Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino se sentaron esta semana frente al juez en lo penal económico Diego Amarante y respondieron con un “no” tajante cuando se les consultó si estaban dispuestos a contestar preguntas. Ambos se remitieron a los escritos de descargo que presentaron en su declaración indagatoria, con los fundamentos para reclamar el cierre del caso y el sobreseimiento.
Sin embargo, no pudieron evitar escuchar la lectura de cada uno de los cargos y de la prueba que se acumuló en el expediente desde que ARCA presentó la denuncia penal por supuesta retención indebida de aportes por 19.300 millones de pesos, entre 2024 y 2025.
Pruebas y definiciones
“A continuación, se le exhiben e informan la totalidad de pruebas y constancias acumuladas en la presente causa”, reza el acta de las declaraciones indagatorias a la que tuvo acceso Infobae. Se trató de la lectura de 15 carillas con un detalle de la evidencia. Antes se les exhibió un cuadro con 51 hechos, uno por cada período de aportes de cada impuesto retenido y no depositado al fisco en tiempo y forma, que forman parte de la acusación.
La causa entró en etapa de definiciones con dos frentes abiertos: por un lado, el juez en lo penal económico Diego Amarante cerró con Tapia el jueves la ronda de declaraciones indagatorias y quedó en condiciones de definir las situaciones procesales de los cinco imputados: Tapia, Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina. El magistrado podría procesarlos, dictar falta de mérito o sobreseerlos, como reclamaron todos.
De manera paralela la Cámara en lo Penal Económico citó para el próximo miércoles a una audiencia previa a resolver sobre el planteo de inexistencia de delito hecho por la defensa de Tapia y al que adhirieron los demás acusados. Se basa en la existencia de una normativa que según sus argumentos, permitía a la AFA diferir esos pagos al fisco.
El juez rechazó el planteo y avanzó con la investigación e indagatorias. La defensa apeló y la decisión está en manos de los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos.
Además, el jueves pasado, mientras la atención mediática estaba puesta en la indagatoria de Tapia en el edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950, los jueces del Tribunal de Apelaciones recibieron escritos que pidieron revocar la prohibición de salida del país de los dirigentes, algo sobre lo cual también tienen que decidir.
La acusación del juzgado
A los dirigentes de AFA se les leyeron cargos atribuidos a la presunta omisión de depósito, dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de los plazos legales, de sumas retenidas en concepto de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social.
La Asociación y sus dirigentes sostuvieron que ya regularizaron esos pagos.
La causa reúne una importante cantidad de documentación incorporada durante los últimos meses. Entre las pruebas que se les leyeron figuran informes del Banco Credicoop, que detallan las cuentas que la AFA mantiene en esa entidad, los movimientos registrados, las personas autorizadas a operar fondos, formularios de apertura de cuentas, registros de firmas e incluso imágenes del frente y dorso de cheques librados y presentados al cobro.
También se sumaron datos sobre transferencias realizadas para el pago de haberes, además de información sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas comitentes, tarjetas de crédito, créditos otorgados y depósitos a plazo fijo vinculados tanto a la AFA como a algunos de los directivos mencionados en la investigación.
A pedido de la Justicia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) remitió además un informe con el detalle de pagos efectuados por AFA, eventuales planes de facilidades solicitados para cancelar obligaciones impositivas y previsionales, y datos técnicos como las direcciones IP desde las cuales se habrían realizado operaciones vinculadas a esas cancelaciones.
El expediente también incorporó documentación institucional remitida por la Inspección General de Justicia y por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, entre ella el estado contable de la AFA cerrado el 30 de junio de 2025, el informe de auditoría independiente y el dictamen de la comisión fiscalizadora.
Entre los elementos analizados por los investigadores aparecen además planillas con el detalle de las retenciones vinculadas a contribuciones de la seguridad social correspondientes a los períodos fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, junto con registros de intimaciones y notificaciones de deuda cursadas a la entidad.
A ese material se sumó también un oficio remitido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 con certificaciones de una causa por presunta administración fraudulenta, en la que se investigan hechos vinculados a la gestión de fondos, en una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.
Qué le contaron los dirigentes al juez
Al inicio del trámite y como ocurre en todas las declaraciones indagatorias, el juzgado preguntó por datos personales sobre los cuales hay obligación de responder más allá de que luego haya una negativa a hablar o a contestar preguntas sobre la imputación.
Tapia dijo ser “empleado y a su vez dirigente deportivo, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino”. Cuando lo interrogaron sobre si sabía de anteriores procesamientos contra la Asociación del Fútbol Argentino, respondió: “la verdad no sé si procesada. Sé que cuando asumí pague los aportes de dos gestiones anteriores que se debían, Luis Segura y Armando Pérez, que fueron los de la Comisión Normalizadora”.
Un día antes, Toviggino también se había negado a contestar preguntas y sólo contó que estudia abogacía en la Universidad de Morón, que es Presidente Ejecutivo del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino y cuando le preguntaron recordó que estuvo procesado en una causa similar a la que ahora se investiga. “Fui finalmente sobreseído por la Corte Suprema en el año 2025. Lo que recuerdo es que la denunciante había sido la AFIP contra la Asociación del Fútbol Argentino. Fui procesado en primera instancia, sobreseído en la Cámara, sobreseído en Casación y sobreseído en la Corte Suprema”, enumeró.
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