La acusación contra el exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, expuso lo que para los fiscales sería una compleja ingeniería financiera montada para legalizar ingresos ilícitos. El requerimiento presentado por la Unidad Fiscal Rosario, junto a la PROCELAC y la PROCUNAR, describe en detalle cómo el magistrado habría utilizado supuestos alquileres de propiedades en la Patagonia para blanquear coimas y usado su juzgado para liberar fondos millonarios de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios en presunto beneficio de sus socios comerciales.
Ante la gravedad de los elementos expuestos y la conexión operativa entre los distintos hechos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la unificación de todas las investigaciones —la extorsión a empresarios, el lavado de activos y el encubrimiento al narcotráfico— en un único juicio oral que exponga lo que la fiscalía denomina una “corrupción estructural” en el fuero federal.
Alquileres bajo sospecha
Uno de los puntos clave de la acusación se centra en el mecanismo que habría utilizado Bailaque para ingresar el dinero de la corrupción al circuito legal. Los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari sostienen que el juez no solo recibía sobres con efectivo, sino que habría establecido un flujo de pagos mensual sistematizado bajo apariencia de legalidad.
La investigación indica que, entre enero de 2019 y enero de 2025, Bailaque recibió transferencias por un total de 5.719.194 pesos provenientes de la mutual “Siempre Joven”, vinculada al empresario Fernando Whpei. Para justificar estos ingresos ante la AFIP y el Consejo de la Magistratura, el juez presentó un contrato de locación de un inmueble de su propiedad situado en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
Para los investigadores, estos “alquileres” funcionaron en realidad como una pantalla legal de los retornos que recibía por los favores judiciales concedidos desde su despacho en el Juzgado Federal N°4. Esta presunta maniobra de lavado de activos habría permitido que los fondos ingresaran a su patrimonio como dinero blanco, declarado y bancarizado.
El caso de la Cooperativa
Otro eje central de la presentación fiscal es el de mayor volumen económico. Se le imputa a Bailaque haber intervenido directamente en la causa de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín para presuntamente beneficiar financieramente al grupo económico de Whpei.
Según se desprende del dictamen, en diciembre de 2020 y abril de 2021, el magistrado firmó decretos para desbloquear plazos fijos que la Cooperativa tenía congelados en los bancos Macro, Coinag y Galicia. La maniobra se realizó en dos tramos: primero se liberaron 150 millones de pesos y luego otros mil millones.
La hipótesis fiscal apunta a que la condición para este desbloqueo era precisa: el dinero debía ser utilizado para operar financieramente con el “Grupo Unión SA” y con la “Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales”, ambas entidades referenciadas en el mismo empresario socio del juez. De esta manera, Bailaque habría utilizado su firma para direccionar un flujo de 1.150 millones de pesos hacia las financieras amigas. Por este hecho específico, la fiscalía sumó un pedido de pena de 2 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.
Unificación de causas
Además de la trama financiera y las supuestas extorsiones a los empresarios del Grupo San Cristóbal —por las que se pidieron 10 años de prisión—, los fiscales Diego Iglesias (PROCUNAR) y Matías Scilabra solicitaron que en el mismo debate se trate la protección que Bailaque le habría brindado al capo narco Esteban Lindor Alvarado.
Esta acusación sostiene que el juez habría paralizado deliberadamente la investigación contra Alvarado entre 2013 y 2015, rechazando medidas de prueba claves y favoreciendo al contador Gabriel Mizzau, señalado como amigo personal del juez y cerebro contable de la banda criminal.
El rol de la familia
El círculo de la acusación se cierra con el entorno íntimo del exmagistrado. La fiscalía ratificó el pedido de 4 años y 6 meses de prisión para su esposa, Graciela Martínez Maulion. Se la acusa de presuntas maniobras de blanqueo de dinero de las extorsiones mediante la compra de un lote en el barrio cerrado “Vida” de Funes.
La operación se realizó pagando 70.000 dólares en efectivo —un valor que la fiscalía considera muy por debajo del mercado— mediante un contrato de cesión de derechos. Para la acusación, esta fue otra maniobra típica para evitar los controles antilavado, por lo que han solicitado el decomiso tanto del lote en el barrio privado como del inmueble en Caleta Olivia.
Últimas Noticias
Tips jurídicos: ¿es necesaria una Justicia para la salud?
Los avances tecnológicos, la prolongación en la esperanza de vida, la baja de natalidad e incluso la pandemia ha cambiado el mundo. El Derecho de la Salud se presenta como una rama autónoma: mientras en Argentina se habla de nuevos juzgados, ¿debería haber tribunales especializados en Salud?
Viajaba en colectivo desde la playa Bristol y una frenada brusca la hizo caer: la Justicia fijó una indemnización millonaria
La Cámara Civil revocó la sentencia de primera instancia y condenó a la empresa de transportes y a su aseguradora a pagar más de veinte millones de pesos a una pasajera que resultó lesionada en Mar del Plata
Un consorcio de propietarios deberá indemnizar a una joven por un accidente en un ascensor
La Cámara Civil confirmó la responsabilidad del consorcio y elevó el monto de la reparación económica. El tribunal contempló tanto la incapacidad sobreviniente como el daño moral derivados del incidente ocurrido en 2017 en un edificio de Villa Crespo
Perdió un juicio, demandó a su abogada y volvió a perder en los tribunales
Un juez rechazó el pedido de indemnización de un hombre contra su representante legal por supuestos perjuicios durante la gestión de su beneficio jubilatorio. Además, deberá hacerse cargo de todos los gastos del proceso
Régimen Penal Juvenil: más allá de la edad, qué dice la “letra chica” del texto aprobado en Diputados
Cómo funcionarán las condenas máximas, la extinción de la acción penal y el presupuesto asignado. Fija un plazo de 180 días para la implementación del nuevo sistema
