
La causa ANDIS, uno de los casos judiciales que más preocupa al Gobierno de Javier Milei, se reactivará este lunes -tras la feria judicial de invierno- con varios frentes abiertos: el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, la apelación de los procesamientos de los principales acusados y la resolución del juez Ariel Lijo sobre una segunda tanda de 30 imputados que ya fueron indagados.
El fiscal a cargo de la investigación, Franco Picardi, pidió avanzar con el procesamiento de todos los empresarios, representantes de compañías proveedoras de insumos, intermediarios, funcionarios y empleados públicos que desfilaron por los tribunales de Comodoro Py entre fines de abril y mediados de junio.
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En este segundo capítulo de la causa, el fiscal encontró nuevas evidencias de manipulación y direccionamiento de contrataciones públicas. Aparecieron más “empresas amigas” que habrían pagado coimas para que la ANDIS les compre medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en categorías como amputaciones, audífonos, cardiología, neurología, sillas, andadores y traumatología, entre otras.
Y, además, Picardi profundizó sobre la etapa del lavado de dinero, el último paso del circuito de corrupción con el que esta presunta asociación ilícita habría buscado disimular el origen de los fondos desviados de la ANDIS. El dinero público que debía destinarse a personas vulnerables o con discapacidad terminaba en criptomonedas y facturaciones simuladas.
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Sobre esta treintena de imputados a los que acusó el fiscal, el juez Lijo debe decidir en las próximas semanas si con las pruebas que hay en el expediente los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito. En caso de formalizar la acusación contra todos, la causa pasaría a tener 49 procesados en total.
En tanto, las 19 personas que ya habían sido procesadas en febrero -entre ellos los señalados como jefes de la asociación ilícita, los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y los lobistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian- aguardan por el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal porteña sobre la apelación de sus procesamientos.
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El trámite se demoró durante todo el primer semestre porque el Juzgado Federal N° 11 habría mandado a cuentagotas las cajas con las pruebas del expediente al segundo piso de Comodoro Py, donde está el tribunal de alzada. Tal fue la demora que un día antes de la feria los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah intimaron a Lijo para que apure el envío de toda la documentación que deben estudiar antes de fallar, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
En el medio, la Sala II se quedó sin un juez. Irurzun -quien en esta causa venía resolviendo en sintonía con Boico- cumplió 75 años, no consiguió acuerdo para ejercer por otros cinco más y el Gobierno ya activó el trámite para concursar su vacante.
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Aunque la Sala puede funcionar con dos jueces, si se mantiene la tendencia disidente entre Boico y Farah, será necesario llamar a un tercer juez o esperar hasta que se concrete una subrogancia para alcanzar una mayoría. Si los jueces que quedaron tras la salida de Irurzun no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con los procesamientos, el fallo de la Cámara podría demorarse, coinciden distintas voces consultadas.
En lo inmediato se esperan movimientos en otro frente de la causa: el peritaje de los audios atribuidos a Spagnuolo.
El estudio forense, que está a cargo de la Gendarmería Nacional, tenía que empezar este 22 de julio, pero fue postergado a pedido del fiscal Picardi, dado que los peritos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se tomaron licencia durante la feria.
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El juez Lijo le ordenó a la Gendarmería que fije nueva fecha de inicio, lo que ocurrirá en los próximos días.
La pericia acústica sobre las grabaciones, donde la supuesta voz de Spagnuolo habla de coimas del 3% para la cúpula del Gobierno, intentará esclarecer el origen y la veracidad de los audios, además de identificar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.
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Si se comprueba una procedencia ilegal de los archivos o su falsedad, algunas defensas tienen preparada la carta de la nulidad de la causa. Buscarán que se aplique la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, por la cual, si la prueba inicial es ilícita, todo lo que le sigue debe caer.
Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y otrora amigo y abogado del presidente Milei, está jugando su propia pulseada en lo que refiere al peritaje.
Es que el juez Lijo lo citó para que se presente ante la Gendarmería Nacional y hable ante un micrófono. Esperaban cotejar esa muestra de su voz con las grabaciones que le atribuyen. Pero el exfuncionario acusado se niega, por temor a “autoincriminarse”, según alegó su defensa.
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Los abogados de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, pidieron la nulidad de la citación y que se suspenda el inicio del peritaje hasta que se resuelva el asunto. Ariel Lijo rechazó el planteo luego de un contundente dictamen del fiscal Picardi y decidió avanzar con o sin la colaboración del acusado. Antes de entrar en feria, la cuestión se elevó a la Cámara de Apelaciones. Otro llamado más para la desmembrada Sala II.
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