Con los hermanos Schoklender en la sala de audiencias, empezó el juicio por “Sueños Compartidos”

El también acusado ex ministro de Planificación Julio De Vido rechazó “total y categóricamente” los cargos que se leyeron por supuesto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales asignados a ese programa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo

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El detenido secretario de Obra
El detenido secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López y Pablo Schoklender en la primera audiencia del juicio oral por Sueños Compartidos

El juicio oral por el presunto desvío millonario de fondos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de viviendas sociales en el kirchnerismo dentro del programa “Sueños Compartidos” comenzó este miércoles en los tribunales de Retiro, con los acusados Sergio y Pablo Schoklender, y el detenido ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, José López, presentes en la sala de audiencias.

El Tribunal Oral Federal 5 inició el debate a las 9.30 en una sala del subsuelo de Comodoro Py 2002 y, contra lo que suele suceder en los últimos tiempos donde se priorizan los debates virtuales, resolvió que todo sea presencial.

Vía Zoom se conectó desde la cárcel de Ezeiza el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Está preso por la tragedia del tren de Once y pidió seguir la audiencia de manera virtual. En la sala de audiencias se ubicaron sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.

López -detenido en el caso Vialidad- sí aceptó la presencialidad y fue trasladado desde el penal. Ello derivó en un operativo de seguridad montado por el Servicio Penitenciario Federal que lo custodia.

El ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, que saltó a la fama cuando fue sorprendido intentando esconder en un convento millones de dólares dentro de bolsos, quedó sentado casi al fondo junto a uno de los Schoklender, Pablo.

Su hermano Sergio Shocklender se ubicó a algunos metros de distancia, en la segunda fila de cara al Tribunal.

Terminada la lectura de las elevaciones a juicio en la etapa de instrucción, la defensa de este último reclamó la absolución por violación del plazo razonable para ser juzgado, en base a convenios internacionales. La causa lleva 15 años de trámite.

La fiscalía a cargo de Diego Velasco y la querella de la Unidad de Información Financiera pidieron que se rechace el planteo. El Tribunal integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg tiene que resolver al respecto.

Casi de inmediato comenzó la ronda de declaraciones indagatorias, la mayoría de los acusados se negó a hablar, algunos manifestaron que lo harán en un futuro y otros quedaron para la próxima audiencia porque anticiparon que responderán preguntas.

Desde la cárcel De Vido pidió declarar de inmediato porque lo haría de manera breve y sin responder preguntas. “Rechazo total y categóricamente la acusación”, dijo.

El escándalo “Sueños Compartidos”

Durante el proceso se debatirán millonarias maniobras de desvío de fondos públicos tras 15 años de investigación y repetidas postergaciones. La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscal federal de instrucción Paloma Ochoa.

El Tribunal Oral Federal 5
El Tribunal Oral Federal 5 comenzó a juzgar a los hermanos Schoklender, a Julio De Vido y José López entre otros por supuesto desvío de fondos destinados a viviendas sociales

Se investigó el destino de 748 millones de pesos transferidos entre marzo de 2008 y junio de 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.

La hipótesis fiscal sostiene que al menos 206 millones de pesos habrían sido desviados hacia empresas, bienes y gastos personales de los Schoklender y su entorno, en lugar de emplearse en las obras previstas. Los proyectos debían ejecutarse en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza, además de Bariloche y Rosario.

El proceso oral cuenta con una lista de acusados que incluye, junto a los Schoklender, a ex funcionarios emblemáticos del kirchnerismo como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López. Este último saltó a la fama mediática cuando fue filmado intentando ocular bolsos con millones de dólares de madrugada en un convento de General Rodríguez.

Ambos ex funcionarios comparten desde noviembre otro juicio oral, el caso Cuadernos.

También había sido enviada a juicio procesada como supuesta “partícipe necesaria” del delito Hebe de Bonafini, histórica titular de la fundación, quien falleció en 2022.

Como testigos pasarán por Comodoro Py figuras políticas de peso, entre ellas el senador y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el intendente de Tigre, Julio Zamora, el ex gobernador de Misiones, Maurice Closs y el ex intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi.

Si bien todos ellos fueron investigados en su momento resultaron sobreseídos al determinarse que para recibir los fondos debían como condición ejecutar las obras a través de la fundación por indicación del gobierno nacional.

“Los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”, según se sostuvo en el fallo que en su momento firmó el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi.

Las provincias y los municipios fueron relegados en este aspecto a un “rol inerte”. Según la acusación la suscripción de los convenios de obras adjudicadas en forma directa a la Fundación, “permitió que los (hermanos Sergio y Pablo) Schoklender, apoderados, manejaran la suma de 748.719.414,64 de pesos”, de los cuales, según la acusación, se habrían desviado “206.438.454,05 de su destino específico”.

Una pericia contable determinó que ese dinero terminó en empresas ligadas a los hermanos Schoklender —como la constructora Meldorek S.A.— . También se probó el uso de dinero público para gastos personales, compra de bienes suntuarios y financiamiento de actividades que no eran parte del rol de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En mayo de 2019, el juez Martínez de Giorgi clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio oral.

El magistrado quedó al frente del caso luego que en 2013 la Cámara Federal porteña apartó al ya fallecido juez federal Norberto Oyarbide por serias irregularidades en el trámite del caso.

El juicio continuará el próximo miércoles 11 de marzo a las 1230 y entre los acusados está también el ex funcionario Abel Fatala, defendido por el abogado Lucio Simonetti.

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