Al cumplirse cuarenta años del inicio del debate oral conocido como “Juicio a las Juntas”, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, partícipe de ese proceso en calidad de juez, evocó este martes el aniversario del evento judicial que, según consideró, marcó un punto de inflexión en la historia institucional argentina. “Me siento muy honrado por la oportunidad histórica de haber podido integrar el Tribunal que llevó adelante el juicio a las juntas militares”, afirmó el excamarista, para quien “la respuesta de la democracia frente a la barbarie de los delitos cometidos” durante la última dictadura fue la de “Verdad y Justicia”.
Las audiencias públicas de la “Causa 13/84″, que llevó al banquillo de los acusados a los militares que integraron la cúpula del poder durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, comenzaron el 22 de abril de 1985 en el Palacio de Justicia de la Nación. Para Gil Lavedra, ese acontecimiento tuvo lugar gracias a la “decisión audaz” del entonces presidente Raúl Alfonsín, quien permitió que “la democracia naciera abrazada al imperio de la ley, a los derechos humanos, al principio de no impunidad para los poderosos”.
El titular de la entidad que nuclea a los abogados porteños subrayó en declaraciones radiales que el consenso social contra la violencia política y las dictaduras “se gestó en esos primeros años de la democracia y aún subsiste, aunque con algunas abolladuras”. En ese sentido, mencionó el impacto decisivo del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y del juicio mismo como símbolos del repudio social a los crímenes cometidos durante la dictadura: “Verdad y Justicia se alzaron como la respuesta de la democracia frente a la barbarie de los delitos cometidos en secreto”, aseveró.
Por otro lado, el exdiputado nacional destacó la serie de decisiones institucionales que hicieron posible el juzgamiento de los comandantes de las tres juntas, desde el Decreto Nº 158/83 firmado por Alfonsín hasta la modificación de la estrategia judicial por parte del Congreso, que permitió que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal asumiera el caso. Además, valoró el rol del informe “Nunca Más" y de la Fiscalía como elementos fundamentales para avanzar en el proceso contra los represores.
En esa línea, “la notable tarea de la Cámara para realizar en un tiempo increíble, sólo 14 meses, un juicio de un volumen y complejidad extraordinaria”, fue otro de los puntos destacados en la entrevista. El tribunal estuvo integrado por seis jueces: Jorge Torlasco, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma, Andrés J. D’Alessio y el propio Gil Lavedra. Por su parte, la acusación estuvo a cargo del fiscal Julio César Strassera, con la colaboración de Luis Moreno Ocampo.
Tras largas jornadas testimoniales, el juicio finalizó 9 de diciembre de 1985 con la condena a prisión de cinco excomandantes. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera recibieron reclusión perpetua; Roberto Viola, 17 años de cárcel; Armando Lambruschini, 8 años; y Orlando Agosti, 4 años y medio. En tanto, los militares Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya resultaron absueltos.
La resolución firmada por la unanimidad de la Cámara porteña estableció que las Juntas a cargo del gobierno de facto elaboraron y pusieron en práctica un sistema represivo ilegal basado en secuestros, torturas y homicidios.
Bajo ese marco, Gil Lavedra recordó con afecto a sus colegas fallecidos Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco, y reconoció la labor de Strassera en su rol acusatorio: “Ha quedado para siempre como el paradigma de un fiscal”. Señaló también el “inusual espíritu de cooperación y trabajo en equipo de todos los jueces”, marcado por la complejidad del caso.
El titular del CPACF reivindicó el consenso democrático que emergió del juicio y rechazó los intentos por relativizar los crímenes de la dictadura. “Han pasado nada menos que cuarenta años desde ese juicio, los argentinos y argentinas hemos pasado por muchas vicisitudes, pero el principio de la soberanía popular, la condena a la violencia y el respeto a los derechos humanos permanece incólume”, advirtió el ex magistrado.
Luego, concluyó: “Nadie duda hoy que el secuestro, la tortura, la violación a las mujeres, la apropiación de bienes y de criaturas, y el asesinato clandestino no son acciones de guerra, sino crímenes aberrantes a los que se debe aplicar la ley”.