Cuando Nintendo anunció que cerraría definitivamente el eShop de 3DS y Wii U en marzo del 2023, el público gamer comenzó a hacerse una pregunta: ¿qué sucedería con aquellos títulos que solo habían visto la luz de forma digital? La compañía declaró que aún no tiene planes para reestablecer este contenido, lo que significa que un poco más de 1000 juegos desaparecerían por completo y aproximadamente 2000 en total no estarían disponibles digitalmente.
Esto quiere decir que 450 títulos de la Wii U y 600 juegos de la 3DS no serán accesibles para nadie en el futuro, excepto aquellos que tienen los títulos ya en sus bibliotecas. La problemática despertó una vez más la polémica de los bienes digitales y qué puede llegar a suceder en el caso que la empresa madre deje de tener interés en su distribución: ¿se perderán para siempre?
Allí es donde entra en juego la preservación de videojuegos como historia internacional. Así como las grandes bibliotecas, cinematecas y galerías de arte, los videojuegos son apreciados como un bien cultural del cual debe quedar registro dado a su impronta en la historia. Para la Video Game History Foundation, este colapso digital que propone Nintendo entra en conflicto con las políticas de copyright que patrocina, ya que la empresa japonesa tampoco habilita la reproducción sin fines de lucros en títulos que ya no tiene interés de comercializar.
“Aunque es desafortunado que algunas personas no podrán comprar de manera digital algunos juegos de 3DS y Wii U, entendemos la realidad empresarial que llevó a tomar esta decisión. Lo que no entendemos es qué camino pretende Nintendo que sus fans tomen, si es que desearan jugar esos títulos en el futuro. Como un miembro de la Entertainment Software Association, Nintendo paga estrategias para prevenir la existencia de librerías que podrían proveer acceso legal a estos juegos. No proporcionar acceso comercial es entendible, pero prevenir el trabajo institucional para preservar estos títulos es destruir activamente la historia de los videojuegos”, dijo la Fundación a través de un comunicado oficial.
La preservación del gaming en particular es un trabajo que choca con dos instancias que complican el paradigma al extremo: las problemáticas legales de copyright y los conflictos técnicos a la hora de conservar formatos que ya no encuentran matriz para ser reproducidos. La Video Game History Foundation hace hincapié que los juegos que discontinuará Nintendo inclusive encuentran la dificultad que son exclusivos para sus consolas, lo cual limita enormemente los métodos para poder archivarlos como memoria.
Si bien la mayoría de las leyes de propiedad intelectual varían acorde a las regiones, en general los problemas con la preservación se radican en la legislación de Estados Unidos. Desde el Digital Millennium Copyright Act (DMCA), cualquier tipo de copia o distribución del juego pasa a la categoría de piratería, por lo que también se le pide a los jugadores y jugadoras borrar todos los títulos que adquirieron en sus consolas en el caso que deseen venderla (e inclusive, están obligados por la ley a hacer todo en su poder por destruir las copias digitales en el caso que el dispositivo le fuera robado).
Gracias a la Librería del Congreso de EEUU, algunas excepciones pudieron ser aceptadas para asegurarse la preservación de títulos como: permitir la distribución libre de aquellos programas de computadora que requieren hardware o medios originales para poder acceder a riesgo de quedar perdidos por obsolencia, que los preservacionistas obtuvieran copias especiales con pasos de autenticación especiales y la utilización de emuladores u otros programas en el caso que sea necesario para que se puedan correr los juegos con los sistemas contemporáneos; y la creación especial de códigos en aquellos juegos online MMO para poner a disposición de museos y librerías.
En base a una de estas excepciones del DMCA, Nintendo aprovechó para demandar oficialmente a dos webs que distribuían ROMS para emuladores de sus plataformas discontinuadas. En el caso de estos 1000 títulos que se perderían para siempre el 27 de marzo de 2023, aún no se tiene respuesta de cómo los preservacionistas podrían continuar con su tarea.
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