El Estado podría tener que afrontar casi USD 10 millones en honorarios de abogados luego de que quedara sin efecto el juicio civil que la Dirección Nacional de Vialidad había iniciado contra Cristina Kirchner y otros involucrados en la causa por la obra pública en Santa Cruz.
La suma en discusión asciende a unos $13.614 millones y corresponde a los honorarios regulados a favor de doce abogados que intervinieron en representación de los demandados. El cobro, sin embargo, todavía no está firme: Vialidad Nacional recurrió ante la Corte Suprema la decisión que dio por terminado el expediente y la Cámara suspendió el trámite de las regulaciones hasta que se resuelva ese planteo.
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La demanda había sido promovida en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios y acusados vinculados al expediente Vialidad, entre ellos Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibáñez, Raúl Osvaldo Daruich, Nélson Periotti, José Francisco López y Raúl Gilberto Pavesi, entre otros. El objetivo era reclamar un resarcimiento económico por el perjuicio atribuido a las irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz.
Con el paso del tiempo, el Estado dejó de impulsar el expediente. La inactividad comenzó durante la gestión de Alberto Fernández y terminó de consolidarse entre marzo y abril de 2025. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró entonces la caducidad de la instancia, una figura procesal que permite dar por terminado un juicio cuando la parte que debe impulsarlo permanece inactiva durante el plazo previsto por la ley.
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A partir de esa decisión, los abogados de los demandados pidieron que se fijaran sus honorarios. La regulación fue realizada el 9 de abril pasado. El monto más alto corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Villafañe y Santibáñez, a quien se le regularon aproximadamente $3.714 millones, equivalentes a unos USD 2,42 millones, incluido un adicional del 40% por su actuación como apoderado.
También fueron regulados honorarios por unos USD 1,21 millones cada uno para Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora. En el caso de los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín tiene asignados alrededor de USD 359 mil y Fernando Muriel, unos USD 216 mil.
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El 14 de julio, la Cámara resolvió suspender el trámite de regulación de honorarios hasta que la Corte Suprema defina el recurso presentado por Vialidad contra la caducidad. Ante esa situación, Goldín y Muriel acudieron el 4 de agosto directamente al máximo tribunal, denunciaron una situación de “privación de justicia” y pidieron que se deje sin efecto la decisión que mantiene congeladas las regulaciones.
La discusión se tramita en paralelo con la ejecución patrimonial de la condena penal en la causa Vialidad, donde el Tribunal Oral Federal N° 2 avanza sobre los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados para hacer efectivo el decomiso.
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El monto fue actualizado de acuerdo con un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y quedó establecido en $685.000 millones, cifra que ya fue confirmada en las distintas instancias judiciales. Sobre esa base, el Ministerio Público trabaja ahora en una nueva actualización que, según sus estimaciones, podría llevar el monto a unos $898.000 millones.
Por ese decomiso deben responder solidariamente todos los condenados: Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nélson Guillermo Periotti y Francisco José López, condenados a seis años de cárcel; Juan Carlos Villafañe, a cinco años; Raúl Gilberto Pavesi, a cuatro años y seis meses; Mauricio Collareda y José Raúl Santibáñez, a cuatro años; y Raúl Osvaldo Daruich, a tres años y seis meses.
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Todos fueron hallados responsables de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la adjudicación de contratos de obra pública vial en Santa Cruz. La causa investigó una maniobra desarrollada entre 2003 y 2015 en el marco de 51 procesos licitatorios de Vialidad Nacional que beneficiaron de manera sistemática a empresas del Grupo Austral, perteneciente a Báez.
El TOF 2 continúa con la identificación, tasación y eventual ejecución de bienes para avanzar con el recupero del monto decomisado.
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