Hotesur - Los Sauces, el juicio: cómo los empresarios habrían transferido el dinero de la corrupción a la familia Kirchner

Concluyó la lectura del caso “Los Sauces”, que se resumió en un dictamen fiscal de 368 páginas.

El TOF N° 5 dictó un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de noviembre. El debate seguirá con la lectura del requerimiento de elevación a juicio elaborado por la querella que representa la Unidad de Información Financiera (UIF)

Estos cargos consisten en insertar datos falsos, mencionar hechos inexistentes que no se ajusten a la realidad o naturaleza de la transacción, u omitir documentar o dejar debida constancia de una operación crediticia (activa o pasiva) o de negociación de valores.

Bajo este marco, la fiscalía vincula directamente la conducta de los empleados del Banco de la Nación Argentina (BNA) —Mónica Romero, Raúl Avarese, Lisandro Gauna, Rolando D’Avena y Marcelo Mazú— con la maniobra de lavado de activos de la firma Los Sauces. Específicamente, se les acusa de haber intervenido en las operaciones bancarias del 6 de mayo de 2015 destinadas a la compra del departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Ese día, registraron un ingreso de $4.000.000 en la cuenta de la sociedad bajo el rótulo de “depósito en efectivo”, omitiendo deliberadamente -según la fiscalía- asentar que los fondos provenían de una caja de ahorros de Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner, y ocultando la identidad de quien ordenó la transacción.

Asimismo, los acusados registraron la transferencia posterior de $3.959.000 hacia una cuenta en la sucursal Plaza de Mayo como si fuera un “cheque de servicio”, cuando en realidad se trató de una transferencia electrónica a favor de la firma Pilisar S.A., sin dejar antecedentes ni identificar al ordenante.

La fiscalía sostiene que las conductas investigadas constituyen un caso de “delito continuado”, caracterizado por una pluralidad de acciones homogéneas y sucesivas que responden a un plan común. Dado que las maniobras de blanqueo se habrían dado de manera ininterrumpida entre los años 2009 y 2016, y en 2011 cambió la ley para perseguir este delito, se determina que resulta aplicable la normativa más gravosa (la ley 26.683) para todo el hecho. La única excepción rige para aquellos imputados que participaron en los delitos precedentes antes de junio de 2011, a quienes no se les puede atribuir penalmente el lavado de esos fondos específicos.

En cuanto a los requisitos del tipo penal, la fiscalía acreditó la existencia de los “bienes provenientes de un delito”. Por un lado, los fondos inyectados por las empresas de Lázaro Báez provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz. Por el otro, el dinero canalizado por el Grupo Indalo tenía su origen en el ofrecimiento de dádivas y en la defraudación fiscal a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos. La acusación enfatiza que el hecho de que parte del dinero proviniera de pagos del Estado no impide la configuración del lavado, pues la maniobra consistió precisamente en “justificar” y dar apariencia lícita a activos de origen espurio.

Finalmente, el dictamen aborda el aspecto subjetivo del delito, centrado en el conocimiento del origen ilícito de los fondos. La fiscalía adopta la postura que establece que no se requiere un conocimiento preciso y acabado del delito previo, sino que basta con que los sujetos activos sospechen o perciban dicha procedencia ilegal. En este caso, para la acusación, la prueba es concluyente: una parte de los acusados participó directamente en los ilícitos precedentes, mientras que el resto de los implicados —unidos por estrechos vínculos de confianza familiar, comercial o laboral— conocía perfectamente el origen espurio de los fondos que eran canalizados hacia Los Sauces para el beneficio final de la familia Kirchner.

El artículo 259 del Código Penal sanciona al funcionario público que admita dádivas entregadas en consideración a su oficio, así como al particular que las presente u ofrezca.

Bajo este marco legal, la acusación sostiene que el Grupo Indalo, tras recibir diversos contratos, licencias y concesiones del Estado Nacional durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ofreció dádivas que fueron canalizadas mediante pagos a la inmobiliaria Los Sauces, simulados bajo contratos de alquiler de propiedades que resultaban innecesarios o con precios por encima de los valores de mercado.

Por su parte, Cristina Fernández aceptó estas dádivas, las cuales se incorporaron efectivamente a su patrimonio a través de la sociedad familiar que integraba junto a su esposo e hijos. Este ofrecimiento y posterior aceptación de fondos ilícitos se diseñó de manera previa a la maniobra de lavado de activos, sirviendo como el delito precedente necesario para el posterior reciclaje del dinero.

Finalmente, el dictamen fiscal acredita la participación de Osvaldo Sanfelice y Alberto Leiva como partícipes necesarios en el delito de aceptación de dádivas, al no poseer la condición de funcionarios públicos requerida para ser autores. Ambos imputados, pertenecientes al círculo íntimo de los exmandatarios, intervinieron activamente en la maniobra depositando los cheques de las firmas Álcalis de la Patagonia e Inversora M&S en las cuentas de Los Sauces, mientras se desempeñaban simultáneamente como empleados de las empresas que resultaban beneficiadas por el Estado.

De este modo, la fiscalía encuadra la conducta de Cristina Fernández, Sanfelice y Leiva en la aceptación de dádivas, sin perjuicio de que en el debate oral puedan aplicarse figuras penales más graves.

Al analizar los cargos por asociación ilícita, la fiscalía consideró demostrada la existencia de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes, sus hijos, exfuncionarios y empresarios de confianza para instaurar una organización destinada a enriquecerse ilícitamente a costa del Estado.

Los fines de la asociación eran indeterminados, ya que no existía un “catálogo preciso” de las obras viales a ejecutar ni de los medios específicos para justificar las ganancias, sino un pacto general para realizar cualquier conducta que contribuyera al objetivo final. Aunque la organización delictiva se inició en mayo de 2003 con la creación de Austral Construcciones, siempre según la acusación, con el tiempo se incorporaron nuevos integrantes en la faz pública y privada para intervenir en los sucesivos planes de sustracción y reciclaje de activos.

La cúspide de este esquema que plantean los fiscales estuvo ocupada por Néstor y Cristina Kirchner, quienes, como jefes de la organización, dirigieron los hilos del Estado para beneficiar a los empresarios afines y, en la faz privada, controlaron la estructura para recibir los fondos ilícitos a través de maniobras de lavado. Como jefes, tomaban decisiones y daban órdenes sin requerir autorización ni rendir cuentas.

Por debajo de la jefatura se ubicaron los organizadores, quienes cumplieron funciones gerenciales preponderantes en el ordenamiento de la banda. En este rol se destaca a Máximo Kirchner, encargado de ejecutar los actos cotidianos en la faz privada (cobro de cheques, firma de contratos y compra de propiedades), junto con Lázaro Báez, Cristóbal López, Carlos De Sousa, Víctor Manzanares y Osvaldo Sanfelice en la conducción de los planes de fraude y lavado.

Finalmente, la estructura se completaba con miembros simples y profesionales de confianza. Entre ellos se encontraban Florencia Kirchner, Romina Mercado, Martín Báez, Emilio Martín y Carlos Sancho, quienes actuaban a requerimiento de los jefes para instrumentar los contratos, emitir cheques y administrar las sociedades. Asimismo, los escribanos Albornoz y Ludueña aportaron su rol notarial para diseñar el andamiaje societario y las transferencias de dominio necesarias para la organización.

Para la fiscalía, esta fue la tercera y última etapa del proceso de lavado de activos, cuyo objetivo fue integrar los fondos de origen ilícito —previamente blanqueados bajo el ropaje de legitimidad de la actividad inmobiliaria y hotelera de Los Sauces S.A.— directamente al patrimonio de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner. Esta fase completó el circuito de reciclaje, permitiendo que los exmandatarios y sus hijos dispusieran de manera segura y gozaran libremente de los rendimientos generados por los alquileres abonados por los empresarios, siempre de acuerdo a la hipótesis de la acusación.

Como consecuencia de la inyección constante de casi 26 millones de pesos -a valor de la época- por parte de las empresas de los grupos Báez e Indalo y la firma Idea S.A., Los Sauces experimentó un crecimiento patrimonial superior al 12.000%. Para canalizar estos fondos hacia los miembros de la familia Kirchner, se utilizó una ingeniería financiera basada en “préstamos” o mutuos que los propios socios le otorgaban a la sociedad para la compra de propiedades.

Posteriormente, la empresa les “devolvía” ese dinero en efectivo bajo el concepto de “devolución de créditos”, lo que facilitó la extracción de más de 10 millones de pesos sin cumplir con las formalidades y tiempos legales para la distribución de ganancias.

A través de las cuentas particulares registradas en los libros contables, se materializaron los retiros individuales de fondos limpios. Inicialmente, se utilizó la cuenta de Néstor Kirchner, la cual, tras su fallecimiento, continuó siendo operada por sus herederos hasta que en 2012 el saldo a favor de $4.816.661,43 se dividió: la mitad para Cristina Fernández ($2.408.330,73) y la otra mitad en partes iguales para Máximo y Florencia Kirchner ($1.204.165,35 cada uno). A partir de allí, Cristina Fernández retiró para uso personal $2.095.426,67 (realizando el 99,20% de estos movimientos tras la tipificación del autolavado), Máximo Kirchner extrajo $2.492.415,69 (que incluyeron retiros directos, pago de gastos y supuestos honorarios como director), y Florencia Kirchner retiró $883.293,07 por su cuenta particular.

Además de los retiros directos de efectivo, la organización utilizó otros mecanismos para beneficiar a los miembros de la familia presidencial, sostuvo la fiscalía. Florencia Kirchner fue incorporada como empleada de Los Sauces S.A. entre junio de 2015 y abril de 2016, percibiendo una remuneración total de $874.871,12, a pesar de que ya era accionista y vicepresidenta, y de que se desconocía qué función específica cumplía en la inmobiliaria.

Finalmente, el esquema incluyó la entrega gratuita y el uso personal de dos inmuebles adquiridos con fondos de la sociedad: la casa de la calle Mascarello 441 en Río Gallegos para Cristina Fernández y el departamento de la calle San José 1111 en Buenos Aires para Florencia Kirchner, lo que evidenció una “confusión entre la persona jurídica y las personas físicas” de la familia presidencial.

Los jueces José Antonio Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni convocaron a un cuarto intermedio de 20 minutos. Luego continuará la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

La firma Idea S.A. fue constituida el 7 de septiembre de 2011 por el exgobernador de la provincia de Santa Cruz, Carlos Alberto Sancho, y su esposa, María José Fernández Clark, ante el escribano Jorge Marcelo Ludueña. Aunque su objeto social original abarcaba actividades inmobiliarias, agropecuarias, financieras y comerciales, la hotelería se convirtió en su rubro principal tras asumir la administración de los hoteles de los expresidentes, a pesar de no estar explícitamente contemplada en sus estatutos. Un año después de su creación, en noviembre de 2012, los fundadores transfirieron la totalidad del paquete accionario por $30.000 a Osvaldo José Sanfelice (91,67%) y a su esposa Marta Alcira Leiva (8,33%).

Durante sus primeros dos años, la empresa funcionó como una “shelf company” o sociedad de estantería, manteniéndose completamente inactiva, sin empleados, operaciones comerciales ni movimientos económicos. Su activación repentina se produjo en agosto de 2013, motivada por la repercusión pública del informe periodístico conocido como “La Ruta del dinero K”, el cual expuso el vínculo comercial entre Lázaro Báez y la familia Kirchner.

Ante este escenario, dijo la fiscalía, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner decidieron desplazar de inmediato a la firma Valle Mitre (de Báez) de la explotación de sus hoteles y colocar en su reemplazo a Idea S.A. para continuar con la maniobra de reciclaje de fondos.

De esta manera, Idea S.A. asumió la administración y explotación de la Hostería Las Dunas, el Hotel Alto Calafate y el Hotel La Aldea del Chaltén, actuando como una persona interpuesta entre la sociedad familiar Los Sauces S.A. y los fondos provenientes del Grupo Indalo. Para instrumentar el esquema, el 29 de agosto de 2013, Máximo Kirchner (por Los Sauces) y Osvaldo Sanfelice (por Idea S.A.) firmaron un contrato de locación por el Hotel La Aldea del Chaltén por un plazo de tres años. El precio pactado fue de $20.000 mensuales más IVA, sumado a un 10% sobre la utilidad neta mensual final, estableciéndose además noventa días de gracia para el inicio de los pagos.

A través de este mecanismo, Idea S.A. canalizó un total de $561.665,56 en favor de Los Sauces S.A. entre enero de 2014 y marzo de 2016. Al menos $396.750,39 de esa suma se transfirieron de manera “limpia” mediante dieciocho operaciones bancarias periódicas realizadas desde la cuenta corriente de Idea S.A. en el Banco Patagonia (Sucursal El Calafate) hacia las cuentas de Los Sauces S.A. en el Banco Nación y el Banco Santa Cruz. El éxito de la operatoria estuvo respaldado por personas del círculo de extrema confianza de los expresidentes, destacando a Osvaldo Sanfelice, quien actuaba simultáneamente como presidente de Idea S.A. y apoderado de Los Sauces S.A., situándose nuevamente de “los dos lados del mostrador”, de acuerdo a la acusación.

La firma Álcalis de la Patagonia S.A.I.C. fue constituida en agosto de 1970 con un objeto social enfocado en la fabricación de productos químicos. A lo largo de los años, su participación accionaria estuvo repartida entre más de un centenar de socios, pero su principal tenedora de acciones fue la firma South Mineral S.A.. En junio de 2010, el 100% del paquete accionario de South Mineral S.A. fue adquirido por Inversora M&S.

En este esquema, se destaca la inserción de Osvaldo José Sanfelice, socio y persona de extrema confianza de la familia Kirchner, quien formó parte de la nómina de empleados de Álcalis de la Patagonia desde 2006 hasta 2016. La permanencia de Sanfelice en la firma química no fue casual, sino que resultó esencial para el proceso de reciclaje de activos, según la versión acusadora. En su rol de apoderado de la firma Los Sauces, Sanfelice se encargaba de cobrar y depositar en la cuenta bancaria de la sociedad presidencial los cheques que transfería su propia empleadora, Álcalis de la Patagonia, actuando simultáneamente “de los dos lados del mostrador” para canalizar los fondos ilícitos.

Como contraprestación por diversos beneficios impositivos y prebendas recibidos del Estado Nacional, Álcalis de la Patagonia -parte del Grupo Indalo- inyectó fondos en Los Sauces entre abril de 2009 y marzo de 2016. Durante este período, la sociedad de la familia Kirchner le facturó a la empresa química un total de $4.658.053.

Para justificar legalmente este flujo constante de dinero, los acusados recurrieron a la formalización de un vínculo contractual ficticio consistente en el alquiler de un departamento en el Edificio Madero Center.

Constituida en 2004 por el escribano Ricardo Leandro Albornoz y su socio Máximo Carlos Maratta con un capital de 12.000 pesos, la sociedad mantuvo una larga etapa de pasividad, sin libros contables ni empleados, funcionando como una “shelf company”. Su propósito real no era la actividad comercial inmediata, sino estar disponible para ser implantada rápidamente en un negocio posterior, comenzando a recibir fondos de Lázaro Báez a través de Austral Construcciones para “darle movimiento” antes de pasar a administrar los hoteles de la familia Kirchner, según la fiscalía.

A pesar de su falta de experiencia y capacidad financiera, Valle Mitre fue colocada como la administradora de tres hoteles presidenciales: la Hostería Las Dunas, el Hotel Alto Calafate y el Hotel La Aldea del Chaltén. En 2009, la firma se transformó en sociedad anónima y se produjo la aparición formal de Lázaro Báez y su hijo Martín como accionistas mayoritarios (con el 46% cada uno). La integración de esta sociedad pantalla se realizó “en espejo” con el órgano de administración de Hotesur, involucrando a personas del círculo de extrema confianza tanto de los expresidentes como de Báez.

La función estratégica de Valle Mitre consistió en operar como nexo o intermediaria para canalizar fondos de origen ilícito provenientes de las empresas del Grupo Báez hacia los hoteles de la familia Kirchner. Para capitalizar y sostener a la empresa pantalla, se utilizaron diversos mecanismos simulados y falsas contrataciones, tales como el alquiler ficticio de habitaciones en el Hotel Alto Calafate para personal de obras ubicadas a más de 400 kilómetros de distancia, la supuesta contratación de salones para promociones petroleras de YPF, y contratos millonarios de asesoramiento en marketing y construcción de complejos turísticos.

A través de este esquema, Valle Mitre recibió millonarias sumas de diversas firmas del Grupo Báez (como Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto) y, a su vez, la firma Los Sauces le facturó un total de $2.836.724 por la explotación del Hotel La Aldea del Chaltén entre 2009 y 2013. Para justificar estos flujos, se suscribieron contratos de locación y prórrogas sin exigencia de garantías o fiadores. La relación comercial cesó en mayo de 2013 debido a la repercusión pública del vínculo entre Báez y los expresidentes, momento en el cual Valle Mitre entró en declive y fue abandonada, siendo reemplazada por la firma Idea S.A. de Osvaldo Sanfelice.