En plena alerta por El Niño, Gabriel Katopodis denunció a Milei y Caputo por desvíos del Fondo Hídrico para financiar el déficit cero

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció ante la Justicia Federal al presidente de la Nación, Javier Milei, y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el presunto desvío sistemático de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) para “sostener la situación ficcional de déficit fiscal cero”, mientras el país atraviesa el fenómeno climático de El Niño.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 1 de San Martín, a cargo del juez Emiliano Ramón Canicoba. Se trata de un caso similar a la causa SISVIAL, impulsada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Esta nueva denuncia también alcanzó al secretario de Finanzas, Federico Furiase, al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y a los directivos del Banco de la Nación Argentina en su rol de administradores fiduciarios.

Katopodis —que pidió constituirse como querellante— señaló en su escrito la presunta comisión de múltiples delitos federales, tales como la malversación de caudales públicos, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, la administración fraudulenta y el retardo injustificado de pagos.

El Fondo Hídrico, creado originalmente en el año 2001 y ratificado por ley en 2006, se financia de manera directa con el 4,31% de la recaudación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural. De acuerdo con la normativa vigente, estos fondos poseen una afectación única e irrevocable: debe destinarse exclusivamente a la planificación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura hídrica, saneamiento, cloacas y provisión de agua potable.

¿A dónde van los fondos?

Según la documentación oficial aportada en la denuncia, a la que accedió Infobae, el Poder Ejecutivo modificó drásticamente el patrón de uso de estos fondos a partir del año 2024.

Mientras que durante los períodos de 2022 y 2023 el fondo pagó obras por montos que superaron su recaudación anual (alcanzando un 229% y un 289% respectivamente), la ejecución se desplomó al 12,3% en 2024 y al 23,5% en 2025.

En términos nominales, de los $375.422 millones recaudados entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Estado solo destinó $115.990 millones al pago de obras, lo que dejó un remanente de $259.431 millones. Incluso, durante 2024, los gastos administrativos y operativos del propio fondo superaron el dinero invertido en infraestructura, de acuerdo a la denuncia del ministro del gobierno de Axel Kicillof.

En lugar de conservar estos recursos como reserva líquida para el avance de los proyectos, las autoridades nacionales invirtieron el dinero en Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos (LECAP). Al 1 de junio de 2026, el 85,5% de los activos del fondo fiduciario se encontraba generando rendimientos a través de estos instrumentos de deuda pública.

Posteriormente, en septiembre de 2026, un informe oficial de acceso a la información pública reveló que el saldo en Letras ascendió a $303.370 millones, frente a apenas $47,2 millones depositados en plazos fijos de reserva de liquidez.

Gabriel Katopodis denunció que esta maniobra financiera constituyó un mecanismo de autofinanciamiento para la caja del Tesoro Nacional, con el presunto objetivo de sostener de forma artificial la meta macroeconómica de equilibrio fiscal.

El impacto de El Niño

“La inmovilización de los fondos y el abandono de las obras habrán de tener consecuencias fácticas ruinosas para la provincia y su población, ante la inminente ocurrencia del escenario hidrológico más exigente en décadas”, postuló Katopodis en su escrito, al referirse al fenómeno de El Niño.

La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires ya catalogó el riesgo de saturación de inundaciones como “alto” en 48 de sus municipios, previendo un 81% de probabilidades de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte”. Ante este escenario de vulnerabilidad climática, la denuncia remarcó la gravedad de mantener más de $340.000 millones del Fondo Hídrico inmovilizados en títulos de deuda pública en lugar de aplicarlos a las defensas y desagües de las localidades afectadas.

La denuncia rebatió de forma anticipada una eventual defensa del Gobierno basada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 425/2025, el cual obliga a los organismos públicos a invertir sus excedentes transitorios de liquidez en letras del Tesoro. Katopodis argumentó que dicha norma no posee carácter retroactivo frente a las colocaciones previas a junio de 2025. Además, sostuvo que no se puede catalogar como “excedente” a un dinero que quedó ocioso debido a la propia decisión gubernamental de no ejecutar las obras públicas.

El ministro de Infraestructura bonaerense adjudicó a la falta de financiamiento nacional la paralización casi total de las obras hídricas en la provincia. De un total de 59 obras registradas bajo la órbita del fondo a nivel país, 32 se encuentran actualmente neutralizadas o con sus convenios rescindidos. En la provincia de Buenos Aires, la situación afectó al 63% de los proyectos planificados (17 de 27 obras), lo que representó un monto contractual paralizado de $37.158 millones.

La denuncia detalló que se interrumpieron trabajos con un estado avanzado. Entre ellos, se mencionaron el saneamiento del arroyo Bedoya en Escobar (con un 96% de ejecución), las obras de captación del arroyo Torres en Merlo (87%), los desagües de la cuenca Alto Perú en San Isidro (78,2%) y los desagües de la zona noroeste en Colón (68%).

Estas obras civiles, que incluyen estaciones de bombeo y canalizaciones en municipios como Lomas de Zamora, La Matanza, Florencio Varela y San Martín, tenían como propósito mitigar las inundaciones urbanas. Asimismo, la ampliación del Río Salado (Tramo IV), la obra de mayor envergadura financiada por el fondo en la provincia, sufrió severas demoras y parálisis desde principios de 2025 debido a la interrupción de las partidas nacionales, insistió Katopodis.

Esta desinversión coincidió con la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la cancelación o rescisión de 1.683 obras públicas sobre un portafolio nacional de 2.339 proyectos.

En este marco, el denunciante solicitó al juez Canicoba la adopción de medidas de prueba urgentes. Entre ellas, requirió la preservación inmediata de toda la documentación contable del fideicomiso, los extractos bancarios del Banco Nación y los expedientes de rescisión de las obras. También solicitó la realización de peritajes contables e hidráulicos para determinar el perjuicio patrimonial y el riesgo al que quedó expuesta la población.