
La Cámara Federal de Casación Penal comenzará la semana que viene a revisar la condena de tres años de prisión al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por la manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante el último semestre del 2007.
Fuentes judiciales señalaron a Infobae que la Sala II de Casación convocó a una audiencia el próximo miércoles en los tribunales de Comodoro Py. Las partes deben optar por una audiencia oral para exponer sus argumentos o por escrito.
Luego de eso, los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci quedarán en condiciones de resolver el caso.
El Tribunal Oral Federal 2 condenó en agosto del año pasado a Moreno, hoy titular del partido político “Principios y Valores” y ex candidato a presidente de la Nación en 2023, a tres años de prisión y a seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. También fue condenada Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precio de Consumo, a tres años de prisión condicional y a seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos y fueron absueltas las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, las otras acusadas que tuvo el caso.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel encontraron culpable a Moreno de los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski habían pedido en sus alegatos que el ex funcionario sea condenado a cuatro años de prisión y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica.
Tras la condena, las partes apelaron. La Fiscalía insistió con su postura y para que se revoquen las absoluciones. Y las defensas de los condenados para que sean desvinculados del caso. Todo eso llegó a Casación que desde la semana que viene comenzará a tratar el caso.
El del INDEC es el caso penal más emblemático que tiene Moreno y uno de los hechos políticos más salientes de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner por la manipulación de los índices de inflación.
Cuando Moreno declaró en el juicio oral contó cómo llegó a la Secretaría de Comercio. Relató que era la Semana Santa de 2006 y que el entonces presidente Néstor Kirchner lo llamó a su despacho de urgencia. Cuando llegó le preguntó si Diego “Cholo” Simeone, que era el técnico del Atlético Madrid, tenía que volver a Racing. “¿Esa era la urgencia?”, le preguntó Moreno además de contestarle que Simeone tenía que volver.

Kirchner le dijo que le pedía la renuncia como secretario de Comunicación para nombrarlo al frente de Comercio Interior. Como entonces el área tenía otro nombre Moreno recordó que le dijo que aceptaba si le cambiaba el nombre. “Hacé lo que quieras”, le contestó Kirchner.
En la audiencia, el fiscal Luciani le preguntó a Moreno por su libro En defensa del modelo. El fiscal le dijo que allí relata que Kirchner le pidió que la inflación baja al 11% anual y que después le pidió el 10%. Luciani le preguntó cómo iba a lograr eso. “Administrando comercio. No es lo mismo conversar los precios que no. Nosotros aplicamos una escuela de conversación de precios que hace bajar la inflación”, contestó Moreno.
Para pedir la condena, la Fiscalía había señalado en su alegato que “a martillazos bajaban los índices”. “La inflación no tenía que pasar el 10 por ciento y lo lograban mintiendo”, sostuvo Luciani. Y agregó: “Moreno, a través de la introducción de Paglieri, había logrado llegar a toda la información confidencial que le estaba vedada”.
El del INDEC fue el cuarto juicio oral que afrontó Moreno y el tercero en el que fue condenado . En octubre del 2017 recibió una pena de dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente”.
Y en julio del 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿Casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de esas condenas está firme, ya que fueron apeladas y, por lo tanto, no se ejecutaron.
En tanto, fue absuelto en diciembre del 2021 por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013 de la que participó en representación del Estado junto con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
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