La justicia nacional advirtió al Servicio Penitenciario Federal (SPF) por “un procedimiento administrativo irregular” en la asignación de trabajo a los internos. Lo hizo en el caso de dos presos de la cárcel de Devoto que denunciaron que eran salteados del listado para tener trabajo cuando les llegaba su turno. El hecho fue reconocido por las autoridades penitenciarias que se comprometieron a trabajar en un protocolo.
Pero además desde la semana pasada le asignaron trabajo a los dos internos que iniciaron un habeas corpus en la justicia y que estuvo a cargo del juez de instrucción Martín Yadarola que tras allanar la cárcel de Devoto le ordenó al SPF, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, ordenó “evitar la designación discrecional de asignaciones que, en definitiva, generan reclamos constantes por parte de los internos de esa unidad penitenciaria”.
El caso es de dos presos que denunciaron que se inscribieron en la lista de la unidad para tener trabajo. Según relataron se trata de un orden de prelación que a medida que se generan cupos se va ascendiendo en la lista hasta conseguir un empleo dentro de la cárcel. Sin embargo, nunca les informaron con claridad en qué lugar de la lista estaban y advirtieron que otros internos que se anotaron después habían conseguido trabajo.
El juez Yadarola pidió documentación al SPF y a principios de noviembre allanó la cárcel de Devoto. “No se respetó el orden de prelación señalado al Tribunal por la autoridad penitenciaria como parámetro objetivo en pos de evitar -precisamente- problemáticas como la que motivara la queja a resolver”, sostuvo el magistrado en su resolución a la que accedió Infobae.
También que “a la fecha de apertura del Legajo Laboral, ambos reclamantes fueron relegados de acuerdo al puesto que ocupaban, según cada caso, asignándose trabajo a pretendientes que habían solicitado la asignación en fechas posteriores”.
De la información de la causa, la justicia concluyó que en uno de los casos el interno estaba en el puesto 32 de la lista, eso era cuatro lugares más atrás de lo que le correspondía, “sin explicación alguna por parte de la autoridad penitenciaria”. “A su vez, no solo fue modificado su orden de prelación sin respetar la taxatividad de la misma, sino que en al menos seis oportunidades se asignó trabajo a internos que contaban con una fecha de inicio de trámite posterior”, explicó la resolución.
En el segundo caso se detectó que se le asignó trabajo a 39 internos que se habían anotado en la lista después que él.
Con toda la información, el juez Yadarola convocó a una audiencia con las autoridades del SPF, con la Procuración Penitenciaria de la Nación -el organismo que vela por los derechos de los presos- con la defensa oficial de los dos internos y con la Fiscalía de la causa.
Desde el SPF señalaron que la gestión anterior había dado de baja el “Plan Criminológico” que era el protocolo para la asignación de trabajo y que actualmente están trabajando en uno nuevo. También reconocieron el error en la asignación de trabajo de los dos internos en base a la falta de un parámetro claro.
El juez intimó al SPF a que en 48 horas se le de trabajo a los internos, lo que el SPF cumplió e informó que desde el viernes pasado ya le habían asignado las tareas.
“Ha quedado latente la existencia de un procedimiento administrativo irregular por parte de las autoridades del área de trabajo del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, que traería aparejados conflictos con la asignación de cupos laborales, situación sobre la cual, si bien se encuentra en curso de subsanación a través del dictado de normativas internas, debe avanzarse eficazmente a fin de evitar la designación discrecional de asignaciones que, en definitiva, generan reclamos constantes por parte de los internos de esa unidad penitenciaria”, concluyó el magistrado en su resolución.
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