La Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión de un gendarme que colaboraba con una banda narco

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la condena a seis años de prisión impuesta a Lucas Alejandro Llopiz, un integrante de la Gendarmería Nacional acusado de colaborar con una organización dedicada al narcotráfico mediante el suministro de información sobre controles de seguridad en las rutas. El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por su defensa debido al incumplimiento de requisitos formales.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la queja interpuesta por el abogado defensor Gastón Chapo por incumplir el artículo 7, inciso c, de la acordada 4/2007, que exige acompañar una copia del escrito de contestación al recurso extraordinario.

Llopiz había sido condenado en agosto de 2023 por el Tribunal Federal de Corrientes como autor del delito de confabulación para el tráfico de estupefacientes. En el mismo juicio oral, otro hombre recibió una pena de cinco años de prisión por tenencia de drogas con fines de comercialización y tenencia ilegal de un arma de fuego, mientras que otras cuatro personas fueron condenadas mediante procedimientos abreviados.

De acuerdo con la investigación, mientras prestaba funciones en la Sección Antidrogas “Ituzaingó” de Gendarmería, el condenado mantuvo contactos con José Alberto Laurencio, identificado como uno de los principales responsables de la organización ilegal. Las tratativas tenían como finalidad facilitar maniobras de narcotráfico mediante el suministro de información sobre los vehículos utilizados por las fuerzas de seguridad en las investigaciones y otros datos relacionados con los operativos.

La causa se inició en marzo de 2017, después de que una persona cuya identidad se mantuvo reservada aportara información sobre un operativo llevado a cabo días antes por efectivos de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de Gendarmería Nacional, con asiento en la localidad homónima de Corrientes.

En ese operativo, desarrollado en el control fijo Paraje Cuay Grande, ubicado en el kilómetro 669 de la Ruta Nacional 14, los agentes interceptaron un camión Scania con semirremolque que transportaba 4.631 paquetes de marihuana, con un peso total de casi cuatro toneladas (3.985,355 kilogramos).

Las tareas de campo permitieron establecer que la droga ingresaba a la Argentina desde Paraguay, a través de sectores ribereños del río Paraná próximos a Cerro Corá, provincia de Misiones. Desde ahí era trasladada a depósitos ubicados en Posadas, donde se organizaba su posterior distribución hacia distintos puntos del país.

Entre los destinos identificados figuraban Roldán, en Santa Fe; Gualeguaychú, en Entre Ríos; y la Ciudad de Buenos Aires, donde el estupefaciente era comercializado. Para facilitar los traslados, la banda recurría a vehículos que circulaban por delante de los cargamentos para advertir sobre la presencia de controles de seguridad, así como al uso de ambulancias y camiones que ocultaban la droga entre mercadería lícita.

En ese contexto, la información que proporcionaba Llopiz sobre los movimientos y recursos de las fuerzas de seguridad formaba parte de las medidas destinadas a facilitar las operaciones de transporte del grupo.

La condena dictada en agosto de 2023 fue recurrida por la defensa ante la Cámara Federal de Casación Penal, cuya Sala II rechazó por mayoría la impugnación en mayo de 2024. Frente a esa decisión, el abogado de Llopiz intentó llevar el caso ante el Máximo Tribunal mediante un recurso extraordinario y, posteriormente, una queja.