Córdoba empezó a usar prácticas de Justicia Restaurativa y advierten un fuerte impacto en la reincidencia

En los tribunales se está hablando cada vez más de Justicia Restaurativa. Utilizadas en un principio con adolescentes, ahora estas prácticas dieron el salto hacia causas penales con imputados adultos. El Poder Judicial de Córdoba fue el último en incorporarlas formalmente en noviembre, luego de un año de pruebas piloto en el que hubo un notable cambio en las tasas de reincidencia entre quienes atravesaron estos procesos de diálogo, reflexión y resarcimiento de los daños causados a la víctima. La metodología nació en Lomas de Zamora, departamento judicial con uno de los índices delictivos más altos de la Provincia de Buenos Aires, y en poco tiempo se posicionó como una sólida alternativa para resolver conflictos y reparar a todas las partes, algo que muchas veces no se logra con un juicio y una pena; un enfoque que condena, pero casi nunca pacifica.

Para esto, el Tribunal Superior de Justicia cordobés creó la Oficina de Medidas Adecuadas (OMA), encargada de aplicar los métodos restaurativos. En esta primera etapa, priorizarán a quienes no tengan antecedentes y enfrenten causas por: delitos contra la propiedad (robos y hurtos simples, con violencia leve), resistencia o desobediencia a la autoridad, encubrimientos, daños, usurpaciones, estafas simples, conflictos vecinales, lesiones leves o peleas callejeras, entre otros.

Los casos pueden ser derivados a la OMA ya sea por encuadrarse en un perfil aplicable luego de una detención en flagrancia, o bien a partir de un pedido de la defensa, para evitar el avance del proceso penal. Si la fiscalía acepta que se intente resolver el expediente con Justicia Restaurativa, quien tiene la última palabra es la víctima, que llevará un papel central en este método voluntario de diálogo.

Es entonces que entra en juego la figura del “facilitador”, que a diferencia del trabajo que hace un mediador en una audiencia, este no tiene una postura enteramente neutral. El primer paso es conocer los deseos y necesidades del damnificado: qué se puede hacer para que el detenido arregle el daño que hizo.

El alcance y las condiciones de un eventual acuerdo pueden ser de lo más variados según cada caso. En un hipotético hecho de robo de un celular que se dañó durante el asalto, el imputado puede comprometerse a devolver el dinero en cuotas, por ejemplo. Y a esto sumarle compromisos integrales de no repetición de sus conductas.

Los arreglos siempre van más allá de lo material. “En muchas ocasiones esos intereses no se relacionan solo con reparaciones económicas, sino más bien con reparaciones simbólicas. Buscan que la persona ofensora reflexione sobre lo que pasó, sobre los daños provocados. Valoran y aceptan las disculpas a las que se arriba”, explicó en diálogo con Infobae la jueza de Paz Ileana Oliva, que además es coordinadora del Programa de Facilitadores Judiciales de Córdoba.

Una vez que todas las partes alcanzan un consenso, se firma el trato. El objetivo de la OMA es que todo el proceso de diálogo no se extienda por más de dos semanas. Se establece un período de seguimiento que, al finalizar, completará el círculo restaurativo con un informe que el facilitador debe elevar a la fiscalía para comunicar si el imputado cumplió o no con lo acordado.

Si en ese tiempo el infractor honró los pedidos de la víctima y no volvió a delinquir, la causa se archiva y así se evita el avance del proceso penal. Esto quiere decir que los hechos tampoco quedarán entre sus antecedentes.

En un año de prueba piloto, en Córdoba capital se resolvieron 82 casos con prácticas restaurativas, según detallaron fuentes oficiales. Todos cumplieron con lo pactado y no volvieron a delinquir. Solamente un imputado que había comenzado el proceso infringió la ley mientras estaba tramitando el acuerdo, por lo que quedó anulada la instancia de diálogo y su causa siguió por las vías habituales.

“El círculo restaurativo es eminentemente pedagógico, esto es crucial, por ello es el grado de efectividad que tiene, porque se trabaja con las personas auténticamente en la responsabilidad de las infracciones, y se apunta al origen del conflicto”, sostuvo la jueza Oliva.

Del proceso de diálogo surgen problemáticas subyacentes al delito en sí, como las adicciones o la falta de empleo. Para esto, la Oficina de Medidas Adecuadas articula con otros organismos con los que se pueda garantizar el acceso a programas educativos o de rehabilitación, bolsas de trabajo, o cualquier otro espacio que pueda ayudar a evitar la reincidencia.

Según la magistrada, de esta manera las víctimas “pueden ser protagonistas de las soluciones”, a diferencia del enfoque clásico. Estas prácticas son, para Oliva, “herramientas para encarar más efectivamente la gestión de los conflictos que pasan por nuestras manos”. “Sin salirse de los roles constitucionales, debemos ejercitar más nuestras habilidades blandas, el pensamiento lateral”, reflexionó acerca del rol de los operadores jurídicos.

Eduardo Germán Bauché es jefe de los defensores públicos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Es, además, el principal experto en la materia que tiene el país.

Desde el Ministerio Público, en acuerdo con los fiscales, plantó la semilla de las prácticas restaurativas en 2003, y recién hace dos años empezaron a aplicarlas sostenidamente con mayores de edad ante estos tribunales del conurbano bonaerense.

A poco de su retiro del Poder Judicial, Bauché decidió avocarse de lleno a la divulgación -a nivel local e internacional- de la Justicia Restaurativa. Conversó con Infobae mientras viajaba a Mar del Plata para dar una charla sobre el tema: “Los programas más desarrollados son los de Canadá, Países Bajos y Lomas de Zamora”, bromeó al empezar la entrevista. El dato lleva su cuota de realidad: el tema no está instalado a nivel nacional y en el país no hay otro ámbito del Poder Judicial que tenga tan aceitado su sistema.

Los años de experiencias restaurativas en este Departamento dan cuenta de la potencialidad de la metodología. Según estadísticas del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, la tasa de reincidencia entre quienes atraviesan procesos comunes ronda el 60%. Mientras que solo el 8% de quienes resuelven conflictos a través del diálogo vuelven al delito.

“La Justicia Restaurativa es mucho más amplia que la cuestión penal, es una filosofía para pacificar conflictos”, definió Bauché. A diferencia de Córdoba, en Lomas de Zamora se puede aplicar en cualquier tipo de causa, desde cuestiones familiares con múltiples denuncias cruzadas hasta los delitos más graves, como homicidios. Aunque para estos el canal de diálogo no tiene como fin archivar el expediente, puede ser considerado por un juez para futuros beneficios sobre el cumplimiento de la pena.

Bauché tomó como ejemplo un caso reciente: “Una madre, cuyo hijo lo mató un amigo, nos pidió hacerlo porque no le importaba lo que haga la Justicia con él, ella quería saber por qué lo mató, quería hablar con él”. El proceso se llevó adelante positivamente. Para el defensor, hasta en los hechos más extremos se pueden “sanar las heridas y llevarse una razón para pacificar el asunto”.

A pesar de su efectividad, las prácticas todavía encuentran resistencia para ser adoptadas como una política estandarizada, con personal capacitado para implementarlas. “Sucede que estos métodos buscan enseñarle a la gente cómo autocomponer sus conflictos. Eso le quita poder de decisión a los jueces, entonces ahí hay algo que hace ruido. En el Poder Judicial sigue habiendo un autoritarismo importante, y chocamos contra eso. Pero tenemos claro que los operadores del servicio de Justicia saben que el sistema está en crisis, y que los resultados en distintos ámbitos, entre ellos el penal, son muy escasos”, ahondó Bauché en este sentido.

Otra figura que desarrollaron en Lomas de Zamora es el “año tutelar”, período en el cual se hace un seguimiento de la persona imputada. Al igual que en Córdoba, todo quedará anulado si reaparecen las conductas delictivas. Bauché explicó cómo aprovechan esa etapa: “Llevamos a los jóvenes condenados y con libertad a la Universidad Nacional de Lanús, para que interactúen con estudiantes en talleres y espacios de intercambio de ideas, es una experiencia espectacular para ambas partes”, contó.

Y completó: “En general trabajamos con jóvenes que no han tenido oportunidades ni cariño. Cuando llegan a nosotros hay que usar ese momento posterior a haber causado un daño para transmitirle cosas que le impacten positivamente en su vida. Es un momento donde no necesitan más golpes ni castigos, sino un espacio para reflexionar sobre la esperanza, donde puedan pensar en otra forma de vida y cambiar sus hábitos”.

El proceso restaurativo en Lomas de Zamora consta de cuatro etapas: el diálogo guiado por el facilitador -donde se da respuestas y se pide disculpas a la víctima-, la responsabilización por el hecho, el acuerdo para resarcir los daños, y por último, el compromiso de no reiterancia.

Para Bauché está demostrado que “el modelo adversarial no tiene buenos resultados en los jóvenes”, porque “es una disputa técnica entre fiscales, defensores y jueces, que deja al implicado afuera”. De allí la necesidad que ven tanto él como otros especialistas en replicar estos modelos en a lo largo y ancho del país.

Carla Di Tomaso es experta en Justicia Restaurativa y ejerció como facilitadora en el Poder Judicial de Santa Fe, donde la implementación de estas prácticas está contemplada en el nuevo Código Procesal Penal Juvenil. Con mayores de edad solo hubo experiencias aisladas.

Una de ellas, recordó Di Tomaso, permitió resolver “en diez minutos” lo que de otra forma hubiera implicado el desarrollo dos causas paralelas. “En Santa Fe, solo por una denuncia por violencia de género, a los conductores de colectivo o taxi se les inhabilita el carnet. Una mujer denunció por acoso al chofer de una línea municipal, padre de dos hijos, casado”, contó.

Cuando la investigación empezó a correr, la presunta víctima reconoció que había mentido. Y presentar una denuncia falsa también es un delito. “Con el fiscal lo que decidimos fue hacer un acuerdo restaurativo y reparatorio. Se pudieron pedir disculpas y el chofer recuperó el trabajo. La causa se archivó, y la Justicia se ahorró dos procesos que habrían demandado muchos recursos, tiempo y el sacrificio de los involucrados”, valoró Di Tomaso.

Según esta especialista, todavía existe una barrera que necesita derribar la Justicia Restaurativa: el prejuicio de la impunidad para el detenido. “Es todo lo contrario. No se le hace ningún favor al imputado, sino que se pone en el epicentro del tema la necesidad de la víctima. Los nuevos vientos reclaman pena de muerte por el robo de un celular, pero detrás de ese discurso hay una demagogia peligrosa. Cuando las personas se miran a la caras y quedan expuestas las emociones, se ve otra cosa. La víctima, cuando se encuentra con una realidad diferente a la suya, y el imputado, al internalizar su conducta, producen un choque del que resulta un intercambio muy fructífero”, desarrolló.

Desde su experiencia, Di Tomaso aseguró que no encontró casos donde la persona damnificada no haya concluido satisfactoriamente el proceso. “Es fundamental que se le dé este lugar a la víctima. El Poder Judicial se apropia del conflicto y hace lo suyo para resolver, y por ahí no se escucha tanto a la víctima, que termina dependiendo de un fiscal que está trabajando en mil causas al mismo tiempo”, continuó.

Y concluyó: “¿De qué le sirve a esa víctima que el imputado salga a la calle con una pena condicional? Le queda una sensación de impunidad total. Si no impulsamos esto, nos perdemos una posibilidad histórica de democratizar la Justicia, de acercarla a la sociedad. Hoy vemos tribunales fríos que están muy lejos de la gente, cuando podemos dar respuestas mucho más positivas por fuera de las prácticas clásicas”.