Juicio de los Cuadernos: funcionarios de la ex AFIP hablaron de facturas apócrifas, proveedores truchos y transferencias a Andorra

Antes de dejar la sala de audiencias, la testigo contó que entró a la AFIP en 1993 y en 2017 la nombraron supervisora de Investigaciones de Grandes Contribuyentes hasta mediados de 2020 cuando perdió el cargo. “No me dieron los motivos”, dijo ante una pregunta de la fiscal León y agregó que el cambio no significó una mejora en su carrera. Ante una pregunta de una de las defensas detalló que son cargos interinos.

Criscuolo, contadora de ARCA, sigue declarando y hace referencia a la lista de supuestos pagos ilegales por parte de empresas que aportó el arrepentido financista Ernesto Clarens. Recordó que a pedido del juzgado del caso Cuadernos se buscó establecer si existía una “correlación entre los montos informados por Clarens y las salidas de dinero” que el organismo ya había detectado.

‘Nosotros queríamos ver si había alguna correlación entre lo que informó Clarens y las salidas de dinero que habíamos identificado’, señaló. La lista de Clarens estaba en la AFIP, explicó y dijo no recordar después de ocho años cómo llegó al organismo.

Luego la defensa de los empresarios Calcaterra, Javier Sánchez Caballero y Altieri -por IECSA- le preguntó si encontró en sus casos alguna “fuente de financiamiento espurio”. “Yo no puedo concluir eso, lo único que hice fue circularizar bancos y ver qué pasó con el dinero de la UTE. No puedo dar esa conclusión, no me corresponde”, respondió la testigo.

La testigo detalló al serle exhibidos gráficos que hizo durante su investigación en la ex AFIP que la UTE IECSA-JCR cobró un anticipo el 29 de octubre de 2008 por parte de la Dirección Nacional de Vialidad que neto de retenciones quedó en 98 millones de pesos. Con parte de ese dinero ”se compraron tres millones de dólares que fueron retirados de Transcambio en efectivo por el señor Santiago Altieri por IECSA y Jorge Benolol por JCR”, declaró Criscuolo.

“¿Se podía seguir el rastro del dinero?“, preguntó la fiscal Fabiana León a la testigo de ARCA Criscuolo en relación a la operatoria de IECSA como parte de la UTE que ganó la licitación para el fallido soterramiento. En el caso específico de las DJAI (declaraciones juradas anticipadas de importación) la testigo recordó que un banco informó ”que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la banca privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”.

En relación a otra UTE, IECSA-JCR, recordó que ganó la licitación para la remodelación de la autopista Córdoba-Rosario. “Habían cobrado un anticipo financiero de cien millones aproximadamente. Lo que pudimos ver es que en ese mismo período la UTE había realizado operaciones de compra de dólares para tenencia” y la empresa que intervino, Transcambio, “informó que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo”. Se habían comprado unos tres millones de dólares, detalló.

Tras deliberar por casi una hora, el Tribunal Oral Federal 7 por unanimidad rechazó los planteos de la defensa de Angelo Calcaterra que objetó preguntas sobre aspectos que se investigan en la causa por el fallido soterramiento del tren Sarmiento.

La fiscal federal Fabiana León podrá así seguir preguntando a la testigo Criscuolo sobre la ruta del dinero de declaración juradas de importación.

Los jueces Fernando Canero y Ernique Méndez Signori coincidieron en que las preguntas son pertinentes y no se observa vinculación directa con la causa por el soterramiento del Sarmiento. En su voto el juez Germán Castelli recordó que la funcionaria de ARCA ya declaró sobre el tema en la instrucción del caso y su testimonio fue admitido en el juicio oral.

“Nos informaron que la plata a través de un intermediario en Nueva York fue derivada a la banca privada de Andorra”, dijo la testigo al responder una nueva pregunta de la fiscal.

Se trata de la contadora y empleada de ARCA, ex AFIP, María Marta Criscuolo. Fiscalizó varias empresas a pedido del juzgado federal 11 a cargo entonces del ya fallecido juez Claudio Bonadio en la segunda mitad del 2018. Una de ellas fue SACDE, ex IECSA, detalló. En el caso puntual se concentró en una UTE vinculada al soterramiento del tren Sarmiento.

La audiencia registró un cruce entre la fiscalía y la defensa del empresario acusado Angelo Calcaterra, por la ex IECSA, cuando se preguntó a la testigo por las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que forman parte de otra investigación judicial en la que está imputado.

La defensa, representada por los abogados Ricardo Rosental y Valeria Onetto, cuestionó la pertinencia de las preguntas. “Mis tres clientes están imputados sin decisión de mérito en esa causa. Es otra UTE, con otras empresas, y no tienen ninguna vinculación con el caso Cuadernos”, sostuvo Onetto.

Finalmente, la fiscalía insistió en que el objeto del interrogatorio era distinto al que se analiza en la causa por el soterramiento del Sarmiento y que se estaba examinando “un aspecto diferente” de las operaciones investigadas.

El contador de ARCA Stafforini terminó su declaración y el Tribunal Oral Federal 7 dispuso un breve cuarto intermedio.

Poco antes, el defensor del empresario y ex titular de la UIA Lascurain, Marcelo Mónaco, le preguntó sobre el modo y el momento en que una empresa podía enterarse de manera fehaciente de que un proveedor estaba en una base de datos por facturas apócrifas o era poco confiable.

Ante esa consulta, el testigo respondió que “es muy difícil” detectar ese tipo de situaciones y explicó que los proveedores son incorporados a las bases de datos de apócrifos una vez finalizados los procesos de fiscalización, y no mientras están siendo investigados.

El contador de ARCA Stafforini declaró que como conclusión de una fiscalización la empresa Fainser “pagó a estas empresas apócrifas” como proveedoras que emitían facturas falsas.

Iglesias concluyó su declaración de casi una hora respondiendo preguntas de defensas y fiscalía. Dijo desconocer si la empresa Isolux Corsán participó en emprendimientos de parques eólicos como parte de alguna otra Unión Transitoria de Empresas. Remarcó que ella fiscalizó a la firma sólo como parte de la UTE que construyó la usina hidroeléctrica de Rio Turbio.

El contador Carlos Stafforini, de ARCA, fiscalizó la persona jurídica Fainser en relación a proveedores con facturas apócrifas. Se trata de otra de las empresas con directivos acusados en el juicio. En su caso se juzga a su ex titular Juan Carlos Lascurain, desde esta semana con arresto domiciliario condenado a cuatro años de prisión en otra causa penal por fraude en Rio Turbio.

Ante preguntas de la fiscalía sobre los motivos por los que una empresa o una UTE puede recurrir a facturación apócrifa, la ex jefa de División de Fiscalización de la AFIP explicó que una de las finalidades puede ser “buscar un incremento del crédito fiscal”. La testigo señaló que, durante las tareas de fiscalización, se detectaron proveedores que facturaban montos millonarios sin contar con capacidad económica ni operativa para prestar los servicios declarados.

Como ejemplo, mencionó el caso de Antonio Blua, un hombre que trabajaba en el Servicio Penitenciario y que comenzó a facturar a la UTE supuestos servicios de mano de obra en seguridad. Según indicó, en poco tiempo emitió facturas por alrededor de 80 millones de pesos. Sin embargo, “los empleados encuestados no reconocían a Antonio Blua”, sostuvo.

La ex funcionaria explicó que, para el organismo fiscal, resulta relevante determinar si un proveedor tiene capacidad para llevar adelante las prestaciones que factura, ya que de lo contrario se impugnan los créditos fiscales originados en “facturas que carecen en principio de veracidad”. Agregó que se realizó un seguimiento por muestreo de los fondos y que “aparecieron retiros de caja del banco”.

“Al determinarse que el proveedor que presta el servicio es apócrifo, esos fondos no tienen un destino cierto”, afirmó la testigo. En ese sentido, agregó que “se tiene que probar que esa persona haya prestado el servicio” y remarcó: “Esa persona no lo prestó”.

Además, señaló que “no se pudo determinar que el proveedor haya tenido un incremento patrimonial acorde a lo que pudo haber cobrado por este contrato”, circunstancia que, según explicó, reforzaba las sospechas sobre la inexistencia real de las prestaciones facturadas.

Finalmente, precisó que, tras la determinación de oficio practicada por la AFIP, el organismo avanzó con una denuncia penal.