Era jefe de cajas de un banco, manipulaba dólares sin autorización y lo despidieron: la Justicia rechazó su pedido de indemnización

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el despido con causa de un trabajador bancario acusado de irregularidades en el manejo de moneda extranjera en una sucursal ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. El caso, que involucra a un jefe de cajas con varios años de antigüedad, fue objeto de un extenso análisis judicial tanto en primera instancia como en el tribunal de alzada.

La parte reclamante, un empleado bancario con funciones jerárquicas, había iniciado la demanda tras considerar que su desvinculación constituyó un despido indirecto. En su presentación, sostuvo que la relación laboral finalizó el 10 de mayo de 2023 debido a la falta de asignación de tareas y a la ausencia de notificación previa sobre el cese del vínculo. En tanto, la entidad empleadora manifestó que el contrato terminó antes, el 21 de abril del mismo año, mediante un despido directo y con causa fundada en maniobras irregulares en operaciones con dólares.

El conflicto judicial giró en torno a la validez de la comunicación rescisoria enviada por la empresa. El tribunal de primera instancia determinó que el telegrama notificando el despido resultó correctamente remitido y que la falta de recepción se debió a una conducta negligente del trabajador, quien no retiró el aviso dejado por el Correo Argentino en dos oportunidades. Esta apreciación fue clave para desestimar el planteo de despido indirecto por ausencia de notificación.

Según el fallo, la investigación interna de la entidad financiera detectó movimientos de ingreso y retiro de paquetes con dólares, operaciones fuera del horario habitual y sin respaldo en el sistema informático. El empleado, ocupando el cargo de jefe de cajas, habría realizado cambios reiterados de billetes de baja denominación por billetes de 100 dólares, acumulando operaciones que totalizaron aproximadamente 74.000 dólares en nueve meses.

La sentencia de primera instancia detalló que las maniobras comprendían ingresos de billetes de baja denominación —como 5, 10, 20 y 50 dólares— que luego eran canjeados, por lo general, por billetes de mayor valor. Estas operaciones no coincidían con ninguna operatoria registrada en el sistema bancario, lo que levantó alertas dentro de la auditoría interna.

El texto judicial refleja que el trabajador admitió, durante una entrevista interna, que recibía el numerario de familiares que residían en el exterior y los cambiaba de manera paulatina para evitarles costos adicionales de cambio en el sistema financiero. Sin embargo, la frecuencia y los montos de las operaciones no se correspondieron con el relato ni con el perfil económico atribuido a sus familiares.

Testimonios presentados por la entidad empleadora reforzaron la existencia de la operatoria irregular. El auditor interno y la gerente de la sucursal, entre otros, indicaron que observaron directamente el ingreso del trabajador con paquetes de billetes y su retiro, al cierre de la jornada, con billetes de mayor denominación. Además, la gerencia de control de antiblanqueo confirmó que el origen de los fondos no estaba debidamente documentado y que la operatoria revestía carácter inusual y sospechoso.

En tanto, los testigos ofrecidos por la parte accionante no pudieron aportar pruebas que refutaran la existencia de las maniobras atribuidas. Uno de ellos no presenció los hechos y otro no trabajó en la sucursal investigada durante el período relevante, según consta en la resolución.

La valoración de la prueba en primera instancia, según describió el fallo, se realizó sobre la base de la sana crítica, otorgando especial peso a las declaraciones directas y al análisis documental y fílmico de la auditoría interna. Los jueces de Cámara consideraron que estas pruebas resultaron idóneas para acreditar los hechos imputados.

La sentencia también abordó la discusión sobre la proporcionalidad de la sanción y la antigüedad del empleado. El tribunal entendió que, en el ámbito bancario, la experiencia y el cargo incrementan el estándar de diligencia exigible, de modo que la reiteración de hechos irregulares y el uso del tesoro para fines personales constituyen infracciones graves.

En cuanto a la exigencia de un código de ética firmado, la Cámara sostuvo que el incumplimiento de normas básicas de operatoria bancaria no depende de la existencia de un documento específico, ya que las conductas detectadas están prohibidas de forma inherente a las funciones desempeñadas.

La Sala II de la Cámara corroboró que la causal de despido fue expuesta en la comunicación rescisoria con suficiente nivel de detalle, enumerando fechas, montos y modalidades de las maniobras, lo que permitió descartar cualquier alegato de vaguedad o falta de información.

El tribunal de apelaciones también desestimó el reclamo por un bono vinculado a un Plan de Gestión, al considerar que el demandante no aportó elementos que acreditaran la existencia de un sistema objetivo de evaluación ni datos concretos sobre el monto reclamado. La pericia contable determinó que el reclamante ya había percibido el bono correspondiente al semestre anterior y que no cumplía con los requisitos para el siguiente.

Respecto a la validez de la documentación digitalizada, la Cámara rechazó el agravio del accionante, dado que el expediente tramita en formato digital conforme la normativa vigente y el documento fue reconocido por el testigo que lo confeccionó.

El tribunal también modificó la imposición de costas, estableciendo que el demandante, en su calidad de parte vencida, debe afrontar los gastos de ambas instancias, lo que ajusta el criterio al principio objetivo de la derrota judicial.

La resolución concluyó con la confirmación del fallo de primera instancia en lo principal, respaldando la decisión de que el despido con causa resultó ajustado a derecho y que la conducta del trabajador constituyó una violación grave a sus deberes y obligaciones.

El caso adquiere relevancia en el contexto de las obligaciones de control y transparencia en el sector bancario, donde la gestión del efectivo y el cumplimiento de la normativa antilavado constituyen pilares esenciales de la actividad.

La sentencia destaca que los procedimientos de auditoría interna, la vigilancia mediante cámaras de seguridad y la sistematización de los registros bancarios cumplen un rol central en la prevención de maniobras irregulares.