Hotesur-Los Sauces: Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito”

El juicio oral por la causa Los Sauces a la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner y los restantes acusados por supuesto lavado de dinero proveniente de la corrupción se reanudó este viernes con la lectura del tramo final de la acusación de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), sobre la inmobiliaria de la familia.

La querella sostuvo que entre mayo de 2003 y diciembre de 2016 operó una organización destinada a obtener fondos públicos mediante maniobras de defraudación y a incorporarlos luego al patrimonio de la familia Kirchner.

En esa estructura, ubicó a Cristina Fernández de Kirchner y al fallecido Néstor Kirchner como jefes, y a Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice y Carlos Sancho como organizadores.

Al exponer las responsabilidades individuales, la UIF atribuyó a la expresidenta haber “diseñado, ejecutado y dirigido un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces”. La querella también le imputó la aceptación de dádivas de parte de López y De Sousa.

La imputación incluyó una operación por la que ingresaron $4.000.000 a una cuenta de Los Sauces desde una caja de ahorros de Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, que luego fueron utilizados para pagar el departamento de San José 1111.

El debate se realizó ante el Tribunal Oral Federal 5 integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni con la expresidenta, su hijo y los restantes acusados conectados vía Zoom. La próxima audiencia será el miércoles próximo desde las 10 y se dará inicio a la lectura de la acusación fiscal en la causa Hotesur, vinculada a los hoteles de la ex familia presidencial y los contratos con empresarios beneficiados con obra pública nacional.

Los abogados, la fiscalía a cargo de Diego Velasco y la querella de la UIF representada por Mariano Galpern y Marianela Teich, asistieron al debate de manera presencial, al igual que los jueces en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002.

La expresidenta se conectó desde su departamento en Constitución, donde cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

En el caso del acusado Lázaro Báez, se conectó desde la cárcel de Ezeiza, donde esta semana se allanó su celda por orden de la justicia federal de Río Gallegos en una investigación por presuntas maniobras para seguir al frente de negocios como alquileres de propiedades, pese a que está condenado y tiene prohibido hacerlo.

La UIF pidió que los imputados también respondan por lavado y dádivas

El Tribunal Oral Federal 5 completó la lectura del requerimiento de la elevación a juicio planteado por la querella para la causa Los Sauces contra 25 imputados.

En el último tramo de la lectura analizó la figura del lavado de activos. La querella sostuvo que las personas acusadas conocían el supuesto origen ilícito de los fondos porque, según su hipótesis, participaron de la maniobra previa o mantenían vínculos de confianza, familiares, empresariales y profesionales con quienes la ejecutaban.

En esa línea afirmó que el esquema permitió trasladar recursos desde empresas vinculadas con Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa hacia Los Sauces, para que luego los fondos ingresaran al patrimonio de la familia Kirchner bajo apariencia de operaciones inmobiliarias y hoteleras legítimas.

Finalmente, la UIF concluyó que la asociación ilícita debe concursar materialmente con los delitos de lavado de activos y ofrecimiento de dádivas.

De este modo, solicitó que en este proceso Cristina Fernández responda como coautora de asociación ilícita agravada por su carácter de jefa, lavado de activos y admisión de dádivas.

Respecto de Máximo Kirchner pidió que responda como organizador de asociación ilícita y coautor de lavado de activos. Para Lázaro Báez, reclamó la misma calificación: organizador de asociación ilícita y coautor de lavado.

Cristóbal López y Carlos de Sousa fueron acusados como organizadores de asociación ilícita, coautores de lavado de activos y autores de ofrecimiento de dádivas.

La acusación de asociación ilícita contra los imputados

En cuanto al apartado que describe la figura penal de asociación ilícita, la Unidad de Información Financiera (UIF) sostuvo en el requerimiento del juicio que entre mayo de 2003 y diciembre de 2016 funcionó una estructura que buscó obtener fondos públicos mediante maniobras de defraudación, para después incorporarlos al patrimonio de la familia Kirchner mediante mecanismos de lavado de activos.

En esa descripción, Cristina Fernández de Kirchner fue señalada como jefa junto con el fallecido Néstor Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Carlos de Sousa, Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice y Carlos Sancho, quienes aparecen como organizadores. Otros imputados fueron ubicados como miembros de la supuesta asociación.

Puntualmente, para la querella, Cristina Kirchner habría organizado el esquema y supervisó el cumplimiento de los roles asignados. Máximo Kirchner habría ocupado un papel de organizador desde el ámbito privado, a través del cobro de cheques, la firma de contratos, la conducción de sociedades y la compra de propiedades, especialmente a partir de su presidencia en Los Sauces.

En cuanto a Lázaro Báez, habría intervenido tanto en las maniobras vinculadas con la obra pública vial en Santa Cruz como en los mecanismos posteriores que habrían permitido canalizar fondos hacia la familia Kirchner.

Una transferencia de 4 millones de pesos para comprar San José 1111

La Unidad de Información Financiera (UIF) también apuntó contra cinco empleados del Banco de la Nación Argentina, a quienes les cuestionó haber facilitado el ingreso y posterior envío de fondos de modo irregular.

La primera operación bajo análisis fue el ingreso de $ 4.000.000 en la cuenta de Los Sauces, que provenían de una caja de ahorros a nombre de Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, sin que quedara identificada la persona que realizó u ordenó la operación.

Ese mismo día, la acusación refiere una salida de $ 3.959.000 hacia una cuenta de la sucursal Plaza de Mayo de la entidad.

Se trataría del dinero que habría sido utilizado para pagar el departamento de San José 11, una compra que fue atribuida a Florencia Kirchner.

La UIF acusa a Martín Báez de haber avalado operaciones para beneficiar a la familia Kirchner

Según el requerimiento de elevación a juicio de la Unidad de Información Financiera (UIF), a Martín Antonio Báez se le atribuye haber actuado como accionista o autoridad de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Valle Mitre. Desde esas firmas, habría avalado operaciones de compra, construcción, alquiler y transferencia de propiedades vinculadas con la familia Kirchner.

La querella indicó que Martín Báez habría emitido cheques y ratificado contratos de locación entre empresas del Grupo Báez y Los Sauces. Esos alquileres, según la acusación, sirvieron para justificar el traslado de fondos hacia la sociedad de la familia Kirchner.

La lectura continuó con la descripción de la situación de otros cinco imputados:

Emilio Carlos Martín, como socio y apoderado de Loscalzo y Del Curto, participó en la construcción de dos complejos de departamentos sobre terrenos de Néstor y Cristina Kirchner. También le atribuye haber firmado cheques para canalizar fondos hacia Los Sauces.

Claudio Fernando Bustos, de acuerdo a la hipótesis de la UIF, habría intervenido en la transferencia de fondos a Los Sauces a través del alquiler del edificio ubicado en Mariano Moreno 882, en Río Gallegos. En tanto, Martín Samuel Jacobs fue acusado por suscribir contratos de alquiler con Máximo Kirchner en representación de Los Sauces.

Por otra parte, Oscar Alberto Leiva fue imputado por intervenir en la estructura financiera que habría permitido canalizar fondos de empresas de los grupos Báez e Indalo hacia Los Sauces; mientras que Carlos Alberto Sancho fue señalado como administrador de inmuebles en Río Gallegos y actuado con poderes otorgados por Máximo Kirchner y Negocios Patagónicos.

La UIF ubicó a Máximo Kirchner como “organizador” de la asociación ilícita

El diputado nacional Máximo Kirchner fue acusado por la querella de la UIF como “organizador” de la asociación ilícita que se habría formado para " sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos a través de la defraudación en perjuicio del Estado y lavado de dinero”.

Junto a su madre y su hermana, Máximo Kirchner compró a través de Los Sauces el departamento de San José 1111 y el inmueble de la calle Mascarello en Río Gallegos para uso “particular” de las dos primeras.

La lectura ingresó en etapa de responsabilidades individuales de los acusados.

Cristina Kirchner diseñó un “esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito”

La querella de la UIF acusó a la expresidenta en calidad de presunta jefa de asociación ilícita y en ese rol le imputó “haber diseñado, ejecutado y dirigido un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces”.

“Se logró legitimar una porción de dinero canalizado por las empresas del grupo Báez y del grupo Indalo”. También se le imputó la “aceptación de dádivas” por parte de los acusados empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La “opacidad” en la compra de San José 1111 con dinero de CFK

La acusación de la UIF remarca el uso “con fines personales por parte de Cristina Fernández y Florencia Kirchner” de dos inmuebles de Los Sauces: el de la calle Mascarello en Rio Gallegos y San José 1111, el departamento de Constitución donde CFK cumple ahora arresto domiciliario. “Esta operatoria forma parte de la maniobra porque la adquisción de las propiedades se hizo con dinero de Los Sauces entregado por los grupos empresarios”.

Para la compra de San José 1111 hubo “una serie de movimientos de fondos entre cuentas personales de los socios y de la propia sociedad que se ha querido mantener en el anonimato, para lo cual contaron con complicidad de empleados de la sucursal Rio Gallegos del Banco Nación” quienes " deliberadamente omitieron asentar o dejar debida constancia de la identidad de la depositante y de quien ordenó realizarla".

El dinero para la compra de San José 1111 se giró desde el Banco Nación de Rio Gallegos “hacia una cuenta de la sucursal Plaza de Mayo” y “en ambas operaciones no fue asentada la identidad del particular que dio la orden”.

El dinero “figura como depósito en efectivo a la cuenta de la sociedad Los Sauces” pero según la prueba habría “provenido de la caja de ahorros que la entonces presidenta Cristina Fernández poseía en la sucursal”, apuntó la acusación.

Esta “opacidad de las operaciones” impidió para la UIF conocer cómo se pagó el departamento de San José 1111.

“Máximo Kirchner también se hizo de fondos” de los empresarios favorecidos

El acusado Máximo Kirchner “también se hizo de fondos provenientes de los empresarios favorecidos” a los que “se habría borrado el origen espurio como consecuencia del sistema de reciclaje. Lo hizo cobrando honorarios como director” y “retiró de la empresa fondos limpios por 2.492.415,69 pesos”.

“Se usaban fondos que eran canalizados a través de la empresa Los Sauces por parte del hijo de los ex mandatarios. La hija de los exmandatarios tambien resultó beneficiada con la maniobra investigada: al igual que sus padres y su hermano retiró fondos”. En el caso de Florencia Kirchner no forma parte del juicio porque fue sobreseída.

Según la acusación, la pericia contable permitió determinar que Los Sauces instrumentó un “esquema de lavado de activos desde 2018″ cuando “experimentó un crecimiento vertiginoso”.

Los empresarios acusados eran beneficiados por contratos “con el Estado Nacional, concesiones viales y de juego”.

La sociedad de los Kirchner “creció gracias a la inyección de fondos constante y permanente por parte de los empresarios”. Se entregaban con “apariencia de legitimidad varios millones de pesos a los ex mandatarios y sus hijos” que hacían un “manejo personal” del patrimonio de Los Sauces. “La ex familia presidencial extrajo dinero de Los Sauces”.

Todo ocurrió luego de someter al dinero “a una cadena de movimientos bancarizados” para que finalmente los destinatarios pudieran acceder a lo “producido del delito”.

Contrataciones por encima del valor de mercado

La acusación de la UIF sostiene que hubo “dos mecanismos simulados” que “resultaban injustificados en relación con el objeto y la magnitud de la empresa” de López y De Sousa para concretar la presunta maniobra de lavado de dinero.

Los alquileres “fueron contratados a valores superiores a los de mercado” y el primer mecanismo " consistió en el alquiler de amenities y espacios comunes" del complejo Madero Center.

Según se sostuvo, la maniobra permitió transferir fondos bajo la apariencia de un alquiler de espacios comunes. El departamento era utilizado a título personal por De Sousa mientras que el pago estaba a cargo de Alcalis de la Patagonia, una de las empresas del Grupo Indalo. El uso de los amenities y de los espacios comunes ya había sido cedido junto con la unidad y pese a ello se facturaba su uso aparte.

El segundo mecanismo involucró a M&S y Los Sauces mediante el alquiler de un dúplex en Madero Center. Máximo Kirchner, en representación de Los Sauces, celebró en 2012 un contrato con M&S, representada por De Sousa como vicepresidente. El acuerdo comprendió el dúplex de los pisos 8 y 9 del edificio por un plazo de tres años, entre abril de 2012 y el 31 de marzo de 2015.

Una vez más el presidente del Tribunal Michilini interrumpió la lectura de la acusación al advertir que el acusado De Sousa no estaba en cámara.

“Al señor De Sousa no lo veo en la cámara”. Tras una interrupción, señaló: “Ahí prendió la cámara, ahí está conectado. Podemos seguir”.

De acuerdo con el planteo expuesto, los montos abonados a la familia Kirchner no se correspondían con los valores de mercado, sino que incluían un “sobreprecio que oscilaba entre el 100 y el 150 por ciento”. Bajo esa hipótesis, la locación habría operado como una simulación para “canalizar fondos hacia la sociedad de los expresidentes y su núcleo familiar”.

“Bajo el ropaje de alquileres de inmuebles se transferían fondos en concepto de dadivas”, advirtió la acusación.

El debate se reinició con la continuidad de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la querella de la Unidad de Información Financiera, en el tramo dedicado a las acusaciones contra el grupo Indalo en la persona de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Los acusados a través de la empresa M&S “ostentaron la tenencia de la totalidad del paquete accionario de la firma durante el desarrollo de las maniobras de lavado de dinero”.

En ese carácter firmaron contratos de alquiler con Los Sauces, la empresa de la familia Kirchner.

Los dos empresarios “conjuntamente con los expresidentes” se encargaron de “inyectar fondos millonarios a la empresa Los Sauces para aplicarlos a la actividad inmobiliaria”.

La empresa facturó a favor de la sociedad de los ex presidentes “11.484.853 pesos más IVA desde mayo de 2009 a marzo de 2016″.