La Corte Suprema se encamina a ratificar el juicio oral a Cristina Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaría esta semana los recursos presentados por Cristina Kirchner en el expediente que investiga lavado de dinero en el caso conocido como Hotesur-Los Sauces y, de esta manera, la expresidenta podría afrontar en 2025 tres juicios orales en su contra.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimarían, según adelantaron fuentes judiciales a Infobae, la queja de Cristina Kirchner contra el fallo de la Cámara de Casación que anuló su sobreseimiento en el caso. Será la última decisión del tribunal con cuatro integrantes, ya que Maqueda se jubilará a fin de año.

La causa se centra en presuntas operaciones ilícitas a través de las empresas Hotesur y Los Sauces, vinculadas a la familia Kirchner, que habrían sido utilizadas para canalizar fondos provenientes de empresarios como Lázaro Báez quienes se beneficiaron con contratos de obra pública durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Los alquileres de propiedades fueron el mecanismo investigado por la Justicia.

Según las investigaciones, los alquileres de propiedades habrían sido una pantalla para recibir dinero a cambio de favores políticos. Tanto Cristina como Máximo Kirchner figuran como principales acusados.

Los fiscales y jueces han señalado patrones similares a otros casos de corrupción asociados a la obra pública, y detallaron cómo estos fondos no tendrían una justificación económica genuina y sí fuertes vínculos con empresarios cercanos a los Kirchner.

La hipótesis es que Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos justificados como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de la ciudad patagónica de Calafate como contraprestación por haber recibido suntuosos contratos para hacer obra pública.

En su momento, los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grumberg sobreseyeron a Cristina Kirchner, a Máximo y a los empresarios. No hubo juicio oral y público porque plantearon que era evidente que no había delito en la conducta de los Kirchner. La magistrada Adriana Palliotti votó en disidencia.

Pero el fiscal Diego Velasco apeló el fallo y el expediente lo tomó la Cámara de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quienes el 18 de diciembre del año pasado revocaron la sentencia y lo mandaron hacia el juicio oral, sin la inclusión de Florencia Kirchner, que figuraba como integrante de las sociedades. Los magistrados la quitaron de la lista de acusados porque entendieron que la hija menor del matrimonio Kirchner no tenía poder de decisión.

Tras ese fallo de Casación, Cristina Kirchner a la Corte con un recurso extraordinario, que ahora el máximo tribunal resolvería.

En caso de confirmarse la decisión de Casación, el Tribunal Oral Federal N°5, compuesto por los jueces Adriana Palliotti, Nicolás Toselli y José Michillini, sería el encargado de llevar adelante el juicio que, además de la expresidenta y su hijo, tendría a otros 24 imputados, entre ellos empresarios y ex funcionarios. Esta causa aún enfrenta retrasos porque requiere la definición de los testigos y de la fecha de inicio del debate, que probablemente se celebre el próximo año.

Los jueces Barroetaveña y Daniel Petrone afirmaron que Obligado y Grunberg no presentaron ninguna “prueba nueva” que justificara el cierre de la causa sin llevarla a juicio. Según destacaron, la norma general establece que una vez que un caso completa la etapa de instrucción y llega al tribunal oral, debe realizarse el juicio. Sin embargo, el Código Procesal Penal contempla una excepción: los jueces pueden dictar el sobreseimiento de un acusado si nuevas pruebas demuestran de manera evidente que no hubo delito o que el acusado es inocente, con el objetivo de evitar juicios innecesarios.

Pese a ello, Petrone y Barroetaveña argumentaron que este no era el caso. Señalaron que los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner basaron su decisión en dos elementos que, según ellos, no constituyen “pruebas”: los requerimientos de elevación a juicio de dos causas relacionadas, la causa Vialidad (en la que la ex vicepresidenta fue condenada) y el caso Oil Combustibles (donde los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos, y el ex funcionario Ricardo Echegaray terminó condenado). Los camaristas enfatizaron que un requerimiento de elevación a juicio es simplemente la acusación de la fiscalía, no una “prueba” en sí misma.

En el caso Hotesur y Los Sauces, el fiscal Diego Velasco, encargado de la acusación en el juicio, busca acelerar el proceso. Solicitó la incorporación de nuevas pruebas provenientes de las causas de la “Ruta del dinero K” y Vialidad. Del primer caso, pidió el entrecruzamiento de llamadas entre Cristina Kirchner y Báez -serían más de 370 comunicaciones-. Del caso Vialidad, requirió los mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas José López, el del episodio de los bolsos con dinero en el convento. Sin embargo, el inicio del juicio oral aún no tiene fecha, ya que resta completar una instrucción suplementaria y concluir algunos peritajes pendientes.

Días atrás, la Corte también despejó el camino para la realización del juicio oral contra Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, programado para 2025. El pasado 5 de diciembre rechazó por unanimidad un recurso presentado por la ex mandataria en la causa donde se la acusa de encubrimiento y abuso de autoridad. Con este fallo, quedaron confirmados los jueces que llevarán adelante el juicio: Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, cuyas recusaciones también fueron rechazadas por la Corte.

El Memorándum, firmado en 2013 durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, surgió de una reunión en Alepo, Siria, y fue revelado por el fallecido periodista Pepe Eliaschev. Este pacto secreto, relacionado con la investigación del atentado a la AMIA, incluía nueve puntos que proponían la creación de una Comisión de la Verdad para analizar el caso y permitir el interrogatorio de los iraníes sospechosos del ataque, quienes están sujetos a notificaciones rojas de Interpol.

El Congreso argentino llegó a aprobar el Memorándum con Irán, pero el fiscal Alberto Nisman denunció que se trataba de una maniobra para encubrir el atentado a la AMIA. Con base en escuchas telefónicas, afirmó que el acuerdo buscaba levantar los pedidos de captura de Interpol y favorecer a los acusados iraníes, permitiendo que dejaran de ser perseguidos.

Cuatro días después de presentar su denuncia contra la entonces presidenta, Nisman fue hallado muerto en su domicilio con un disparo en la cabeza, el 18 de enero de 2015. El pacto nunca llegó a entrar en vigencia y el 21 de diciembre de 2015 la Cámara Federal de Casación Penal declaró definitivamente su inconstitucionalidad.

Recientemente, la Corte rechazó las apelaciones de las defensas de Cristina Kirchner, Angelina Abbona, Carlos Zannini, y del actual ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, entre otros, contra la revocación de sus sobreseimientos en esta causa. Entre los acusados que enfrentarán el juicio oral también figuran Oscar Parrilli, Eduardo Alberto Zuain, Andrés Larroque, Luis Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.

Esta causa, que se encuentra en una etapa avanzada, ya completó la instrucción complementaria y admitió a los testigos que declararán durante el juicio. Aunque el proceso parecía encaminado hacia un juicio oral, Cristina Kirchner fue sobreseída previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8, que consideró que los hechos investigados no constituían delito.

Pero ese fallo fue apelado por los fiscales. Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, actuando sin la participación de la jueza Ana María Figueroa, quien dejó el tribunal, revocaron ese fallo. Ordenaron realizar los trámites necesarios para avanzar con el juicio y apartaron a los jueces del tribunal oral que habían intervenido previamente en el caso.

Frente a esta decisión, la defensa de la expresidenta presentó un recurso extraordinario para que la causa llegara a la Corte. Sin embargo, la Cámara de Casación declaró inadmisible dicho recurso y en respuesta CFK llevó un recurso de queja directamente a la Corte, que fue rechazado el pasado 5 de diciembre, allanando el camino para el juicio oral. En esta causa, los preparativos pendientes son mínimos: únicamente falta fijar la fecha de inicio para el proceso oral y público.

Simultáneamente, el Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, resolvió que el juicio oral por la causa de los “cuadernos de las coimas” comenzará el 6 de noviembre de 2025. En este proceso serán juzgados Cristina Kirchner y otros 74 imputados, entre los que se encuentran empresarios que admitieron haber pagado sobornos para mantener contratos de obra pública, así como funcionarios que reconocieron haberlos recibido.

Aunque hasta la fecha señalada pueden surgir maniobras procesales destinadas a retrasar el inicio del juicio, algunos imputados también podrían intentar esquivar el juicio oral mediante juicios abreviados o probation. Sin embargo, tanto los jueces como la fiscal Fabiana León están decididos a avanzar con las audiencias. En el marco de los preparativos para el proceso, esta semana está programado un peritaje caligráfico para determinar la autoría de los cuadernos que dieron origen a la causa.

La principal acusada es Cristina Kirchner, imputada como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones tienen su origen en los supuestos registros de Oscar Centeno, ex chofer del Ministerio de Planificación dirigido por Julio De Vido, quien habría detallado en cuadernos los viajes realizados con funcionarios para levantar sobornos pagados por empresarios.

Como parte de las medidas de prueba complementarias previas al juicio, el 19 de diciembre Centeno deberá realizar un cuerpo de escritura de su puño y letra para comparar con los textos de los cuadernos.

El juicio tendrá 626 testigos, además de otros 681 testigos adicionales propuestos por las partes, que podrían ser citados si resulta necesario. Está programado que las audiencias se realicen por Zoom, una vez por semana, los jueves. Según una estimación preliminar, el juicio podría extenderse por al menos tres años, si se consideran entre tres y cinco testigos por día, además de las indagatorias de los 75 acusados, los alegatos de las partes y las palabras finales.

La Corte también tiene previsto declarar esta semana la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en la provincia de Formosa, donde Gildo Insfrán gobierna desde 1995.

El caso surge tras la presentación de impugnaciones judiciales que argumentan que las enmiendas constitucionales provinciales que habilitan la reelección ilimitada violan principios fundamentales establecidos en la Constitución Nacional. En particular, los planteos destacan que estas modificaciones restringen el derecho de los ciudadanos a una alternancia democrática en el poder.

La Corte habría decidido tratar este tema esta semana luego de varios meses de análisis. Según fuentes cercanas al tribunal, el fallo declarará inválidas las reformas constitucionales de Formosa, estableciendo un precedente jurídico clave para todo el país.

El análisis de la Corte se basa en los principios de república y democracia representativa, que implican la necesidad de garantizar la alternancia en los cargos públicos. En las provincias involucradas, las reformas habilitaron a los gobernadores a permanecer en el poder sin límites temporales, algo que ha sido cuestionado por amplios sectores políticos y sociales.

En el caso de Formosa, la provincia modificó su Constitución en 2003, permitiendo la reelección indefinida de Insfrán, quien lleva casi tres décadas en el cargo.

El fallo se dará en un contexto político nacional marcado por debates en torno a la calidad democrática y la necesidad de fortalecer instituciones republicanas. La decisión podría tener impacto en otras provincias que cuentan con sistemas similares o buscan implementar reformas similares para extender mandatos de sus gobernadores, como Santiago del Estero.

Aunque la decisión de la Corte será vinculante, la implementación del fallo dependerá de los mecanismos institucionales y la respuesta de las provincias afectadas. Según los especialistas, el fallo sentará un precedente importante sobre los límites del poder provincial y la supremacía de la Constitución Nacional.