y proyectado luego de que a su hija Pilar, que iba a la última sala del jardín y estaba aprendiendo a leer, le diagnosticaran una enfermedad grave que la llevó a pasar varios meses internada en una clínica. Poco después, Pilar murió y su mamá inauguró la biblioteca que soñó durante aquellos días, destinada a acompañar a los chicos que vivieran circunstancias difíciles como las que les habían tocado a ella y su familia.
En ese espacio hay 11 mil libros para consulta o préstamo para chicos y estudiantes de todos los niveles pero también propuestas de narración, talleres de plástica, espectáculos culturales con artistas de todo el país y trabajo conjunto con los bebés de Casa Cuna. Todas estas actividades, así como las que brindan las más de 1.200 bibliotecas populares que, como la que lleva adelante Paula, fueron reconocidas justamente por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), corren riesgo de ser desmanteladas si el Congreso Nacional no deroga el inciso B del artículo 4º de la ley 27.432.
Se trata de un inciso que contradice el espíritu y la vigencia de la Ley Nº 23.351 dictada en 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por la que se establece el marco normativo que regula las Bibliotecas Populares y crea su Comisión Nacional Protectora con el actual formato -reformulando la Ley 419 dictada por Sarmiento en 1870. La ley del alfonsinismo establece en su artículo 14 la creación de un “Fondo Especial” destinado exclusivamente al otorgamiento de beneficios directos a Bibliotecas Populares reconocidas por la Conabip.
Ese fondo se conforma por el 5 por ciento de lo recaudado a través del “Gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos”. La sanción en el año 2017 de la Ley 27.432 intenta derogar, con efecto a partir de diciembre de este año, el beneficio reconocido como derecho a organizaciones de la sociedad civil que prestan un servicio público, en algunos casos desde hace más de 100 años.
El miércoles pasado se realizó un debate en la Cámara de Diputados pero hasta el momento no se llegó a un acuerdo sobre qué ocurrirá con el inciso que, de no derogarse, dejará desprotegidas a estas instituciones. El tratamiento legislativo del tema deberá reanudarse para evitar el desfinanciamiento de estas entidades públicas que funcionan en distintos puntos del país y dependen del Ministerio de Cultura de la Nación.
Voces entre el miedo y la indignación
“Me cuesta mucho entenderlo desde la cuestión más técnica, porque no somos especialistas ni en economía ni en temas de financiamiento -dice Kriscautzky- pero sí sabemos y tenemos muy claro que la Conabip es quien protege, siempre me gustó la palabra, a las bibliotecas de todo el país. Para nosotros, que se desfinancien estos organismos, así como también sucede en el caso del cine, en los espacios de comunicación comunitaria y la cultura en general, sería algo más que triste y sobre todo un retroceso en materia de derechos y financiamiento a entidades que según entendemos son fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades”.
En la Biblioteca Popular “Escritores Correntinos” de la ciudad de Corrientes se brindan talleres con salida laboral inmediata, como electricidad básica, marroquinería, belleza integral o peluquería, además de jornadas de oratoria para principiantes o workshops online de retoque y edición fotográfica. “Nuestra biblioteca también se caracteriza por brindar cursos de idiomas, como guaraní, portugués e inglés, así como talleres literarios para incentivar a la lectura”, cuenta Ramón Horacio Ramírez, presidente de la entidad correntina.
Igual que en otros lugares del país, juntan firmas para solicitar a los diputados que se modifique el controvertido artículo 4º de la ley 27.432. “La Conabip recibe un fondo especial que se distribuye a todas las bibliotecas protegidas. Si dejara de recibirlo no podría distribuir, por lo que en nuestro caso, por ejemplo, perderíamos entre otras cosas el importe por conectividad que financia el pago de internet, una herramienta muy importante para nuestra biblioteca”, dice Ramírez.
Jorge Benítez, presidente de la comisión directiva de la Biblioteca Popular “Rivadavia” de Federación, Entre Ríos, sostiene que la implementación de la ley “perjudicaría enormemente el desenvolvimiento y prestaciones que realizan a nivel social y cultural todas las Bibliotecas Populares del País”, entre ellas la que él preside. Allí se brinda apoyo escolar a alumnos de distintos niveles educativos y se dictan cursos de idiomas como japonés, o de informática como programación para niños.
También realizan una Feria del Libro anual que ya lleva diez ediciones, organizan presentaciones de libros de escritores locales y eventos como el que planean para el 1º de agosto, cuando además de celebrar el cumpleaños de la biblioteca realizarán un homenaje por los 150 años del Martín Fierro.
“Las bibliotecas son trincheras de amor y de libros, llenas de pibes y de pibas que son nuestro presente y seguramente también nuestro futuro”, dice la fundadora de un espacio en La Plata
“Como dirigente bibliotecario veo que algunos diputados no dimensionan la importancia que tiene el fondo destinado a la Conabip y a las bibliotecas populares”, sostiene Braian Urban, presidente de la Biblioteca Popular “Sarmiento” de Villa Italia, en Tandil. “El tema cayó en la grieta y se lo trata de manera liviana, electoralista, tribunera y hasta indecorosa. Nuestra historia, nuestra población y las bibliotecas merecemos un debate más serio y comprometido”, suma.
Urban repasa algunas de las instancias que con la caducidad del Fondo de Asignación Específica se ponen en juego: “La continuidad de la Conabip y las políticas públicas del Estado nacional de cara a las bibliotecas populares, el acceso a la lectura de toda la población de nuestro país, un sistema de bibliotecas populares que cuenta con más de 30 mil voluntarios y colaboradores, una expresión federal con más de 150 años de antigüedad, que mostró su fortaleza y solidaridad a lo largo de la historia de nuestro país, pero sobre todo en tiempos de crisis económicas, institucionales, y sanitarias, como el Covid-19″.
“En caso de retirarse el financiamiento se perderían espacios democráticos y de discusión. Las bibliotecas populares desarrollan una gama muy amplia de actividades, además de ser ámbitos de socialización y encuentro en cada comunidad. El sistema argentino es único en el mundo, básicamente porque expresa autonomía, libertad y solidaridad. Hay bibliotecas populares donde no llega el Estado, donde no hay librerías, universidades, cines ni teatros. Hay bibliotecas en barrios populares, en el campo y en las sierras”, remarca Urban.
“Nos preocupa mucho todo el tema de la caducidad de la ley pero también entendemos que hoy nos gustaría estar luchando por más derechos, más posibilidades, y no por algo que ya tenemos”, cierra Kriscautzky. “Esperamos que se resuelva donde tenga que resolverse, que es en el Congreso. Que voten lo que tengan que votar para garantizar una lucha que ya estaba ganada porque tenemos muchas cosas más para pedir, que tiene que ver con poner en agenda a las infancias, pensar políticas públicas que abracen, aniden, acompañen y se multipliquen como nuestras bibliotecas en los espacios públicos de las ciudades. Esto que creíamos que ya debería estar garantizado hay que volver a visibilizarlo así que acá estamos, esperando que se resuelva para seguir trabajando en nuestros espacios. Las bibliotecas son trincheras de amor y de libros, llenas de pibes y de pibas que son nuestro presente y seguramente también nuestro futuro”, dice la bibliotecaria que pensó en ese espacio mientras perdía a su hija.
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