El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que lleva adelante el juicio por el naufragio del ARA San Juan (SUSJ) en Río Gallegos, realizará el 8 de mayo, a las 16, una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz en los astilleros de Tandanor, ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La diligencia, acordada durante la undécima audiencia y a la que concurrirán todas las partes del proceso, tiene como objetivo que magistrados, fiscales, querellantes y defensas recorran el buque gemelo del submarino siniestrado para tomar dimensión de la clase de nave y conocer de primera mano sus distintos sistemas. La visita cobra especial relevancia de cara a las próximas semanas, cuando están previstos los testimonios de los especialistas que labraron informes sobre el estado de mantenimiento de la embarcación y las posibles causas de su hundimiento.
El ARA Santa Cruz es un submarino de la clase TR 1700, diseñado en la década del 70 y construido en la del 80 por la empresa alemana ThyssenKrupp -la misma firma que fabricó el ARA San Juan, aunque pocos años después-. En la fuerza naval quedó nomenclado como S-41, en tanto el SUSJ lo hizo como S-42. Ambos fueron incorporados a la Armada Argentina en ese mismo período. El vínculo del Santa Cruz con la causa es cercano: cuando el ARA San Juan egresó del Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR) -conformado por el astillero Tandanor y el Astillero Almirante Storni- tras su reparación de media vida, que se extendió por más de ocho años desde su ingreso el 18 de diciembre de 2008 y concluyó en 2014 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue el turno del Santa Cruz de ingresar al mismo complejo para su propio proceso de mantenimiento integral. Ese proyecto quedó suspendido y el buque permanece actualmente en proceso de desguace en las instalaciones del astillero estatal. Las condiciones en que quedó el ARA San Juan tras su reparación y las tareas que quedaron pendientes han sido mencionadas durante las audiencias del debate en curso.
La propuesta de pericia que dividió a las partes
A lo largo de las actuaciones, distintas partes del proceso han venido señalando la ausencia de una pericia técnica integral y directa sobre los restos del naufragio, con el fin de contar con una mirada científica que ayude a determinar con certeza las causas materiales del siniestro. La insistencia -argumentaron- vino a cuenta de la necesidad de salir del plano de las hipótesis en el que el expediente ha quedado obligado a moverse desde el inicio. En la undécima audiencia de esta semana, y como una diligencia distinta e independiente de la inspección ocular ya acordada, el juez presidente Mario Reynaldi puso sobre la mesa una propuesta concreta: realizar una pericia sobre el ARA Santa Cruz a cargo del submarinista Ricardo Franceschelli, ingeniero naval e ingeniero electricista y subdirector de Operaciones de Tandanor, a quien había conocido durante una visita personal a las instalaciones.
“Como insistentemente durante el debate se hace referencia a la falta de una pericia, les estoy alcanzando los elementos, si quieren las partes hacer una por parte de una persona que tendría la idoneidad de realizarla (...). Corresponde a ustedes si quieren que se haga una pericia”, les dijo a los defensores y acusadores públicos y privados.
La querellante mayoritaria Valeria Carreras -que representa a 34 de las 44 familias de los tripulantes fallecidos- y el fiscal Gastón Pruzán se opusieron. Carreras sostuvo que su hipótesis acusatoria “no necesita ningún tipo de pericia” y recordó que el capitán Attis, a quien calificó como “el decano de los submarinistas”, había declarado ante el tribunal que en los restos del submarino hundido a 907 metros de profundidad “no encontraríamos nada”, dado el impacto del ingreso de agua, la destrucción y la reducción de la nave. Agregó que incorporar ahora una pericia sobre “un material que está fuera de funcionamiento hace más de 10 años” no era procesalmente viable. Pruzán coincidió: señaló que la etapa para ese tipo de medidas había precluido, que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ya se había expedido en reiteradas oportunidades al confirmar los procesamientos y que la medida “va a retrasar el trámite del debate”.
El querellante Luis Tagliapietra -padre del teniente de navío Alejandro Tagliapietra, uno de los oficiales que perdieron la vida el 15 de noviembre de 2017- adoptó una postura opuesta. Valoró la predisposición del tribunal y rechazó quedarse con la conclusión del oficial Attis: “Un profundo trabajo que hemos hecho durante años con especialistas que nos han ayudado de distintos lugares del mundo me dicen todo lo contrario: como bien se dice en materia forense, los cuerpos hablan, incluso después de que no estén más con nosotros”. Invocó como antecedente la tragedia del avión de AUSTRAL, donde dentro de restos “totalmente indetectables se pudo describir qué es lo que había pasado”. Afirmó que su querella va a insistir “obsesivamente en la averiguación de la verdad, en este juicio o en el que venga” y que las negativas por cuestiones procesales “tendrían que estar ajenas en este debate”.
El defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, se opuso a la pericia pero no sin antes referirse al costo personal que el proceso le había impuesto a su defendido. “Villamide, que era primero o segundo de promoción, que estaba por ascender a almirante y tenía una carrera rutilante, terminó en su casa cortando el pasto mirando televisión hasta que pudo rearmar su vida”, afirmó. Atribuyó esa situación a lo que describió como un Consejo General de Guerra “anómalo” -el organismo constituido en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, integrado por un miembro de la Fuerza Aérea, uno del Ejército y un civil del Ministerio de Defensa, que en 2021 resolvió la destitución de Villamide de la fuerza- que enfrentó una instrucción donde su defendido “no pudo participar” y donde, a su juicio, debería haberse realizado el peritaje que ahora se discutía. Apuntó contra la jueza de instrucción Marta Yáñez, contra el Ministerio Público que actuó en esa etapa y contra la Cámara Federal, cuyo entonces presidente, el doctor Javier Leal de Ibarra, “dispuso un peritaje con una mano y lo dejó sin efecto con la otra, una cosa de locos”. Para Vigliero, introducir esa medida en pleno debate oral equivalía a cargar sobre su defendido las consecuencias de omisiones que no le eran imputables.
Sobre la propuesta en sí, Vigliero trazó una distinción que sintetizó su postura: no objetaba una inspección ocular pero sí rechazaba una pericia. “El objeto de este proceso penal -y lo recalco- no es descubrir la verdad. En la etapa de debate oral es determinar la existencia o no de hechos y eventualmente atribuir responsabilidad. Los hechos ya están. Los testigos ya están y hay que jugar con lo que se tiene”. Y cerró: “Esta defensa enfáticamente se opone a que se realice un peritaje. Sí estamos de acuerdo en hacer una inspección porque ayuda e ilumina lo que ya tenemos. Pero no introducir una voz extraña”.
El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan comenzó el martes 3 de marzo y tiene en el banquillo a cuatro exoficiales de la Armada Argentina: el capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos; el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones y comunicaciones submarinas. Los cuatro negaron todas las acusaciones en su contra y afirmaron que el buque estaba en condiciones de operar, más allá de las novedades que presentaba al momento de zarpar a su última misión. La causa es sostenida por un cuerpo de fiscales encabezado por Pruzán y cuenta con la participación de tres querellas que representan a familiares de los 44 tripulantes. Las audiencias se realizan semana de por medio, de lunes a jueves; este jueves tuvo lugar la duodécima jornada del debate, que se reanudará el próximo lunes 20 de abril.
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