La justicia dio hoy un paso administrativo, pero determinante, para destrabar una de las causas que más ruido genera en el mundo del fútbol y política. Pasadas las 11 de este lunes, en las oficinas de la Cámara Federal de Casación Penal, el sorteo de rigor determinó que el juez Mariano Borinsky sea quien complete el tribunal encargado de revisar el expediente conocido como “AFA”.
Esta designación no es un dato menor. La Sala I de la Casación se encontraba incompleta para tratar este caso. Ahora, con la llegada de Borinsky, el cuerpo queda integrado junto a los jueces Javier Carbajo y Ángela Ledesma. Juntos deberán resolver un conflicto que mantiene frenada la investigación principal: quién debe juzgar a los sospechosos de haber blanqueado dinero a través de una costosa propiedad en el norte del Gran Buenos Aires.
El sorteo y la vacante de Petrone
El procedimiento de este lunes fue necesario para cubrir el lugar que dejó vacante el juez Daniel Petrone. Hace pocos días, la propia Sala aceptó que Petrone se apartara de la causa por “razones de decoro”. El magistrado explicó que mantiene un vínculo personal con uno de los involucrados en una investigación paralela pero conectada a este caso: el empresario Javier Faroni.
Faroni es el responsable de Tourprodenter, la empresa que fue elegida como el agente comercial exclusivo de la Asociación del Fútbol Argentino para sus negocios en el exterior. Al existir esta relación de conocimiento previo entre el juez y el empresario, se decidió que lo más transparente era que otro magistrado ocupara ese lugar.
A través del sistema informático Lex 100, salió sorteada la vocalía número 9, que actualmente está bajo la responsabilidad de Borinsky. De esta manera, el tribunal ya tiene sus tres firmas listas para empezar a analizar los reclamos de los fiscales.
La mansión de la discordia
El corazón de esta investigación es una imponente casaquinta ubicada en Pilar. Para la justicia, esa propiedad es la punta del iceberg de una maniobra de lavado de dinero que involucra a personas muy cercanas a la cúpula de la AFA.
En el centro de la escena aparecen dos nombres: Luciano Nicolás Pantano y su madre. Para la fiscalía, ambos habrían actuado como “testaferros”, es decir, personas que prestan su nombre para comprar bienes con dinero que, en realidad, pertenecería a otros o vendría de actividades no declaradas. La sospecha es que los fondos utilizados para esa mansión están ligados directamente a dirigentes del fútbol.
El delito que se investiga es la infracción al artículo 303 del Código Penal. En lenguaje sencillo, se trata de lavado de activos: intentar que dinero de origen oscuro entre al circuito legal mediante la compra de propiedades o empresas.
La pelea por el territorio
Lo que Borinsky, Carbajo y Ledesma deben decidir ahora no es si los imputados son culpables o inocentes, sino en qué escritorio debe estar el expediente. Actualmente, la causa está en el juzgado federal de Campana, liderado por el juez Adrián González Charvay. Sin embargo, el fiscal de San Martín, Carlos Cearras, presentó una queja formal para que eso cambie.
Cearras sostiene que la investigación no debe hacerse en la provincia de Buenos Aires, sino que tiene que regresar a la Ciudad de Buenos Aires, específicamente al fuero Penal Económico. El argumento del fiscal es que las decisiones financieras y el movimiento del dinero sospechoso se habrían gestado en los despachos porteños, y que allí es donde se encuentran las pruebas principales.
Esta disputa territorial es vital. Por ahora, el caso está radicado en Campana, pero la decisión final la tiene este tribunal de Casación que acaba de completarse.
Los próximos pasos de la justicia
Con la Sala I integrada, el siguiente paso es que los tres jueces analicen el recurso de queja del fiscal. Tienen dos opciones: rechazar el planteo por cuestiones de forma, lo que dejaría la causa definitivamente en manos del juez González Charvay en Campana, o abrir la queja para estudiar el fondo del asunto.
Si deciden abrir el recurso, se iniciará una etapa de análisis más profundo donde las partes podrán exponer sus argumentos. El objetivo final es darle certezas a una investigación que busca transparencia en los números que rodean a la entidad máxima del fútbol argentino. Por ahora, la designación de Borinsky permite que la rueda judicial vuelva a girar.
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