Después de meses de preparativos, desde este lunes 24 de agosto entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el ámbito territorial de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
Para reemplazar el sistema Inquisitivo por el Acusatorio se realizaron trabajos de infraestructura, tecnología y organización institucional para implementar audiencias orales, con expedientes digitales y el Ministerio Público Fiscal con un rol más protagónico para la investigación.
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Según informó el Consejo de la Magistratura de la Nación, las obras incluyeron la adecuación con la incorporación de recursos técnicos de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial, distribuidas en Puerto Iguazú, Oberá, Eldorado y tres en Posadas.
En ese proceso, se invirtió un presupuesto de $71.186.700 en infraestructura física y $32.590.000 en mobiliario enviado a la jurisdicción durante julio del año en curso. La inversión total en mejoras fue de $103.776.700.
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Los proyectos fueron desarrollados por la Dirección General de Infraestructura Judicial, en colaboración con profesionales de la Intendencia del fuero, mientras que los procesos administrativos estuvieron a cargo de dependencias de la Administración General del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.
Los cambios
El sistema acusatorio modifica la estructura del proceso penal federal con el mecanismo de audiencias orales y públicas, mayor protagonismo de la oralidad y una dinámica orientada a acelerar la resolución de los casos.
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En el nuevo esquema, el MPF investiga, la defensa representa al acusado y resguarda sus derechos, y el juez resuelve a partir de las pruebas presentadas en audiencia.
El fiscal designado se convierte en el encargado de solicitar la formación de un legajo, investigar, plantear la acusación y luego ir a juicio. Es decir, cada causa queda impulsada por el mismo fiscal desde el principio hasta el final.
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La dinámica también redefine el modo en que interviene el juez: conoce los planteos de fiscales y defensores por vía oral durante las audiencias y debe resolver con premura, también de forma oral.
En tanto, los legajos son digitales, las partes pueden acceder a verlos y el sistema evita que queden paralizados por más de 60 días.
Si alguna de las partes decide apelar, la oficina judicial tiene la responsabilidad de asignar por sorteo un tribunal integrado por tres jueces de la Cámara Federal.
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Nueva estructura del MPF en Misiones
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso la creación de la Fiscalía de Distrito de Misiones, que desde hoy encabeza la representación del MPF en toda la provincia.
La decisión se formalizó mediante la Resolución PGN 59/26, que estableció la organización institucional que reemplazará a las fiscalías federales y generales actualmente existentes.
Casal designó transitoriamente a la fiscal general Vivian Andrea Barbosa como fiscal con funciones de coordinación del distrito y, como fiscal revisora, a la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, con el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto como revisor suplente.
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La Fiscalía de Distrito de Misiones estará compuesta por la Unidad Fiscal Posadas —con jurisdicción en los departamentos Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra— y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.
La sede de Oberá tendrá como titular a la fiscal federal Viviana Alejandra Vallejos; la de Eldorado será conducida por la fiscal federal Liliam Edith Delgado; y la de Puerto Iguazú estará a cargo provisoriamente del fiscal interino Aníbal Fabián Martínez.
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El cronograma
El Ministerio de Justicia confirmó el cronograma para la implementación del sistema acusatorio en cuatro jurisdicciones que se sumarán a los nueve distritos federales donde ya funciona el nuevo Código Procesal Penal Federal.
De acuerdo con la agenda del Ejecutivo, el 21 de septiembre se aplicará en La Plata. En tanto, el año próximo comenzará a regir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 15 de febrero y, a partir del 8 de marzo, en Córdoba.
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La cartera judicial informó que continúa evaluando la situación de las restantes jurisdicciones aún pendientes de implementación: Tucumán, Paraná, San Martín y la justicia nacional ordinaria con asiento en CABA.
Para avanzar en ese sentido, aguardará a que “las condiciones técnicas y operativas resulten adecuadas para el correcto funcionamiento del sistema”.
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