
Un fiscal dictaminó que las nuevas denuncias sobre contratos firmados con la Unión Obrera Metalúrgica y el patrimonio de María Soledad Calle, la sindicalista que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner, serían “distintas aristas” de una única maniobra delictiva que se investiga desde en marzo pasado. Ante ello, sostuvo que el juez del caso está en condiciones de ordenar las medidas de prueba que considere necesarias en torno a estas nuevas acusaciones sin que haga falta ampliar la acusación.
Calle, empresaria y militante de La Cámpora, es investigada desde marzo junto con el sindicalista Abel Furlán en una causa judicial por presunta administración fraudulenta de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Quedó en la mira esta semana luego de la revelación periodística del diario La Nación vinculada a la compra de un departamento en San José 1111, ubicado debajo del de la ex presidenta, quien cumple allí la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, con arresto domiciliario y tobillera electrónica.
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La ampliación de denuncia
El 26 de agosto último los denunciantes Ángel Derosso, Pablo González y Gerardo Piva, con el patrocinio del abogado Yamil Castro Bianchi, concretaron nuevas presentaciones donde pidieron ampliar el objeto procesal de la investigación para abarcar en forma total la supuesta maniobra “de desapoderamiento patrimonial que habría afectado tanto a la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina como a su Obra Social OSUOMRA”. Pidieron sumar a la causa un contrato firmado entre la empresa USEM SA y la obra social, investigar el impacto sobre el patrimonio y las prestaciones, “como así también el conocimiento o intervención que pudiera haber tenido la autoridad estatal de control”. Además se refirieron a publicaciones periodísticas que dieron cuenta de la formación de sociedades y compra de bienes por parte de Calle, “los cuales potencialmente podrían provenir, a juicio de los nombrados, del provecho de las maniobras investigadas”.
Ante esto el juzgado pidió opinión a la fiscalía y en un dictamen firmado este lunes, el fiscal federal Ramiro González interpretó que “los nuevos sucesos ventilados serían distintas aristas de la maniobra original, por lo que se encontrarían comprendidos en la hipótesis delictiva oportunamente delimitada, consistente en presuntos actos de administración fraudulentos a la hora de gestionar fondos concernientes a la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA)”, según el texto al que tuvo acceso Infobae.
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Los imputados “habrían violado sus deberes y perjudicado los intereses confiados al gestionar de manera infiel el manejo de los fondos”.
La fiscalía no consideró ahora necesario ampliar la acusación porque los nuevos hechos ya están comprendidos dentro del abanico de posibles delitos que se mencionaron en marzo pasado, cuando se impulsó la pesquisa radicada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, quien está de licencia y es reemplazado por González.
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Ante este dictamen fiscal, el juez Ercolini quedó habilitado a ordenar -si lo considera necesario- nuevas medidas de prueba, entre ellas las que pidieron los denunciantes.
El magistrado dispuso desde marzo diferentes medidas, incluido el allanamiento a la sede de la UOM, a raíz de la firma de un contrato “perjudicial”. Según la denuncia, Furlán cedió el control financiero de los recursos a una empresa privada vinculada a Calle a cambio de una retribución desproporcionada y sin contraprestación equivalente.
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La denuncia fue impulsada por opositores de Furlán que aportaron además en los últimos días a la Justicia informes sobre 114 viajes internacionales que hizo Calle entre 2010 y 2026 a destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México. Además de la compra del departamento de San José 1111 y de un auto BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en USD 70.000, la imputada tiene dos propiedades más a su nombre en Campana, una en la calle Belgrano y otra en un importante country.
Angel Derosso, el candidato que enfrentó a Furlán en las elecciones en la UOM Zárate-Campana, anuladas por la Justicia debido a serias irregularidades, fue quien, junto con otros dirigentes de la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, presentó en febrero pasado la denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita por la cesión del manejo de los aportes de la UOM a la empresa USEM, propiedad de dirigentes ligados a La Cámpora como Calle, que recaudaba más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.
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El caso adquirió más relevancia cuando esta semana salió a la luz que Calle compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner, a partir de lo cual Derosso y los otros denunciantes pidieron a la Justicia que disponga, entre otras medidas, el allanamiento de esa propiedad en San José 1111.
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