Avanza el expediente contra un juez federal por presuntas expresiones antisemitas en redes sociales

El juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, atraviesa horas cruciales luego de que un dictamen firmado por el senador nacional y consejero Luis Juez concluyera que una serie de publicaciones realizadas en la red social X configuran “mal desempeño” por su contenido considerado antisemita. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, con atribuciones para decidir la apertura de un procedimiento de remoción, acordó esta semana tratar en la próxima sesión el caso de López.

Se trata del expediente N° 29/2025, abierto el 14 de marzo de 2025 tras denuncias promovidas por el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y otros particulares. Las presentaciones apuntaron a una serie de mensajes -posteos, reposteos y respuestas- difundidos desde la cuenta @JuezLopezMDP, donde el propio magistrado se presenta públicamente como juez federal.

El dictamen elaborado por Luis Juez será tratado en el próximo encuentro de la Comisión acusatoria y tiene como propuesta llevar al Plenario del Consejo “la apertura del procedimiento de remoción” del juez, su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y la suspensión en su cargo. Según plantea el escrito del senador cordobés, López “utilizó su perfil de la red social ‘X’ a efectos de realizar diversas publicaciones (...), en los que se configura un patrón de hostilidad -en forma reiterativa- hacia la comunidad judía e Israel”.

Dicho planteo parte de la definición elaborada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), organismo integrado por 35 Estados -entre ellos la República Argentina- creado con el objetivo de promover la memoria y la educación sobre el Holocausto, y adoptada como una herramienta jurídicamente no vinculante. En ese marco, se recuerda que “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”, y se enumeran como ejemplos conductas tales como “pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los judíos”, formular acusaciones estereotipadas -como la supuesta conspiración judía mundial-, negar el Holocausto o sus mecanismos, “culpar a los judíos como pueblo o a Israel, como Estado, de inventar o exagerar el Holocausto”, aplicar “un doble rasero” al Estado de Israel o establecer comparaciones entre su política actual y la de los nazis.

Entre los 17 mensajes publicados en X -ex Twitter-, transcriptos en las actuaciones seguidas al juez, aparece uno fechado el 27 de febrero de 2025: “A quién son leales los judíos que residen en nuestra patria?”. Ese mismo día, y en la misma plataforma, expresó: “El Talmud es un compendio de odio anticristiano, supongo que ese libro si lo deben conocer, no?”.

En jornadas anteriores había manifestado: “Pueden dejarles sus comentarios a estos fariseos”; “Bueno judío, es Twiter y hay que abreviar”; “Otro J victimizándose, ya se les gastó de tanto usar, lo siento”. También: “En la Patria Católica Argentina no gobiernan los judíos”; “Un rabino que quiere gobernar la Argentina”; “Usarán la Tora? o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene” y “Los judíos mataron a Cristo. Fin”.

El 22 de junio de 2025 escribió: “Otro juden”, y el 3 de julio respondió: “Si, raza de víboras”. Luego, en otro posteo dijo: “En una Patria Católica, los que representan los intereses de un estado extranjero, no tienen derecho a interpelar a un Juez de la Nación”. También sostuvo: “Se creen dueños de la Argentina”.

El dictamen que interpela al magistrado incorpora a su vez un intercambio en el que un tercero escribió: “A estos miserables cerdos judíos hay que confrontarlos abiertamente y ponerlos en su sitio”. Frente a esa intervención, respondió: “Muchas gracias”.

“Las expresiones emitidas por el doctor Alfredo López no constituyen manifestaciones aisladas ni meras opiniones polémicas sobre asuntos públicos”, aseguró en su dictamen el consejero Juez, miembro de la Comisión de Acusación del Consejo, y luego agregó: “Por el contrario, configuran un patrón discursivo consistente con las formas contemporáneas de antisemitismo, tal como han sido definidas por organismos internacionales, tribunales y marcos normativos especializados”.

Además advirtió: “Su análisis exige un abordaje que contemple tanto el contenido literal de los mensajes como su contexto, su reiteración sistemática y su impacto en la esfera judicial. El volumen de publicaciones resulta particularmente significativo: las denuncias refieren a decenas de mensajes, reposteos, imágenes y comentarios discriminatorios, emitidos en forma sistemática entre febrero y junio de 2025, y con especial intensidad en fechas sensibles para la comunidad judía. A ello se suma el hecho de que muchas de las expresiones se realizaron en días y horarios laborales, desde la cuenta institucional del propio magistrado, lo que refuerza su carácter funcional.

Y concluyó: “En definitiva, no resulta aceptable que un magistrado federal, en ejercicio de su cargo, publique, promueva o legitime expresiones que niegan derechos colectivos, reproducen estereotipos antisemitas y refuerzan teorías conspirativas de raíz religiosa o racial, así como que inicie o continúe debates del estilo descripto".

El juez López fue convocado a las actuaciones para realizar su descargo y desarrollar su defensa. Allí señaló que “del relato formulado en la misma, no surge la comisión de ningún delito, razón por la cual no se formuló ninguna denuncia al respecto en su contra. Solo se trata, en consecuencia, de interpretaciones absolutamente subjetivas y descontextualizadas respecto de los intercambios realizados en las redes sociales, que de ninguna manera afectan el Servicio de Justicia ni la imparcialidad del sucripto, todo ello, habida cuenta de que no se ha expresado en relación a ninguna causa en trámite, razón por la cual no ha sido objeto de recusación alguna, y solo ha ejercido el derecho de libertad de expresión garantizado por el Art. 14 de la Constitución Nacional y Art. 75 inc. 22 que le da rango constitucional a los Tratados Internacionales de derechos humanos (...)“.

El magistrado tildó de falaces las denuncias presentadas por el Foro Argentino contra el Antisemitismo y la DAIA, y planteó que “la gravedad institucional resulta de la temeridad de que una organización que abiertamente representa los intereses de un Estado extranjero, mas no los de la totalidad de la colectividad judía, de denunciar a un magistrado argentino, que fuera oportunamente designado por concurso público y de acuerdo a todas las normas constitucionales vigentes con más de 40 años de trayectoria intachable, forzando una pose de victimización genérica y absolutamente maliciosa”.

También dijo: “ambas organizaciones denunciantes se arrogan una representación que no les fue otorgada por quienes hicieron el intercambio de opiniones en la red social ‘X’. En efecto, ninguno de ellos inició denuncia o acción legal alguna contra el suscripto. De igual manera, en forma soberbia se adjudican la interpretación falsa del ‘supuesto odio’, habida cuenta que se trata el mismo de un sentimiento íntimo, que en forma supremacista pretenden conferir a otros, sin que se pueda actuar recíprocamente por el odio que los denunciantes parecen manifestar contra el suscripto por sus creencias”.

El dictamen elaborado por el senador subrayó, con todo, que la “ausencia absoluta de autocrítica, arrepentimiento o distanciamiento respecto de las manifestaciones denunciadas constituye un elemento particularmente relevante a los fines de valorar su aptitud para continuar ejerciendo la función jurisdiccional, en tanto pone de manifiesto una persistencia en una conducta incompatible con los deberes de prudencia, mesura y decoro que el ordenamiento exige a los jueces de la Nación".

La decisión de avanzar hacia el Jurado de Enjuiciamiento figuró en el orden del día del pasado miércoles. Durante la reunión de la Comisión acusatoria, el diputado Rodolfo Tailhade solicitó la postergación del tratamiento tras manifestar que, si bien consideraba grave el caso, no estaba convencido de que correspondiera el juicio político y entendía que debía evaluarse la posibilidad de una sanción disciplinaria menor en la Comisión de Disciplina. Los consejeros acordaron diferir la definición para la próxima reunión, cuya fecha fijará el presidente de ese cuerpo, Alberto Maques. Tras la postergación, Luis Juez confirmó a Infobae que insistirá con su dictamen para que el expediente sea elevado al plenario del Consejo de la Magistratura.

Si la Comisión aprueba la acusación, el expediente será remitido al plenario. De reunir la mayoría requerida, se formalizará la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, órgano encargado de decidir la eventual destitución y que puede disponer la suspensión mientras dure el proceso.