El Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó este lunes un intento de la defensa del ex directivo de Cammesa, Luis Alberto Beuret, para evitar el banquillo de los acusados alegando problemas de salud mental. Los jueces desestimaron el pedido de suspensión del juicio y ordenaron que el ex funcionario se presente mañana mismo, 10 de febrero, para prestar declaración indagatoria.
La decisión fue adoptada por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Néstor Guillermo Costabel en el marco de la causa por las irregularidades en la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur (2006-2008), el primer expediente de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht que llegó a la etapa de debate oral en Argentina.
La batalla por la “capacidad” y el rol de la UIF
La defensa de Beuret había invocado el artículo 77 del Código Procesal Penal, argumentando una “incapacidad sobreviniente”. Según sus abogados y familiares, el acusado de 79 años padecía un cuadro compatible con “demencia tipo Alzheimer”, lo que le impediría comprender la criminalidad de sus actos y ejercer su derecho a defensa.
Sin embargo, el Cuerpo Médico Forense (CMF) echó por tierra esa versión. Los peritos oficiales concluyeron que Beuret se encuentra “vigil, lúcido, orientado en tiempo y espacio”, con memoria conservada y aptitud para estar en juicio, más allá de un deterioro cognitivo leve y una hipoacusia propia de la edad.
Un actor clave para frenar la maniobra defensiva fue la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo antilavado, que actúa como querellante en la causa, se opuso firmemente a la suspensión del proceso. En sintonía con el fiscal general Abel Córdoba, la UIF sostuvo que las afecciones de Beuret no eran suficientes para declararlo inimputable y exigió que el juicio continúe.
El Tribunal validó esta postura: “La capacidad de estar en juicio no exige la indemnidad psíquica absoluta”, señalaron los jueces, aunque ordenaron que el acusado cuente con asistencia del programa ADAJUS (para personas con discapacidad) para garantizar que escuche y entienda todo lo que ocurra en la audiencia de mañana.
Un “negocio enderezado” a Odebrecht
La causa que tiene a Beuret en el banquillo fue elevada a juicio oral en junio de 2019 por el juez federal Daniel Rafecas. Se trató de la primera investigación sobre delitos de corrupción de la era kirchnerista vinculados al gigante brasileño que logró superar la etapa de instrucción.
La hipótesis que Rafecas dio por probada es contundente: todo el proceso licitatorio estuvo “enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio directamente a Odebrecht”, una conclusión que luego fue avalada por la Cámara Federal.
Según la investigación, el ex ministro de Planificación Julio De Vido creó el marco normativo necesario para eludir los controles habituales. En lugar de que las obras las realizaran las empresas licenciatarias privadas (TGN y TGS), como se hacía históricamente, “se realizaron a través de la firma mixta Cammesa”.
Esta maniobra permitió que Cammesa, dirigida por funcionarios leales, le adjudicara “todo el negocio a una sola firma: Odebrecht” en un proceso sospechado de nulidad absoluta.
La lista de los acusados
El juicio busca determinar la responsabilidad penal por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Además de Beuret, en el banquillo de los acusados se encuentran los máximos responsables de la política energética del kirchnerismo:
- Julio De Vido (Ex ministro de Planificación Federal).
- Daniel Cameron (Ex secretario de Energía).
- Bautista Marcheschi (Ex subsecretario de Energía Eléctrica).
- Cristián Folgar (Ex subsecretario de Combustibles).
- Julio Armando Bragulat (Responsable de Cammesa junto a Beuret).
Para la Justicia, existió un “apreciable desvío de poder” por parte de todos estos funcionarios. La maniobra se habría formalizado el 6 de diciembre de 2006, fecha en la que se suscribió el contrato entre la firma mixta Cammesa S.A. y Odebrecht, sellando el ingreso de la constructora brasileña a la obra pública nacional mediante un esquema de contratación privada y dirigida.
Cabe destacar que este juicio abarca específicamente el período fáctico de la adjudicación de la obra de infraestructura y la presunta maniobra legal para favorecer a la empresa, aunque en esta etapa no se juzga si existieron sobreprecios, aspecto que formó parte de otras líneas investigativas del escándalo Lava Jato.
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