La investigación por una multimillonaria estafa a dos facultades de la UBA con un desvío de fondos de más de $1.590 millones, mediante correos y documentos apócrifos que lograron engañar al Banco Nación, ya fue enviada de manera parcial a juicio oral. Ahora, uno de los detenidos intentó sin éxito ser liberado o acceder al arresto domiciliario.
Se trata de Enrique Cutrona, quien seguirá preso a la espera del juicio oral, al igual que otros cuatro acusados. La Cámara Federal de Casación rechazó por inadmisible un pedido de la defensa.
La decisión, adoptada por mayoría en la Sala I del máximo tribunal penal federal del país, dejó firme un rechazo previo del Tribunal Oral Federal 6, que ya prepara el futuro juicio y convocó a las partes a ofrecer prueba.
Una maniobra millonaria y estructurada
La defraudación fue cometida contra las Facultades de Derecho y de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, que en septiembre de 2024 fueron víctimas de un desvío de fondos por un total de 1.591.382.140,18 pesos.
En este contexto, Cutrona está procesado con prisión preventiva y acusado porque habría recibido “dos transferencias producto de una maniobra defraudatoria instrumentada mediante la utilización de notas apócrifas con membrete y firmas falsificadas de autoridades universitarias”.
Esas operaciones se concretaron en septiembre de 2024 por montos de $275.480.000 y $172.990.533, transferidos desde una cuenta oficial del Banco Nación perteneciente a la Facultad de Derecho hacia la firma Eksplodo S.A., vinculada al acusado.
A partir de allí, comenzó un circuito destinado a ocultar el origen del dinero. Según la reconstrucción judicial en la investigación que estuvo a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Eduardo Taiano, los fondos fueron objeto de “diversas y sucesivas transacciones destinadas a ocultar su origen ilícito y dificultar su trazabilidad y rastreo”.
En concreto, se realizaron transferencias por $200 millones, $150 millones, $50 millones y más de $21 millones hacia la firma Aigle S.A., señalada como una cuenta recaudadora utilizada para canalizar el dinero, además de otros giros a empresas y personas físicas por más de $21 millones adicionales.
El tramo final del circuito incluyó la conversión de los fondos en activos digitales: “los fondos remitidos fueron posteriormente aplicados a la compra de 311.851 unidades de la criptomoneda USDT… configurando de ese modo un claro circuito de lavado de activos”, sostiene la acusación.
Para la Justicia, Cutrona habría tenido un rol clave en ese esquema, con presunta participación en la disposición ilegítima de fondos públicos y en su posterior “reciclaje” mediante operaciones financieras diseñadas para ocultar su origen.
Gravedad del delito
En su voto, el camarista de la sala I de Casación Daniel Petrone remarcó “la gravedad de la maniobra delictiva que incluye la participación de numerosas personas“. A esa postura adhirió su colega Javier Carbajo.
El fallo al que tuvo acceso Infobae también destacó que se trató de una operatoria orientada a la “disposición ilegítima y el posterior reciclaje de fondos públicos” y a “ocultar y legitimar el origen ilícito del dinero”, en el marco de un esquema típico de lavado.
A eso se sumó la complejidad de la maniobra, con “participación de numerosas personas y… otros sujetos involucrados aún no individualizados”, lo que, según los jueces, refuerza los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación en caso de conceder la libertad de los acusados.
El tribunal advirtió que se trata de un caso en el que deben resguardarse no solo los fines del proceso sino también el interés social, al recordar que “el legítimo derecho de la sociedad” habilita a adoptar medidas para asegurar que “no se frustre la investigación ni la eventual condena”.
También se valoraron elementos de prueba como escuchas telefónicas que darían cuenta del conocimiento del acusado sobre la causa y de posibles maniobras para influir en su desarrollo. Se concluyó que ninguna medida alternativa —como el arresto domiciliario— resulta suficiente para garantizar su sujeción al proceso.
Cutrona está detenido desde febrero de 2025 y fue procesado por defraudación a la administración pública, uso de documento falso y lavado de activos.
Fue enviado a juicio con otros cuatro acusados y la investigación sigue sobre otros sospechosos de haber intervenido en las maniobras.
Cómo fue la maniobra
Todo comenzó con el envío de correos electrónicos desde falsas casillas de la UBA con requerimientos de transferencias. También se habilitaron líneas telefónicas para simular órdenes genuinas impartidas por presuntos funcionarios autorizados de la UBA y solicitar transferencias MEP.
Ese tipo de operación no es utilizado por las facultades, que realizan sus pagos únicamente a través del homebanking institucional y con respaldo en el sistema contable, se enfatizó en la investigación.
Sin embargo, la documentación apócrifa resultó suficiente para inducir en error a los empleados bancarios y lograr la salida del dinero.
Los acusados utilizaron direcciones de correo que imitaban las institucionales. En vez de enviarse desde los dominios oficiales “@uba.ar” o los internos de las facultades, los mails provenían de casillas creadas en servicios gratuitos, pero con nombres muy similares a los reales de las personas autorizadas. La fiscalía señaló que las órdenes de transferencia ingresaron desde direcciones como “secretaria.finanzas.odontologia@gmail.com” y “administracion.derecho.uba@outlook.com”, casillas inexistentes en la estructura universitaria. Para darle verosimilitud, los correos reproducían la forma de escribir de los funcionarios, el tono administrativo y hasta copiaban la firma electrónica.
Uno de los mensajes analizados por los peritos aparecía acompañado por un archivo PDF con la orden falsa y decía: “Por indicación del Sr. Secretario, solicitamos dar curso urgente a la transferencia MEP adjunta a favor de la firma Elysium. La operación fue autorizada por la superioridad. Favor confirmar recepción.” La fiscalía destacó que la frase “fue autorizada por la superioridad” fue utilizada reiteradamente para reforzar la apariencia de una decisión interna ya tomada.
Las “notas falsas remitidas por correo electrónico y luego entregadas en soporte papel” fueron “idóneas y suficientes para inducir en error a los empleados bancarios”, consideró la fiscalía en su pedido de envío a juicio oral.
El caso se descubrió cuando la Facultad de Odontología observó movimientos sin respaldo contable. Al revisar la documentación, las autoridades notaron que no existían órdenes de pago que justificaran las operaciones y que los mails supuestamente enviados por funcionarios no se correspondían con las direcciones oficiales. En la Facultad de Derecho se constató lo mismo: ningún área había solicitado operaciones MEP y las firmas insertas en las notas no coincidían con las auténticas.
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